La causa por el llamado “Operativo Puff” quedó ahora en manos del juez federal Daniel Rafecas. El nombre de Rafecas -candidato del presidente Alberto Fernández para ser el próximo Procurador General- surgió luego de un sorteo en la Cámara Federal, porque el juez Julián Ercolini fue apartado del caso la semana pasada. El expediente investiga si el caso D´Alessio, que se sustanció en la justicia federal de Dolores, fue un armado destinado a hacer caer la causa de los cuadernos, a través de la figura del fiscal Carlos Stornelli.
Rafecas es así el cuarto juez que pasa por esta causa. Es que el caso creció en el juzgado federal de Claudio Bonadio, a raíz de la denuncia que formularon las entonces diputadas Mariana Zuvic y Paula Olivetto y en donde Stornelli se convirtió en querellante. Tras la muerte de Bonadio, el juzgado federal 11 quedó en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi. En setiembre pasado, Martínez De Giorgi dispuso el cierre de la causa por inexistencia de delito. La resolución fue apelada solo por la querella a cargo de Stornelli. En marzo pasado la Cámara Federal, por dos votos a uno, decidió reabrirla. El caso volvió al juzgado federal 11, que ahora subroga Julián Ercolini.
Fue entonces que Juan Ramos Padilla, padre del juez que sustanció la causa D’Alessio e investigado en la causa, reclamó el apartamiento de Ercolini porque él también interviene en la denuncia que radicó Stornelli contra D’Alessio, un expediente que analiza los mismos hechos del caso que nació en Dolores, pero con alguna diferencia: los que allí son víctimas (Pedro Etchebest) en Dolores son imputados y los que en Dolores son acusados (Carlos Stornelli) en Comodoro Py son víctimas.
Fueron esos argumentos que recogió el juez de la Cámara Federal Roberto Boico para apartar al juez Ercolini de la causa Puff. “Las garantías constitucionales están indiscutiblemente orientadas al sujeto que enfrenta un proceso judicial, pues si se coteja una causal que eventualmente podría incidir en la tranquilidad de ánimo que exige el juzgamiento de extremos referentes a la vida y el patrimonio de las personas, se impone el apartamiento del magistrado”, dijo.
En ese contexto, el sorteo determinó que el caso llegara al juzgado de Rafecas esta mañana. El fiscal que interviene es Franco Picardi, que también terminó allí luego de la recusación o excusación de otros cinco fiscales -Gerardo Pollicita, Alejandra Mangano, Jorge Di Lello, Carlos Rívolo y Eduardo Taiano-.
La causa le llega a Rafecas en momentos en que el fiscal Stornelli pidió en su rol de querellante una serie de medidas de prueba, como analizar los llamados de una serie de imputados, pero además de los teléfonos del hoy juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla a los teléfonos fijos –de su casa y del juzgado- y a su celular entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. En paralelo, la defensa de Roberto Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, reclamó la nulidad de toda la causa al cuestionar la legalidad de las escuchas en donde aparecen los diálogos telefónicos que dieron origen a la causa.
La llamada causa “Operativo Puf”, que nació casi en paralelo a la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio, busca esclarecer si hubo un complot de presos kirchneristas para derribar la causa de los cuadernos. Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Shiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a la diputada Elisa Carrió. Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron la presentación que cayó en manos del juez Claudio Bonadio.
La principal prueba de la causa se sustenta en las interceptaciones telefónicas hechas por un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, para conocer los diálogos en prisión del narcotraficante Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”, que está detenido en Ezeiza.
La difusión de las escuchas de los detenidos -algunas con sus familiares o sus abogados- generó una advertencia de la Corte Suprema de Justicia, que llamó a poner límites al uso de las interceptaciones telefónicas: instó a los jueces a disponer escuchas telefónicas solo “con criterio restrictivo” y de forma “fundada”, y exhortó a la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a certificar que la AFI “no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresa específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales”.
La causa que estaba en manos de Di Lello-Rodríguez fue cerrada en agosto de 2019, pero en el juzgado de Bonadio se avanzó con la investigación y se llevaron adelante gran cantidad de medidas de prueba que llevaron a poner en la mira al propio Ramos Padilla. Desde Dolores, en tanto, el juez Ramos Padilla avanzó en la investigación de la causa D’Alessio, que derivaron en una seguidilla de procesamientos no solo al falso abogado sino al fiscal Stornelli, ex policías y ex agentes de la AFI.
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