“El secretario adjunto de camioneros Pablo Moyano nos adelantó que la semana que viene estaríamos reuniéndonos con el Consejo Directivo de la CGT y la Unidad Piquetera. A la principal central obrera del país llevaremos el reclamo de la necesidad urgente de un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste”. Con esta declaración, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, confirmó el anuncio de Infobae: los piqueteros endurecen cada vez más su posición frente al gobierno de Alberto Fernández después de la masiva Marcha Federal que el 12 de mayo culminó con unas 150.000 personas protestando frente a la Casa Rosada.
Moyano, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, en este momento alineado a la administración central, no desalentó el encuentro con los referentes piqueteros y de partidos de izquierda. Al contrario, se mostró proclive a escuchar los reclamos de los dirigentes sociales.
Es el mismo Pablo Moyano que el jueves pasado, en Jujuy, visitó a la dirigente Milagro Sala (en prisión domiciliaria) y pidió “rever la situación de presa política” al considerar que sus condenas y detención son “consecuencia de la persecución macrista”.
En diálogo con este medio, Belliboni confirmó que, además de Moyano, la Unidad Piquetera “mantiene contactos informales con la CGT”.
Los dirigentes populares enfrentados al Gobierno ya anunciaron que realizarán una movilización el 9 de junio. Serán tres columnas que avanzarán desde las zonas Norte, Oeste y Sur del conurbano hacia el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un área que está a cargo de Juan Zabaleta.
El reclamo es similar al que impulsan desde mediados del año pasado: empleo genuino y, mientras esto no ocurre, la “universalización” de programas sociales como el Potenciar Trabajo para “todos los que lo necesiten”. Según sus cálculos, casi seis millones de personas. Los manifestantes que marcharán frente a las columnas sostendrán telas con la consigna “Por trabajo. Por salarios. Contra el hambre y la pobreza”.
Zabaleta ya se reunió seis veces con los dirigentes de la Unidad Piquetera, pero, según ellos, las negociaciones no avanzaron. El ministro tiene otra visión: se otorgaron más de tres mil emprendimientos laborales para cooperativas o microemprendimientos, se aumentó la comida que se entregan a los comedores populares, pero no se transferirá en el ingreso de más beneficiarios a Potenciar trabajo.
En esos encuentros estuvo presente, entre otros funcionarios, el secretario de la Economía Popular, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. El subsecretario del área es Daniel Menéndez, el referente de Somos Barrios de Pie. Ambas organizaciones forman parte del Frente de Todos y son los movimientos sociales más albertistas.
“Pérsico y Menéndez se han integrado al gobierno de Fernández, pero integran también organizaciones sociales, lo que se dice vulgarmente: estar a ambos lados del mostrador”, opina Belliboni sobre la doble función de los dirigentes.
—Para llamar a un paro general deben hablar con la CGT. ¿Ya lo hicieron?, le pregunto Infobae.
—Sí. Cuando concluyó la Marcha Federal desde la Plaza de Mayo ante miles de compañeros y compañeras planteamos la necesidad de un paro nacional y un plan de lucha frente al deterioro salarial, de la jubilaciones y mucho más aún de los ingresos de los compañeros con el Programa Potenciar Trabajo cuya remuneración dependen del Salario Mínimo Vital y Móvil. Con la CGT hemos tenido contactos informales y el Secretario General de Camioneros Pablo Moyano nos adelantó que la semana que viene estaríamos reuniéndonos con el consejo directivo de la CGT y la Unidad Piquetera. Allí llevaremos el reclamo de la necesidad urgente de un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste.
—¿Cree que la CGT va a llamar a un paro contra el Gobierno, de quien es aliada, al menos en su mayoría, porque ustedes lo pidan?
-La CGT y las CTA tienen la obligación de defender a los trabajadores y sus reclamos, no está para defender gobiernos. Por otro lado, crecen los reclamos de otros sectores del movimiento obrero, como el SUTNA, que ayer lanzó un paro activo con cortes de autopistas y rutas, por lo que la necesidad de un paro y un plan de lucha va a ser una exigencia de las bases obreras a las centrales sindicales. En eso apoyamos nuestra confianza y la expectativa de que los trabajadores intervengamos en esta crisis con nuestros reclamos y nuestros métodos.
