La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambios denunciaron ante la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, el plan de vacunación contra el coronavirus en la Argentina sobre el que señalaron que “no cumple los estándares de protección de los derechos humanos previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del COVID19, en particular con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación”.
La presentación realizada apunta a dos aspectos que critican de la vacunación en el país. El primero es sobre la distribución de las vacunas, los operativos de logística y su transporte y los irregulares dispositivos de inmunización. Y el segundo sobre cómo se favoreció a determinados laboratorios en la adquisición de las dosis.
“Los vacunatorios vip, los parámetros de selección para la vacunación de personal estratégico priorizándolos antes que al personal de salud, docentes o personal esencial, están detallados en el informe, así como la desaparición de vacunas, la pérdida de lotes y la distribución en locales partidarios que incumplen los criterios humanitarios y universales de vacunación”, detalla la presentación sobre el primero de los puntos.
Sobre la adquisición de vacunas por parte del gobierno de Alberto Fernández, la presentación señala que se hizo “con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder” y que eso “ha llevado al fracaso del programa de prevención de la transmisión de la enfermedad, con el consecuente aumento del número de casos y de víctimas fatales, y la decisión de mantener regímenes de restricciones de derechos y aislamientos obligatorios”.
La denuncia le pone nombre y apellido a ese presunto favoritismo. “Como ha sucedido en los casos de contratación AstraZeneca-mAbxience de Hugo Sigman; Sputnik V y Laboratorios Richmond de Marcelo Figueiras; Sinopharm y Sinergium Biotech de Hugo Sigman y la solicitud de mínimas dosis al fondo Covax o la suspensión de las negociaciones para la compra de las demás vacunas reconocidas internacionalmente”.
Inclusive Bullrich dijo en un programa de televisión que el ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García le pidió una coima a la empresa Pfizer para adquirir su vacuna y que de eso estaba al tanto el presidente Fernández. Tanto el jefe de estado, el ex ministro de salud y el laboratorio le negaron públicamente. Inclusive el Presidente y González García le iniciaron a Bullrich una demanda de daño civil por calumnias.
Y sobre la provisión de las dosis de la vacuna de Astrazeneca se abrió una causa judicial para investigar si se cometió un delito en el incumplimiento por parte del laboratorio en la provisión de las dosis. En esa causa, el fiscal federal Guillermo Marijuán le envió un oficio a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en el que le solicitó que el Gobierno le informe cualquier modificación que haga en el contrato que firmó con la empresa Astrazeneca.
“La distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación. Se generó una situación de privilegio con quienes forman parte del partido de gobierno, a la vez la información fue nula, sin transparencia y acceso de la población a la misma. Genera enorme incertidumbre la falta de certeza respecto al momento de la vacunación, las razones por las cuales sólo se compraron algunas vacunas y se generó una duda frente a la falta de explicación del gobierno respecto a porque no se compraron vacunas accesibles donde la Argentina había participado en sus procesos de prueba. Todo ello nos lleva a que pongamos en marcha esta alerta temprana. Los Argentinos merecemos respuestas y transparencia y no la hemos tenido”, concluye el comunicado de prensa.
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