Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con el aval del gobernador Axel Kicillof, evalúa sancionar y echar de las filas policiales a otros 1.500 oficiales y suboficiales que en septiembre pasado participaron durante varios días de las protestas callejeras en reclamo de aumento salarial y mejoras laborales. Estos se pueden suman a los más de 400 que ya fueron desafectados de servicio el 8 de febrero último. La mayoría de ellos se habían manifestado frente a la residencia presidencial de Olivos. Llegaron al lugar en sus patrullas, armados, en uniforme y estaban de servicio.
“Asuntos internos ya les abrió sumarios a otros 1.500 policías, la mayoría de baja jerarquía, que participaron de los reclamos del año pasado. La justicia también los investiga porque nosotros los denunciamos. Falta terminar de acreditar si ese día estaban de servicio, si fueron en un móvil”, le confirmó a Infobae un estrecho colaborador del ministro, y aclaró: “El que fue a protestar estando de franco no va a tener problema, pero el que lo hizo estando de servicio, lo vamos a terminar echando”.
Según las avanzadas actuaciones de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), de esos 1.500, hay unos mil que ya están identificados como personal que debía estar cumpliendo servicio, pero en vez de hacerlo fueron a protestar en los distintos puntos de concentración, como Puente 12, en La Matanza, en Olivos, en Mar del Plata, Bahía Blanca, Almirante Brown, Lomas de Zamora, entre otras localidades.
Esos uniformados habrían violado el decreto 1050/09. Se trata de una norma que regula el funcionamiento de la Policía bonaerense y establece en qué caso un efectivo puede ser sancionado. La medida ya adoptada con los sancionados fue una de las más graves. Sacarles el arma, la identificación y desafectarlos del servicio mientras se termina la investigación y después expulsarlos de la fuerza.
En la cúpula de la policía bonaerense están convencidos de que la decisión de avanzar con estos sumarios, sancionar a más de 400 y notificar a los otros 1.500 que estaban bajo investigación, provocó que fracasara el nuevo reclamo que estaba previsto para hoy a las 8 de la mañana.
“En la escuela de policía hay 3.500 entre oficiales y cadetes para recibirse que están entrenando para salir a las pistas, así que hasta 5000 podemos echar que no le mueve la aguja a nadie. El servicio no se va a resentir”, aseguran desde el ministerio de Seguridad.
La determinación de sacar de la fuerza a los denominados policías “rebeldes” es una decisión política tomada al más alto nivel. Cuenta con el aval del gobernador Axel Kicillof, y hasta con el guiño del presidente Alberto Fernández que se sintió “amenazado” el 9 de septiembre pasado, cuando los policías provinciales rodearon la quinta presidencial llevando hasta allí sus reclamos.
Los voceros de los manifestantes, habían entregado un petitorio en el que exigían, entre otros puntos, que ninguno de los uniformados que protestaban fuesen sancionados. Por consejo del jefe de policía -el comisario general Daniel García- al propio Berni esto no ocurrió y se avanzó con los sumarios internos.
El número uno de la cúpula policial advirtió, y así lo expresó internamente, que la mayoría de los manifestantes eran agentes de baja graduación que ingresaron con escasa instrucción durante la gobernación de Daniel Scioli, y que estos 10.000 ingresos, “a las apuradas”, le hicieron mal a la fuerza, ya que no se buscó a los más capacitados.
Las manifestaciones pasadas concluyeron el 10 de septiembre, después de que el gobernador Kicillof anunció una inversión de más de 30.000 millones de pesos en la mayor fuerza de seguridad del país. El dinero sería destinado a mejorar el equipamiento, refacción de comisarías, creación de alcaldías para trasladar a unos 5.000 presos detenidos en las seccionales, la habilitación de dos hospitales para la atención diferenciada de los uniformados, la incorporación de diez mil nuevos agentes; el reemplazo de los chalecos antibalas vencidos, la adquisición de nuevos patrulleros y, entre otros puntos, la equiparación del sueldo con la Policía Federal.
En un petitorio difundido a través de las redes sociales y que convocaba a la fracasada nueva protesta, se aseguraba que las autoridades provinciales “incumplieron” con esas promesas.