Finalmente se conocieron los detalles del proyecto de ley que tiene como principal objetivo convertir los planes sociales en empleos. El autor de la iniciativa, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, señaló que se creará el programa “Un Puente al Empleo” -se convirtió en tendencias en redes-, que tiene como objetivo “transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal, y llevar alivio económico para MIPyMES”.
La norma establece facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a obra social y ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrán participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
“Un Puente al Empleo” se centra en dos beneficios principales: por un lado, propone la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por hasta 24 meses por cada empleado, considerando como tope máximo la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina tope incremental de 5 a 20 empleados.
En este esquema, durante un año el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario y accederá a la obra social y la ART y a cambio deberá capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales
Por el lado de las empresas, propone la posibilidad de rectificar la remuneración real o la fecha real de inicio de la relación laboral sin que se le puedan iniciar acciones penales por el no pago de aportes y contribuciones.
Además, podrán subsanar la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y obtendrán la cancelación de la deuda por capital e intereses y multas por falta de pago de aportes y por las relaciones laborales registradas irregularmente.
De todas formas, el proyecto, que ya ingresó a la Cámara de Diputados, señala que para no afectar a los empleados incluidos en la regularización el Estado computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta por 60 meses.
Entre las exigencias para que poder acceder a estos beneficios, las MiPyMES no podrán reducir la nómina laboral, no podrán tener ningún trabajador no registrado, ni tener ningún empleado no registrado; no podrán registrar obligaciones previsionales de pago líquidas y exigibles por seis o más períodos fiscales, teniendo la posibilidad de regularizar esta situación dentro de los 30 días de la intimación administrativa y no podrán registrar sanciones laborales que impliquen que sean incorporados en el REPSAL.
Entre los beneficios a las contribuciones patronales se establece un esquema en donde se establece la reducción de los aportes patronales para las pequeñas entre el mes uno y el 24 de 100% con la incorporación de hasta 10 trabajadores. En el caso de las medianas se divide en tramo uno de 100% de reducción para las que incorporen hasta 15 para los primeros 12 meses y baja al 85% para los segundos 12 meses. Para aquellas medianas que incorporen hasta 20 trabajadores tendrán una reducción de 85% durante los 24 meses.
“La medida busca acompañar el aumento del empleo en la salida de la pandemia: Considerando los puestos de trabajo declarados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se registra un crecimiento de 140.742 puestos de trabajo entre junio del año pasado y de este año, esto es un 1,8% de crecimiento. La construcción y la industria manufacturera son los sectores de mayor desarrollo, concentrando 2 de cada 3 de estos nuevos puestos de trabajo, lo que los hace grandes beneficiarios de esta iniciativa”, explicaron desde el entorno del presidente de la Cámara.
El proyecto completo
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