“Se trata de una asociación ilícita que se constituyó con el fin de defraudar al Estado”. Es un fragmento de las declaraciones del Dr. Sergio Lello Sánchez, fiscal general de Jujuy. “Y de vuelta con la Sala ésta. Ya es algo corriente, eh”, dice como queriendo sacar charla Marcelo, remis jujeño, que transita desde el Aeropuerto Gobernador Guzmán hacia San Salvador de Jujuy, ciudad capital.
Desde que Mirta Guerrero, alias “Shakira”, otrora mano derecha de la líder de la Tupaca Amaru, se acercó como “arrepentida” al Poder Judicial de Jujuy, el tema Milagro Sala deambula nuevamente por la provincia. Las declaraciones de los imputados que exponen como “colaboradores” generaron impacto en los tribunales de la provincia del norte.
Es que luego de la aparición televisiva de “Shakira”, el domingo en el programa de Jorge Lanata en El Trece, la situación judicial de la dirigente jujeña, en prisión desde el 2016, volvió a ser tema de conversación entre los jujeños.
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Mientras tanto, en AM 630, la radio que va de fondo en la Duster del remisero, siguen reproduciendo partes de la entrevista que Lello le dio al Canal 4 local. Más tarde, en un bar de la calle General Alvear, pleno centro de la urbe capitalina, el Canal provincial 7 también habla del tema: “Se amplía la causa contra Milagro Sala”, informa el graph en uno de los leds.
La clave de las declaraciones contra Sala
Por estas horas, en el Ministerio Público de la Acusación se abocó a tomar declaración a aquellos testigos que acordaron aportar información en el marco de la causa penal que investiga el presunto delito de lavado de activos.
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En ese esquema, el Dr. Diego Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública N°2, escuchó ayer a José Augusto Choque, exchofer de Sala, y a Shakira, quien realizó una ampliación, tras su primera exposición.
Las declaraciones de Shakira y Choque aportaron testimonios y material probatorio, como documentos, facsímiles y fotografías que, si la fiscalía puede probarlas, complica la situación procesal de Sala.
Mientras que Guerrero fue una de las secuaces más leales a la líder de la Tupac Amaru durante seis años, José Augusto Choque se desempeñaba como remis de confianza de Sala y su marido, Pedro Raúl Noro.
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En su exposición ante el fiscal Funes, el chofer declaró que transportó 5 millones de pesos para financiar parte de la campaña presidencial del Frente Para la Victoria, en las elecciones de 2015. Por entonces, Daniel Scioli era el candidato a presidente del oficialismo y Carlos “Chino” Zanini, a vice.
Por su parte, “Shakira” aportó precisiones en torno a los viajes al exterior que Sala y otros dirigentes de la Tupac hacían con el propósito de darle apariencia lícita al dinero obtenido desde el Estado.
A su vez, conforme consignaron a Infobae fuentes de los tribunales jujeños, Shakira también se explayó en relación con los inmuebles y las viviendas que Sala construyó con fondos públicos y le destinó a amigos y allegados a su organización política.
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Otra fuente con acceso al expediente le explicó a este medio que la Justicia busca indagar para quiénes eran esas construcciones y qué relación, concretamente, mantenían con la líder de la Tupac Amaru.
Según se desprende de las declaraciones de la ex mano derecha de Sala, los inmuebles fueron hechos para “dirigentes importantes” del entorno de la dirigente. Se trata de casas ubicadas en San Salvador y otras en zonas aledañas a la capital provincial.
Al momento de los alegatos, para conceder beneficios procesales a los “imputados colaboradores”, el Ministerio Público requiere corroborar lo declarado por parte de cada “arrepentido”. En caso contrario, se podrá considerar “falso testimonio”.
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Cabe recordar que se trata del expediente en el que se encuentran imputados Milagro Sala y 16 dirigentes y allegados a la organización provincial Tupac Amaru. La fiscalía investiga “diversas maniobras con las que los acusados presuntamente lavaron más de 200 millones de pesos”.
En tanto, la investigación por lavado de activos -conforme establece el Artículo 303 del Código Penal-, tiene como delitos precedentes de la causa “Pibes Villeros” y de la “Mega Causa”, que indaga el esquema implementado en torno a un programa de integración comunitaria.
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