Las puertas de la cárcel de Ezeiza se abrieron el 6 de abril de 2020 en medio de la pandemia para que Amado Boudou dejara su celda y volviera a su casa a cumplir prisión domiciliaria. La explicación fue que no tenía condena firme y sus hijos pequeños necesitaban la presencia de su padre. Pero ahora -aún con la condena por la causa Ciccone confirmada por la Corte Suprema-, todo hace indicar que el ex vicepresidente de la Nación ya no tendrá que volver a cruzar las rejas del Servicio Penitenciario Federal para pasar otra noche en prisión.
Esta semana, los fiscales Marcelo Colombo y Nicolas Czizik firmaron un dictamen en donde se le reconoció a Boudou un mes más de los diez que ya le había reducido el juez Daniel Obligado de la pena que debe cumplir. Es por el tiempo que estuvo en prisión realizando diferentes cursos y estudios, en el marco de los beneficios por “estímulo educativo” previstos en la ley 24.660.
“De acuerdo con la información incorporada al expediente, surge que el causante ha finalizado la totalidad de los Módulos y ha cumplidos con la totalidad de los requisitos del estudio de posgrado ‘Diploma Superior en Desigualdades y políticas públicas distributivas’ y se cuenta con el certificado emitido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Argentina habiendo obtenido Boudou el título académico de Diplomado Superior en Desigualdades y políticas públicas distributivas”, dijo el dictamen al que accedió Infobae.
“Así las cosas, y teniendo en especial consideración que el Juez que intervino en la anterior incidencia ya concedió un mes de reducción en el marco del inciso “g” del art. 140 de la Ley de Ejecución, y en consonancia con lo expresamente solicitado por la defensa, esta parte estima que corresponde conceder un (1) mes de reducción en estricta aplicación de la mencionada norma en función de la reducción ya concedida”, señalaron.
El dictamen está bajo estudio del juez de ejecución penal Ricardo Basílico. “Pero es poco probable que, con dictamen fiscal, no avale ese criterio”, dijeron a Infobae fuentes judiciales. Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación Penal tiene abierto un recurso para resolver si confirma la orden que dio el propio Basílico el 21 de abril para que Boudou vuelva a prisión. Hasta que eso no esté firme, el ex funcionario no corre peligro de volver a prisión. Y nada hace pensar que los tiempos se aceleren de manera inminente, dicen en Comodoro Py.
En ese escenario, la defensa de Boudou, a cargo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, entiende que el ex vicepresidente ya está en condiciones de pedir la libertad condicional. La libertad condicional se solicita cuando un detenido cumple las dos terceras partes de su condena y tiene buena conducta. En junio ya se estaría cumpliendo ese plazo para Boudou, señalan sus abogados.
“Puede que se abra un debate sobre si le corresponde o no ese beneficio que, en general, es para vincularse con la familia y él ya está en su casa”, señalan en tribunales. Pero sí admiten ante Infobae que “no resultaría razonable detener a una persona por uno, dos o tres meses solamente para que cumpla un requisito temporal y después dejarlo en libertad de nuevo. Sería ridículo. No es lógico”.
“Acá todo se torció cuando se le dio la domiciliaria en medio de la pandemia. Pero no se puede corregir lo que se hizo mal metiendo a una persona en la cárcel cuando ya está en condiciones de acceder a la libertad condicional”, agregaron los consultados en Comodoro Py.
Boudou entró y salió de la cárcel más que ningún otro “preso k”. En la mañana del 3 de noviembre de 2017, el juez Ariel Lijo ordenó su detención en el marco de una investigación sobre su patrimonio. Junto a él fue arrestado su amigo José María Núñez Carmona. La causa ya estaba abierta pero se le agregaron sospechas de lavado de dinero y asociación ilícita. Habló de “relaciones residuales” para justificar su prisión preventiva. La foto de su arresto, recién despierto y esposado, ocupó las portadas de todos los diarios.
