“No. Eso no lo acepto. Olvidate”, contestó Alberto Fernández desde la quinta de Olivos. Eran cerca de las cuatro de la madrugada (de hoy), y Martín Guzmán estaba en su despacho del Ministerio de Economía revelando al Presidente la última exigencia política del Fondo Monetario Internacional (FMI).
-No voy a aceptar lo que el FMI me propone. No estoy de acuerdo-, planteó Guzmán al Jefe de Estado, cuando amanecía en Buenos Aires.
-Yo tampoco. No lo acepto-, replicó Alberto Fernández desde Olivos.
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-Dame el okey para seguir peleando nuestra postura-, insistió el ministro.
-Lo tenés. Seguí firme, Martín. La Argentina no se va a correr de ahí-, cerró el Presidente.
Con la instrucción de Alberto Fernández, el ministro de Economía regresó a su call con Julie Kozack, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental.
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“No vamos a aceptar lo que están planteando”, aseguró Guzmán a Kozack.
La directora adjunta del FMI, que responde a las órdenes directas de Kristalina Georgieva, comprendió la definición política de Guzmán. Y a los pocos minutos cortaron la comunicación.
Quedaron en hablar al mediodía. Los dos asumen que la negociación se trabó, y que el trámite parlamentario del acuerdo se postergará. El 22 de marzo hay un vencimiento por 2.800 millones de dólares, y los tiempos urgen.
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La diferencia política, hasta ahora indisoluble, está vinculada a la redacción final que tendría el Staff Agreement sobre los desembolsos que hará el FMI para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares que contrajo Mauricio Macri en 2018.
Kozack propuso una redacción -un wording- que Guzmán primero, y el presidente después, rechazaron por sus implicancias políticas e institucionales afuera y adentro del Gobierno.
Hasta ese momento, la negociación avanzaba entre Guzmán y el staff del Fondo que también estaba despierto en Washington. Vilma Ibarra habitaba en soledad la Casa Rosada para ajustar los detalles técnico-legales, y Gabriela Cerruti prepara su conferencia de prensa para anunciar -una vez por todas- que el acuerdo con respecto a las tarifas ya estaba cerrado.
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Pese a la invasión de Rusia a Ucrania, Jake Sullivan -asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos- facilitaba la negociación de la Argentina, y Kristalina Georgieva aparecía flexible a las propuestas que llegaban desde el Palacio de Hacienda. De nuevo, Sullivan había cumplido con su promesa a Jorge Arguello -embajador en DC-, y la directora gerente cumplía las instrucciones que llegaban desde el ala oeste de la Casa Blanca.
Pero todo quedó suspendido cuando un pedido del staff -por afuera del guión oficial- apareció en las negociaciones que se hacían en la madrugada de Buenos Aires y Washington. Alberto Fernández rechazó la exigencia, Guzmán aceptó la instrucción presidencial y las negociaciones quedaron suspendidas hasta al mediodía (10 AM en DC).
La discrepancia política es profunda y trabó la firma del Staff Agreement y su posterior envío a la Cámara de Diputados.
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Alberto Fernández tiene un límite interno y un desafío con la oposición política. Desde esta perspectiva, el texto del acuerdo -su wording, en términos técnicos- puede implicar un derrota parlamentaria. La exigencia del FMI sobre los desembolsos, y su traducción literal al español, complicaría el trámite parlamentario del acuerdo con el FMI.
El presidente y su ministro de Economía no tienen el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner y de La Cámpora, y Juntos por el Cambio se fracturó de hecho durante la Asamblea Legislativa. En este contexto, la aprobación legislativa del acuerdo corre peligro, y la Argentina se acerca a un nuevo default.
Alberto Fernández deseaba enviar el acuerdo a Diputados hoy a la mañana. Ahora, en Balcarce 50, aseguran que llegará al Congreso por la tarde. Sólo es una promesa política, que depende de Kristalina Georgieva.
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