“La ley pandemia es una ley cada vez más obsoleta. Quedó vieja”. Un diputado nacional del peronismo que estuvo metido en las negociaciones durante el último mes y medio, tiempo que transcurrió desde que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley para regular las restricciones sanitarias, asumió que el proyecto no tiene un futuro prometedor.
Alberto Fernández apostó un puñado importante de fichas a que la ley salga y los gobiernos provinciales tengan que asumir el costo de tomar medidas más restrictivas para evitar que los contagios aumenten y el sistema de salud se sature. Pero el proyecto solo pudo pasar las puertas del Senado gracias a la mayoría oficialista.
El Presidente tenía la intención de no sacar más DNU y lograr que el proyecto de ley, que establece un semáforo epidemiológico, determine en que categoría debe estar cada una de las localidades de acuerdo a las condiciones sanitarias que tenga. Sin embargo, todo parece haber sido un sueño que nunca existió.
El próximo viernes vence el decreto actual y el Gobierno debe definir qué restricciones aplicará en las semanas venideras del invierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que el plan inicial que tenían en la Casa Rosada era atravesar los meses fríos con restricciones intermitentes que eviten que desmadre la curva de contagios y se satura el sistema de salud, mientras en paralelo se avanzaba con la vacunación.
En el oficialismo asumen que la ley no se tratará esta semana. No hay consenso. No hay votos. La ley no avanza y, con el paso de los días, se enfría. En algunos sectores de la oposición creen que la están cajoneando a propósito porque creen que cada día que pasa tiene menos sentido. Es decir, que la están dejando morir lentamente.
En parte podría creerse que es un camino. A mi medida que avanza el esquema de vacunación en todo el país, el Gobierno necesitará con menos urgencia una ley que regularice las restricciones. Por eso la aplicación del proyecto va perdiendo efectividad.
En el Gobierno estiman que para el comienzo de la primavera en Argentina habrá una vida bastante diferente a la actual. Con menos restricciones. Incluso, consideran que en las próximas dos semanas habrá una fuerte baja de los casos debido a la escala que tomó el plan de vacunación en el último mes, donde superaron los 7 millones de aplicaciones.
En ese contexto, la ley será menos necesaria que ahora. Es posible que la mayoría de las provincias, que al día de hoy, si estuviese aprobada la ley, formarían parte de la categoría “Alarma Epidemiológica”, que es la más grave y donde reside el principal punto de discusión política, ya estén en una situación de mayor equilibrio sanitario.
En esa categoría el Poder Ejecutivo, según marca el proyecto, podía intervenir en la provincias si el gobernador no avanzaba con restricciones en el caso de tener el sistema sanitario comprometido o el porcentaje de contagios muy alto. Ese punto fue tildado de inconstitucional por Juntos por el Cambio, que acusó a Alberto Fernández de querer tener superpoderes.
Por otra parte, el Gobierno, en medio de la etapa preelectoral, intenta avanzar en un discurso más vinculado a la vacunación y la reactivación de una vida normal. Es decir, busca dejar a la pandemia en el pasado, por lo que profundizar la discusión sobre como regular las restricciones parece convertirse en un ancla enterrada en el pasado.
Tal como anticipó Infobae una semana atrás, en el oficialismo asumen por lo bajo que la ley es imposible de sacar. Los caminos de negociación están obstruidos. Hay traba concreta para poder avanzar con la ley. Faltan votos. Asumen que los que no se consiguieron hasta acá tampoco se conseguirán más adelante. ¿La explicación? Ninguno de los que se sientan enfrente a negociar tiene intenciones de modificar su postura.
Si bien la ley fue pedida por el Presidente, en el oficialismo no hubo muestras claras de tomar el proyecto como una causa que debían defender. La ley no fue militada en los medios de comunicación, como en otras oportunidades. Dejaron que se enfríe y naufragara. Y en esta instancia, cuando junio comienza a apagarse, las posibilidades de aprobarla son cada vez más bajas.
Con este escenario por delante, Fernández deberá emitir un nuevo DNU. Uno más entre tantos que ha publicado el Gobierno desde que comenzó la pandemia en los últimos días de marzo del 2020.
En los días que le quedan a la semana el Gobierno deberá afrontar las clásicas reuniones con los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, los expertos médicos y los gobernadores. En principio, el próximo decreto no sufriría demasiadas alteraciones respecto a la actual. Pero la nueva estrategia sanitaria aún no está definida.
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