—¿Cómo ve posicionada a la CGT ante la gente, ante los trabajadores, ante la sociedad?
—La CGT esta pegada a un gobierno ajustador que acuerda con el FMI el saqueo del país, lo que hace que sea arrastrada a la crisis de gobierno y no represente los intereses de los trabajadores.
—¿Qué le reclaman al gobierno?
—Nuestro reclamo es el trabajo genuino, bajo convenio y registrado. Todavía esperamos una respuesta a un plan de trabajo en obras públicas y viviendas presentado hace casi un año. Pero mientras eso no ocurra le decimos que tienen que abrir los programas sociales, que hoy están cerrados, aumentar su monto a la canasta básica y asistir integralmente a los comedores populares en la emergencia.
—¿Qué salida le ve al gobierno de Alberto Fernández?
—El Gobierno ha elegido un acuerdo con el FMI que lo lleva a chocar con las más elementales aspiraciones de los trabajadores y del pueblo en general, sin perspectivas económicas de desarrollo y con un ajuste brutal contra los ingresos de trabajadores y jubilados y se desarma ante una crisis política de su propia colisión y termina siendo una correa de transmisión de los intereses de la clase capitalista de conjunto: las empresas energéticas subsidiadas, los pulpos agroexportadores y la especulación financiera.
—¿Hasta cuándo van a seguir en la calle?
—Para los trabajadores desocupados y para los precarizados, la calle, es decir la movilización callejera, los cortes y las acciones de lucha son el instrumento de aquellos que no podemos hacer huelga o parar la producción, que es el instrumento que tienen los trabajadores ocupados. Es como preguntar hasta cuándo van a hacer huelga o paro los trabajadores: hasta obtener sus reivindicaciones.
—En el gobierno de Mauricio Macri ustedes también reclamaban frente al ministerio de Desarrollo Social. También lo hacía, con mayor o menor vehemencia, Barrios de Pie y el Evita. Ahora no lo hacen ¿Qué pasó?
—Es claro que tiene que ver con su integración al gobierno de Fernández. Han pasado a defender los intereses del gobierno ajustador fondomonetarista y no los de sus representados de los barrios.
—Explíqueme esta situación: se sientan a negociar en el ministerio de Desarrollo Social por más planes sociales, por más alimentos, y entre los funcionarios está Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento el Evita, que también recibe planes, como el Potenciar Trabajo, y desde la secretaría de la Economía Popular administra el Potenciar Trabajo.
—Emilio pérsico y Daniel Menéndez se han integrado al Gobierno, pero integran también organizaciones sociales, lo que se dice vulgarmente: estar a ambos lados del mostrador. Para nosotros resulta incompatible ambas funciones. En cuanto a los programas sociales, hay un claro favoritismo hacia el lado de las organizaciones oficialistas.
—¿Qué características tendrá la movilización del 9 de junio al ministerio de Desarrollo Social?
—La marcha del será con tres enormes caravanas del Norte, Sur y el Oeste que recorrerá varios kilómetros a pata y pulmón, atravesando la Ciudad de Buenos Aires para llegar al ministerio de Desarrollo Social. Será una jornada nacional, es decir, en las 24 provincias, que pondrá en la calle nuevamente la fuerza de la Unidad Piquetera que ya quedó demostrada en la Marcha Federal. El gobierno tiene que escuchar estos reclamos, porque si no lo hace vamos a profundizar el plan de lucha.
—¿Se refiere a los acampes?
—No lo descartamos. Lo vamos a llevar a votación en el Plenario Nacional piquetero del 13 de junio en el obelisco. Como le dije, no descartamos ninguna medida de fuerza que incluyen los cortes de ruta, de acceso y acampe porque son las medidas necesarias para empujar nuestro reclamo. El Gobierno de la Ciudad hace campaña con las movilizaciones amenazando con la represión, pero no es ese el camino para responder a los reclamos sociales y, por otro lado, cuando Juntos por el Cambio fue gobierno, tampoco pudieron evitar las acciones de lucha porque son inevitables en el marco de un ajuste salvaje contra los trabajadores.