El decreto que habilita el regreso de Eduardo Farah a la Cámara Federal ya tiene la firma del presidente Alberto Fernández, pudo saber Infobae de fuentes oficiales. El camarista había pedido su traslado en 2018, tras una fuerte embestida del gobierno de Mauricio Macri. Fue una salida decorosa en medio del escándalo que también empujó la renuncia de Jorge Ballestero. El reingreso de Farah significa el final de una batalla política y judicial de un sector del kirchnerismo para recuperar terreno en el tribunal que revisa la decisión de los jueces de Comodoro Py.
Farah ingresó en 2008 a la Sala II de la Cámara Federal. En 2018, decidió pedir su traslado en medio de cuestionamientos por parte del macrismo por su participación en la causa “Oil Combustibles”. Ese fallo indignó al Gobierno y hasta el propio Mauricio Macri lo cuestionó públicamente.
Farah pidió el traslado un Tribunal Oral en lo Penal Económico y luego al Tribunal Oral Federal 2 de San Martín.
Tras la sentencia que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, Farah fue denunciado en el Consejo de la Magistratura. El macrismo también lo acusó de cobrar una coima aunque en esa causa terminó sobreseído. “Del análisis de toda esa documental recolectada, se concluye que los movimientos financieros y patrimoniales de ambos investigados son de origen legítimo, no surgiendo en los mismos incrementos injustificados o sugestivos, o que no se encuentren respaldados o declarados”, sostuvo el juez Luis Rodríguez en base a un dictamen de la fiscal Paloma Ochoa.
Rodríguez fue por más. “Buscar el reproche penal hacia un magistrado por no estar de acuerdo con las valoraciones e interpretaciones que este haga en sus sentencias resulta cuanto menos imprudente. Más todavía si la crítica viene de personas ajenas al proceso, que opinan en busca de alguna repercusión mediática sin el conocimiento exacto del expediente”, sostuvo.
A mediados de diciembre, con los votos del oficialismo y de los representantes de los jueces, el Consejo aprobó el regreso de Farah y giró el proyecto al Poder Ejecutivo. El PRO se opuso argumentando que era un nuevo traslado. “La Corte dijo de manera categórica que los jueces trasladados no deben volver a sus lugares de origen y que deben permanecer en sus cargos hasta tanto sean ocupados por un nuevo magistrado por concurso, la intervención del Poder Ejecutivo y del Senado”, sostuvo el diputado del PRO Pablo Tonelli durante el debate en la comisión de Selección.
Graciela Camaño apoyó la postura del oficialismo y llegó a decir que Farah era un “perseguido”. “Se usaron los traslados para resolver cuestiones políticas. Lo hizo el gobierno anterior y el otro y el otro y el otro. Tenemos que acomodar el desastre que se armó”, sostuvo Camaño.
El oficialismo no tuvo inconvenientes para aprobar el regreso de Farah. En apenas 48 horas, lo votó en la Comisión de Selección y luego en el plenario.
Pasó la feria de enero y ahora el Presidente firmó el decreto que deroga el que habían firmado Mauricio Macri y el entonces ministro de Justicia Germán Garavano en 2018. Si no hay cambios de último momento, el decreto se publicará mañana en el Boletín Oficial, el primer día hábil del año judicial.
Farah podrá volver a ocupar su despacho ubicado en el segundo piso de Comodoro Py. En todo este tiempo, nadie se animó a ocuparlo.
Su regreso modifica el desarrollo del concurso abierto para ocupar dos vacantes en la Sala II, que ahora solo tendrá un cargo para ocupar.
La Cámara Federal tiene otras dos vacantes en la Sala I tras la salida de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En noviembre, el Consejo inició un nuevo concurso. La intención del oficialismo es apurar el proceso pero la Corte Suprema reconoció, al fallar sobre los jueces trasladados, que la demora promedio es tres años y medio. De hecho, el concurso que ganó Mariano Llorens tardó casi diez años.
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