En enero del 2018, no obstante, fue dejado en libertad por la Cámara Federal en una decisión dividida. Pasaría poco más de medio año para volver a la cárcel. En agosto de 2018, Boudou fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone. Lo encontraron responsable de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero en tiempos en que era ministro de Economía del primer mandato de Cristina Kirchner. En el momento de la lectura de la sentencia, Boudou fue esposado y enviado al penal de Ezeiza.
Un planteo ante el mismo tribunal que había dispuesto la condena (pero con otra composición) dejó momentáneamente libres a ambos pero Casación ordenó volver a detenerlos. En julio de 2019, la condena fue confirmada por ese tribunal penal. La defensa apeló ante la Corte Suprema de Justicia.
En agosto, el Frente de Todos derrotó a Juntos por el Cambio en las elecciones del PASO y en octubre la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner se consagró como ganadora del próximo gobierno. Desde las PASO, muchos de los llamados presos K que estaban con prisiones preventivas comenzaron a ser liberados por la Justicia. No fue el caso de Boudou. Para esa altura, Alberto Fernández ya criticaba el abuso de las prisiones preventivas que se habían dado en el gobierno de Mauricio Macri y sostenía que había jueces que iban a tener que dar explicaciones por lo que habían hecho con sus decisiones.
Pero fue el escenario pandémico por el coronavirus lo que le permitió a Boudou salir de la cárcel. No se fue en libertad sino con prisión domiciliaria, lo cual le permitió que todo el tiempo que estuvo en su casa contara también como cumplimiento de su condena.
Sin correr vista a la fiscalía, el juez Obligado entendió que por la situación de pandemia sus hijos –mellizos de dos años– estaban en una situación de vulnerabilidad ya que solo tenían a su madre -extranjera y sin familia en el país- y que la presencia del padre podía ayudar en esta situación. Además, resaltó Obligado, la condena no estaba firme.
Esa firmeza llegó en diciembre pasado con el fallo de la Corte Suprema que rechazó la última apelación a través del llamado recurso 280. Hubo críticas abiertas por parte del presidente Alberto Fernández y protestas de movimientos kirchneristas en la puerta de los Tribunales. “Con Amado no”, decían los carteles.
En ese contexto, los fiscales Guillermina García Padin y Marcelo Colombo pidieron que vuelva a la cárcel a cumplir la condena. En la noche del 30 de diciembre de 2020, el juez Obligado afirmó que las circunstancias de la pandemia habían cambiado y que la condena ahora estaba firme. Por eso ordenaba que volviera a ser detenido, pero con la frase “firme que sea”, es decir, que su disposición se cumpliera cuando terminaran las apelaciones.
Otro novedad llegó en este escenario: el 1 de febrero Boudou consiguió que le redujeran 10 meses el tiempo que iba a estar detenido, gracias a los cursos y estudios que hizo durante su detención, tanto en la cárcel como en su casa. Lo resolvió el juez Obligado, apenas horas antes de dejar de subrogar como magistrado de ejecución penal en la causa Ciccone. Uno de los cursos fue el de organizador de eventos. También realizó un taller sobre filosofía, entre otros aprendizajes.
En abril pasado, en tanto, Casación opinó que la decisión de Obligado no estaba bien “fundada” y debía dictarse un nuevo fallo. La decisión fue tomada por los jueces de la Sala IV, Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma. Borinsky destacó que el ex funcionario estaba cerca de acceder a la libertad condicional.
El 21 de abril, el juez Basílico -que reemplazó a Obligado- entendió que Boudou debía volver a la cárcel, pero insistió con el criterio de su antecesor: “una vez que se encuentre firme esta resolución”. El trámite está ahora en nuevamente apelado en Casación, mientras que esta semana llegó el aval fiscal para reducirle la condena por un mes más.
Nada indica que Boudou tenga que volver a ingresar a la cárcel. La semana pasada, desde su casa, el ex vicepresidente dio una charla en la Universidad de Derecho en donde dijo: “En un país en donde la principal perseguida del lawfare es la Vicepresidenta, la democracia no tiene destino”. Y añadió: “En la Argentina, los tribunales se han convertido en parodias”.
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