A 27 años del atentado a la AMIA, la Justicia apunta su investigación en dos líneas. Una es dar con Samuel Salman El Reda, quien es considerado como el nexo entre los autores materiales y los intelectuales del ataque a la mutual judía. Y la segunda es, a partir de El Reda, llegar a otras personas que estuvieron en el país para participar del atentado.
El 18 de julio de 1994 a las 9:53 horas voló la AMIA. Murieron 85 personas y 151 fueron heridas. Era el segundo atentado terrorista que sufría el país después del ataque a la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992.
Lo que ya se sabe de la investigación judicial es que la explosión a la AMIA la provocó una camioneta Traffic blanca con entre 300 y 400 kilos de explosivos (que la entregó el reducidor de autos Carlos Telleldín por lo que fue juzgado y absuelto en diciembre del año pasado) y que el hecho estuvo a cargo de la organización terrorista Hezbolá, de vínculo con el gobierno de Irán. Se podría saber más pero el juez, los fiscales del caso y los responsables del gobierno de Carlos Menem de dilucidar lo que ocurrió están condenados por desviar y entorpecer la investigación judicial.
En noviembre de 2006 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso. Hoy tienen circular roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Vahidi, comandante de las fuerzas QUDS; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda. El ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, también tiene pedido de detención internacional pero no circular roja porque Interpol no las aplica a diplomáticos.
Uno de los focos de la investigación hoy está puesto en dar con El Reda, de quien la Justicia no conoce su nombre real pero cree que es Salman Raouf Salman, ya que así figura en su pasaporte iraní. En Argentina se hacía llamar Salman El Reda pero se sospecha de varias identidades. Además de pasaporte iraní tenía uno falso de Colombia, le habían dado la nacionalidad paraguaya y quiso obtener la brasileña.
El Reda estuvo en Argentina cuando ocurrió el atentado. La investigación lo determinó así por un entrecruzamiento de llamados desde locutorios que hacía a la triple frontera, donde vivió, y a familiares. Pertenece a Hezbolá y tiene vínculos con Irán: su cuñada era la secretaria privada de Rabbani en la embajada de Irán. Rabbani fue uno de los reclutadores de El Reda. Los otros acusados que estaban en el país el 18 de julio de 1994 eran Rabbani, Asghari y Soleimanpour.
Pero para la Justicia no fueron los únicos. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal AMIA, integrada por los fiscales Sebastián Basso y Julio Miranda y que estuvo a cargo de Alberto Nisman desde su creación en 2004 hasta su muerte en 2015, y del juzgado federal 6 de Comodoro Py, hoy subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti, por la jubilación en agosto del año pasado de su titular, Rodolfo Canicoba Corral. Hay un concurso abierto para designar a su nuevo titular.
La convicción de la Fiscalía es que el día del atentado hubo más personas que participaron materialmente del hecho. “Más personas hubo seguro. Hay una hipótesis de que sería un grupo operativo de Hezbolá que entró al país y se fue rápidamente. El Reda es de ese grupo”, le dijo a Infobae una fuente judicial. Y El Reda es la clave porque en esa hipótesis fue el nexo entre los autores materiales y los intelectuales.
Con familia en Buenos Aires, que meses antes del atentado se fue al Líbano, El Reda vivía en la triple frontera, registraba ingresos a Buenos Aires. No está en Argentina pero tampoco se sabe su ubicación. Los investigadores creen que está en algún país de medio oriente. “Presumimos que está en algún país de esa zona donde Hezbolá es más fuerte”, agrega uno de los investigadores.
¿Cómo se logra después de 27 años de identificar a más personas? “Principalmente con cooperación internacional en la búsqueda de información. Parte de nuestro trabajo es buscar colaboración en otros países”, explicó la fuente. Uno de los países con los que se trabaja es Panamá. Un día después del atentado a la AMIA ocurrió otro en ese país. Fue la explosión de un avión de la empresa “Alas Chiricanas” en la que murieron 18 personas, 12 de ellas de la comunidad judía.
A pesar de las órdenes de detención con circular roja de Interpol y de que la mayoría de los acusados son figuras políticas de Irán no se los logra detener. Y muchos de ellos han viajado por el mundo. El primer impedimento es que por ley Irán no extradita a ningún ciudadano. El segundo es que el mecanismo diplomático de detención internacional no funciona como un arresto dentro del país.
La Justicia argentina no puede intervenir en otro país, lo hace a través del gobierno nacional. Cada vez que se identificó a un acusado en otro país debe informarlo a Cancillería, que tramita el requerimiento al otro país y debe intervenir Interpol si es que tiene sede en ese país. “Ahí entra a jugar también la geopolítica, las relaciones y los intereses entre países. Y también que en algunos Argentina no tiene sede diplomática”, explica la fuente.
En 2011, Vahidi, entonces ministro de Defensa de Irán, estuvo en Bolivia y que fue expulsado por el gobierno de ese país cuando supo de quién se trataba. Y en 2019 Soleimanpour visitó Turquía, lo que derivó en un pedido de explicaciones al embajador de ese país en Argentina.
Por otra parte, la Fiscalía AMIA termina la clasificación, análisis y digitalización de todos los archivos secretos de inteligencia que tiene el Estado argentino y que en 2005 y 2015 ordenaron desclasificar los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. “No hay ningún elemento que modificó sustancialmente lo que se tenía. El núcleo duro ya se conocía”, explicó una fuente sobre lo que arrojaron esos documentos. Pasaron 27 años.
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