El ex presidente Mauricio Macri apeló hoy la decisión del juez López Biscayart quien se negó a frenar el sumario interno que viene realizando el Ministerio de Seguridad para recolectar información sobre el supuesto contrabando de armas a Bolivia. La defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, argumenta que la investigación administrativa no puede ser controlada por las partes y que los agentes de Gendarmería o de la Aduana involucrados deberían declarar directamente ante el juez.
“Es voluntad expresa del Sr. Mauricio Macri que se investigue a fondo el hecho investigado, porque está convencido de su inocencia y que ello no hará mas que reconocer y robustecer esa realidad. Pero esa investigación debe ser materializada en sede jurisdiccional a donde concurrieron las mismas agencias del Estado para garantizar así el equilibrio e igualdad de armas y el control de nuestra parte, todo lo cual no poseemos en sede administrativa”, dice la presentación de Lanusse ante el juez López Biscayart.
Este lunes, el magistrado rechazó el primer planteo de la defensa de Macri. “La misión más delicada de la Justicia Nacional es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”, siendo improcedente la intromisión en la prosecución de actuaciones administrativas de otro poder”, dijo.
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El Ministerio de Seguridad está haciendo una investigación a instancias del presidente Alberto Fernández. Según trascendió, en ese sumario ya declararon miembros del grupo de élite de Gendarmería que viajó a Bolivia. El viernes, el Ministerio de Seguridad entregó en el juzgado un CD con el avance del sumario.
La defensa del ex presidente volvió a reclamar que no avance ese sumario argumentando que la investigación administrativa no tiene control ni participación de las partes interesadas. “No se puede desconocer que la Sra. Ministra de Seguridad, Dra. Sabina Frederic y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dra. Mercedes Marcó del Pont -junto al Sr. Ministro de Justicia Dr. Martín Soria-, son impulsoras de la denuncia contra mi ahijado procesal. También que la Administración Federal de Ingresos Públicos -Dirección General de Aduanas-, ha sido tenida por parte querellante el pasado 22 de julio de 2021, conforme expreso poder extendido por esa agencia del Estado”, agrega la presentación.
El juez, por su parte, espera que se complete el resto de la información que solicitó a distintas áreas, que incluyen no solo documentación sino filmaciones. Por lo pronto, uno de los puntos que llamó la atención es que los 70 mil cartuchos antitumultos denunciados “no estaban consignados en el manifiesto de carga del vuelo” del Hércules.
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En la causa, además de Macri están imputados sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
Esta semana, el fiscal Navas Rial sumó como imputado al comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba. A él se lo señala como la persona que coordinó con la policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales.
Los hechos salieron a la luz a raíz de una carta enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana, Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. En la carta, dice la denuncia, se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.
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Después de hacer la denuncia judicial, el Gobierno decidió a retiro a tres gendarmes: Carlos Miguel Recalde, Rubén Carlos Yavorski y Gerardo Otero.
Yavorski estuvo a cargo de presentar las solicitudes ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para sacar las armas y las municiones del país. Inicialmente, el 11 de noviembre de 2019, pidió autorización para llevar 3600 cartuchos antitumulto 12/70, pero al día siguiente, cuando ya estaba en el poder la dictadora Jeanine Añez, pidió ampliar el permiso para llevar 70.000 cartuchos. En tanto, Recalde informó el 15 de julio de 2020 que los 70.000 cartuchos se habían usado en entrenamientos., pero Frederic planteó que los gendarmes jamás habrían efectuado disparos en Bolivia.
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