Eduardo Taiano, el titular de la Fiscalía federal N° 3 que tiene a su cargo la causa por la muerte de Alberto Nisman e impulsa la investigación por el “vacunagate”, no se va. Como otros tantos funcionarios judiciales, recibió en los últimos días una intimación que le hizo la ANSES para completar su trámite de jubilación y presentar la renuncia. Pero Taiano ya tomó una decisión: se queda en Comodoro Py.
“Sigo acá, pienso seguir trabajando”, le dijo Taiano a sus allegados, le confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
Esta semana, el fiscal se instaló en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti, por donde desfilaron los testigos de la causa por el escándalo de las vacunas. Allí, el director del Hospital Posadas Alberto Maceira y varios de los empleados del centro asistencial confirmaron los llamados “de parte del ministro” Ginés González García para avisar los que iban a ir a recibir sus dosis de Sputnik V, aunque no eran personal de salud ni tampoco ancianos de más de 80 años que estaban en ese momento habilitados a recibirla.
La situación había provocado un gran malestar entre los trabajadores del propio Hospital Posadas que aún no habían recibido su dosis. Es por eso que, tal como reveló el miércoles Infobae, cuando llegó el aviso de que iría el periodista Horacio Verbitsky, el jefe del Hospital del Posadas pidió que el director del blog “El Cohete a la Luna” no fuera hasta la sede de El Palomar para evitar incidentes.
Ahí es cuando se puso en marcha el vacunatorio vip en el Ministerio de Salud, que reveló por radio el propio Verbitsky y desató el escándalo que terminó eyectando a González García del gabinete.
Por estas horas, el fiscal Taiano evalúa ampliar las imputaciones en base a las denuncias que se sumaron al expediente original que se abrió el lunes pasado en los tribunales federales. Por ahora, los únicos imputados son González García y su mano derecha en el Ministerio, Lisandro Bonelli.
“Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, dijo el presidente Alberto Fernández desde México. Casi en simultáneo, el fiscal Taiano recibió la intimación que ya estaba en marcha, desde inicios de febrero, para unos 200 jueces y fiscales que hicieron los trámites de jubilación cuando cumplieron 60 años y que siguen trabajando en el Poder Judicial.
Ahora, las entidades que representan a jueces y fiscales llevarán a la Justicia la embestida de la ANSES con estos emplazamientos. Presentarán una acción declarativa de inconstitucionalidad de la norma dictada por el organismo que conduce Fernanda Raverta.
“En caso de no presentar la documentación requerida dentro del plazo indicado, a contarse desde la recepción de la presente, se procederá al archivo de las actuaciones, previo control de legitimidad de los actuados en las mismas”, dice el texto que envió el organismo de seguridad social a los funcionarios judiciales. Esa es la parte que preocupó a los afectados. Además, dice la ANSES, que los jubilados con la nueva ley deberán renunciar a sus cargos antes de iniciar el trámite.
La nueva ley de jubilaciones para el Poder Judicial fue uno de los primeros embates del oficialismo a los jueces. Se buscó que magistrados y fiscales aportaran más porcentaje de sus sueldos al sistema previsional y ese dinero pasara a la órbita de la ANSES y no a las arcas del Consejo de la Magistratura. Además, los funcionarios varones ya no podrán jubilarse a los 60, sino que deberán esperar a los 65 (el proyecto original incluía también a las mujeres, pero eso no funciona así en ningún régimen jubilatorio). Esa ley está siendo también impugnada por inconstitucional.
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