Tras la reunión que el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, mantuvo con supermercadistas y representantes de cadenas de hipermercados donde les pidió garantizar el abastecimiento de productos y el cumplimiento de los acuerdos de precios, el Gobierno busca darle protagonismo a los intendentes para que pongan su estructura al servicio de la Secretaría de Comercio Interior y así fortalecer los controles sobre supermercados, con lo que se intentará reactivar una experiencia similar a la que se planeó realizar durante la gestión de Roberto Feletti y con intervención del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, aunque -reconocen desde distintos estamentos- algo descoordinada. La salida de Feletti da muestra de ello.
En el Ministerio de Economía de la Nación deslizan que durante la gestión de Mauricio Macri, la Secretaría de Comercio quedó reducida en su capacidad de control. Algo que también había advertido el ex secretario de Comercio, que se fue tras chocar con las decisiones del también ex ministro de Economía, Martín Guzmán. En la cartera que ahora conduce Silvina Batakis le explicaron a Infobae que “efectivamente”, ahora hay una coordinación en la acción a partir de un binomio que integran la propia Batakis y Scioli. Además, la designación de Martín Pollera en el área de Comercio Interior también implica “un mismo rumbo”. Y es en ese “mismo rumbo”, que se buscará articular con los intendentes. La explicación principal es que tienen la estructura para llevar adelante controles y conocen el territorio.
Asimismo, la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa en la reunión de Scioli y Pollera con los representantes de Carrefour, Cencosud, Changomás, La Anónima, Día, Toledo, y el director Ejecutivo de la Asociación Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martí, ayer advierte que además de los intendentes, el gobierno de Kicillof seguirá interviniendo en el esquema de controles.
Bajo la gestión Feletti, el gobierno bonaerense había anunciado una serie de medidas para hacer su parte en la guerra contra la inflación anunciada por el Presidente. En aquel momento -abril de este año- entre varias medidas que daba a conocer el propio Kicillof como el fortalecimiento de los Mercados Bonaerenses, la creación de 10 mercados fijos en distintos municipios o descuentos con el pago a través de Cuenta DNI, también aparecía un “programa de relevamiento y fiscalización de precios” que coordinaba el ministerio de Costa con intendentes. El mandatario avisaba que las medidas eran “paliativas”, porque la provincia carecía “de algunos instrumentos que tienen que ver con la política económica nacional”, en un tiro por elevación hacia Kulfas y Guzmán. Ya sin los ministros que llevaban adelante la gestión económica-productiva, se intentará -nuevamente- una articulación Nación, Provincia, Municipios.
Pero la realidad apura en el territorio. En la previa a conocerse el índice de inflación del INDEC para el mes de junio, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, denunció que este lunes en los mayoristas se registraba una suba del 10% en productos alimenticios y un 13% en artículos de limpieza. “Esto es una tremenda especulación, no culpo a los mayoristas pero alguien es el responsable. De la cadena de comercialización que incluye a las fábricas, los mayoristas y nosotros, alguien se mandó la picardía”, explicó este miércoles en declaraciones a Radio Provincia. Savore, que además es el vicepresidente de la Confederación General Almacenera nacional, ha mantenido algunas reuniones con Feletti y espera ser recibido por Scioli, Batakis o Pollera.
Los intendentes, del oficialismo, han hecho y siguen haciendo algunas acciones que tienen que ver con el control de precios en sus distritos. Sin embargo, no tienen poder de policía para avanzar con multas o sanciones hacia aquellos establecimientos adheridos a distintos programas como ser Precios Cuidados que no cumplan con los compromisos asumidos en el sostenimientos de precios.
Este año, en el Senado bonaerense se presentó un proyecto de ley que modifica la ley de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires y amplía el espectro de aplicación para que los intendentes tengan poder de sanción en el caso de detectar el incumplimiento de ciertos convenios. La iniciativa fue impulsada por el senador peronista, Francisco Paco Durañona. Tanto desde el PRO como desde la UCR rechazaron esta iniciativa y coincidían en que el control de precios no es la herramienta adecuada para conseguir una reducción inflacionaria.
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