La aerolínea estatal venezolana, dueña del avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza, arrastra una sanción del gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2020. En ese momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, emitió un alerta y publicó un listado con 40 aviones. La aeronave, que llegó el lunes pasado a Buenos Aires, no estaba en esa nómina porque fue adquirida por Conviasa recién en febrero de este año.
“El régimen de Maduro ha comandado aviones de Conviasa para promover su propia agenda política, incluido el traslado de funcionarios del régimen a países como Corea del Norte, Cuba e Irán”, sostuvo la OFAC hace dos años.
La sanciones no le impidieron a la aerolínea venezolana expandir sus rutas. A fines del año pasado, el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) anunció el regreso de rutas con destino a Chile, Perú y Madrid. Y reveló que sus operaciones aumentaron un 85% en 2020, lo que la convierte en una de las pocas compañías aéreas del mundo que registró algún crecimiento durante la pandemia.
La flota de la aerolínea del gobierno de Nicolás Maduro incluye 20 aviones Embraer E190, para 104 pasajeros cada uno, y dos aviones Airbus A340, con capacidad para 300 pasajeros.
Este lunes, en medio del escándalo, Irán le envió a Venezuela otro avión de Mahan Air, también sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Se trata de un Airbus A340-600 que operaba con bandera iraní usando la matrícula EP-MMI. Ahora fue rotulado con la marca de Conviasa. El vuelo inaugural se realizó ayer desde Teherán hacia la isla de Margarita, a donde llegó con 70 supuestos “operadores turísticos” e “influencers” iraníes.
El avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza, un Boeing 747-300M, pertenece a EMTRASUR, una filial de CONVIASA, y se sumó a la flota en febrero de este año como parte de un plan de la aerolínea para expandir sus operaciones de carga y correo.
El primer vuelo para EMTRASUR salió desde Irán y aterrizó en el aeropuerto de Minsk, la capital de Bielorrusia, el 11 de febrero pasado. Según se informó, trasladó medicamentos e insumos médicos para combatir el COVID-19.
Antes, la aeronave pertenecía a la empresa iraní Mahan Air. Por ese motivo, varias agencias internacionales vienen siguiendo cada uno de sus movimientos.
El 13 de mayo pasado, el avión salió desde Venezuela y aterrizó en el aeropuerto Guaraní, en la ciudad de Minga Guazú, a solo 13 kilómetros de Ciudad del Este. Al igual que en el vuelo que llegó a Ezeiza, la tripulación estaba integrada por venezolanos e iraníes. Según el manifiesto del vuelo, publicado por medios paraguayos, fueron 7 iraníes y 11 venezolanos.
Desde Paraguay, el avión voló hasta Aruba, en el Caribe, para transportar una carga de cigarrillos valuada en casi USD 755 mil. El dato llama la atención de los investigadores. “Solo en combustible se gastaron 300 mil dólares para llevar una carga de 755 mil”, alertó una fuente aeronáutica.
De los 7 iraníes que llegaron a Paraguay, apenas dos coinciden con los tripulantes del vuelo a Ezeiza: Gholamreza Ghasemi y Abdolbaset Mohammadi.
Ghasemi también fue el piloto del vuelo a Buenos Aires. Por estas horas, el Gobierno y la Justicia intentan determinar si está vinculado directamente las Fuerzas Quds y a la Guardia Revolucionaria de Irán. “Coincide con el nombre de un miembro de la Guardia Revolucionaria Iraní y administrador de la Qeshm Fars Air”, dijo ayer a la mañana el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Más tarde, aclaró que podría tratarse de un homónimo, pero la investigación sigue adelante.
La sanción de la OFAC a CONVIASA no es la única alerta que llegó desde Estados Unidos. El Gobierno de Paraguay salió a decir ayer que había avisado sobre el avión luego del sospechoso vuelo del 13 de mayo. Y en los últimos días, las autoridades argentinas recibieron alertas de inteligencias por canales no oficiales.
Pese a todos esos avisos, el avión logró despegar el miércoles pasado rumbo a Uruguay para intentar cargar combustible. ¿Por qué lo dejaron ir? Es una de las preguntas que ahora intenta responder la Justicia.
Ayer, la fiscal Cecilia Incardona inició una investigación que tiene en la mira la actuación de las autoridades argentinas. También se investigan los antecedentes del avión y de sus tripulantes. La causa está bajo secreto de sumario para resguardar todas las medidas de prueba, algunas de ellas pedidas por la DAIA.
En paralelo, el juez federal Federal Villena le ordenó a la Dirección de Migraciones que retenga el pasaporte de los cinco iraníes por otras 72 horas. Y le pidió a la PSA que informe cada movimiento del avión.
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