El fiscal Pleé pidió que le aumenten la pena a Ricardo Jaime por su responsabilidad en la Tragedia de Once

El fiscal de Casación presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que se revise la decisión que le había bajado la pena al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime

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Tragedia de Once
Tragedia de Once

Raúl Pleé, fiscal ante la Cámara Federal de Casación, pidió que Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte durante los primeros seis años del kirchnerismo, sea condenado por su responsabilidad en el estrago que terminó con 51 muertos y más de 700 heridos cuando un tren chocó contra la estación de Once en febrero de 2012.

Pleé presentó un recurso extraordinario presentado para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anule la decisión tomada en abril pasado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación que había considerado a Jaime solo responsable de la administración fraudulenta que implicó el mal mantenimiento del ferrocarril Sarmiento. No lo habían hallado responsable del estrago. Y había sido absuelto por ese delito.

En abril pasado los jueces Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma -votó en disidencia- habían confirmado la pena de prisión a seis años para Jaime solo por la administración fraudulenta. Le habían reducido así dos años de pena respecto de la revisión que realizó en 2018 la misma sala de Casación -con una integración diferente- que había condenado a Jaime a la pena de ocho años de prisión.

En el año 2018 los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques habían confirmado las condenas de todos imputados en la Tragedia de Once. Y le habían aumentado la pena fijada por el Tribunal Oral Federal 2 a Jaime a quien consideraron responsable también por el estrago.

En diciembre de 2015 Jaime y otros imputados habían sido condenados por el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital. Para los integrantes del tribunal que realizó el juicio por la Tragedia de Once (Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu) Jaime había sido responsable por la administración fraudulenta que derivó en la falta de mantenimiento del ferrocarril Sarmiento. No había sido condenado por el estrago que derivó en las muertes y en los heridos.

En septiembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a todos los imputados por la Tragedia de Once pero ordenó que la de Jaime por el estrago-dictada por la Casación en 2018- debía ser revidada nuevamente. Porque faltaba el “doble conforme” que requieren las condenas. Fue por ello que se hizo la revisión que se conoció en abril pasado por la cual a Jaime le redujeron la pena. El argumento de la Casación para reducir la pena de Jaime y no considerarlo responsable por el choque en sí mismo, fue que desde julio de 2009 había dejado el cargo. Su reemplazante Juan Pablo Schiavi fue condenado y estuvo detenido hasta que pudo salir en libertad condicional.

Pero Pleé apeló la decisión de la Casación que establece que Jaime no fue culpable del choque porque se había ido de la secretaría de Transporte casi tres años antes de aquel fatídico 22 de febrero de 2012.

En el dictamen de Pleé -al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales- el fiscal señaló: ”Entiendo que esta interpretación soslaya por completo que las innumerables pruebas que se han producido a lo largo de este proceso demostraron, sin duda alguna, que la mayoría de los factores de riesgo que determinaron el gravoso evento tuvieron su origen en la falta de mantenimiento de los trenes de parte de la empresa concesionaria y en el deliberado incumplimiento por parte de los encargados de controlar o fiscalizar su cumplimiento. De modo que con su alejamiento de la función pública, sólo podría admitirse que dejó de asistirle a Ricardo Jaime el deber de garantía frente al foco de peligro “lícito” que representa toda actividad de transporte de pasajeros”.

El fsical de Casación Raúl Omar Pleé (Guille Llamos)
El fsical de Casación Raúl Omar Pleé (Guille Llamos)

Respecto de la situación de Jaime el fiscal señaló que: “Pero distinto es el caso que nos ocupa, donde el máximo encargado de velar por el mantenimiento de la fuente de peligro dentro de los niveles permitidos -previo a su renuncia al cargo-ya poseía conocimiento de que el riesgo había rebasado -en exceso- lo jurídicamente tolerado, pues surge allí, inmediatamente, la obligación de actuar para reconducirlo nuevamente hacia los niveles permitidos. La renuncia del encargado de velar por la seguridad y explotación del servicio de transporte de pasajeros, sujeta a la confianza y lealtad de un funcionario estatal de alto rango, no elimina ese estado de las cosas, sino que las agrava, y enerva la necesidad de conjurarlas adoptando las medidas más aptas para evitar la lesión a los bienes jurídicos al que se exponía la explotación del transporte ferroviario dado en concesión”.

El fiscal concluyó que: “Dicho de otro modo: los deberes de control de la fuente de peligro (insisto, lícita) recayeron dentro de la competencia del sucesor Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, pero ello no lo exime a Jaime de su posición de garante respecto a la desestabilización del foco de peligro que ya se había materializado durante su prolongada gestión, al frente de esa Secretaría, la que se estimó “irreversible” desde el punto de vista del ruinoso estado del material rodante; y sin que ello implique una atenuación en la responsabilidad penal del nombrado Schiavi, quien continuó en términos análogos con la desaprensiva conducta ilícita de su antecesor”.

Es por eso que Pleé presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se anule la absolución y se lo condene a Jaime por los dos delitos. La administración fraudulenta y el estrago. Si la Corte Suprema le diera razón al fiscal la pena de Jaime quedará fijada en ocho años de prisión. Si rechazara el recurso de Pleé la pena de Jaime será de seis años.

En tanto Jaime sigue detenido en la cárcel de Ezeiza y en abril pasado sumó otra condena por casos de corrupción: lo hallaron culpable por enriquecimiento ilícito y por defraudación contra la administración pública y cobro de coimas en la compra de trenes de rezago a España y Portugal. Y le fijaron una pena de ocho años de prisión.

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