El PRO rechazó el intento del régimen de Maduro de retomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela

En medio del intento de la dictadura chavista de Nicolás Maduro de tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, el PRO pidió públicamente que se prorroguen los mandatos de los legisladores hasta tanto se garantice la realización de elecciones libres y transparentes.

Recientemente, el país caribeño realizó comicios sin legitimidad y condenados por la comunidad internacional. “Frente a esta situación, reconocemos la necesidad de que los mandatos de los actuales legisladores de la Asamblea Nacional que fueron electos en 2015 queden prorrogados de conformidad al art 333 de la Constitución Nacional Venezolana aprobada por el gobierno de Hugo Chávez hasta tanto se celebren elecciones libres”, sostiene el documento que lleva la firma de la presidenta de la fuerza opositora, Patricia Bullrich.

El escrito incluye un fuerte respaldo Juan Guaidó, presidente encargado reconocido por las principales potencias del mundo, cuyo domicilio fue rodeado esta mañana por fuerzas de seguridad que responden al régimen: “El reconocimiento de la inevitabilidad de prorrogar los mandatos de los actuales diputados en ejercicio acarrea también el reconocimiento del titular de esa Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó”.

Desde el PRO reiteraron su llamado a que el pueblo de Venezuela tenga acceso a elecciones “libres y transparentes”, sin dirigentes políticos encarcelados y con observadores internacionales imparciales.

“Instamos a buscar una salida democrática a la crisis política, sanitaria, económica y social que está atravesando ese país. El respecto de los principios y formas republicanas y el adecuado funcionamiento de sus instituciones resultan fundamentales para consolidar la democracia en nuestra región”, sostiene el comunicado, que también fue firmado por Julián Obiglio, secretario adjunto de Relaciones Internacionales; y Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales.

Las declaraciones del PRO están en sintonía con los dichos de Guaidó, quien declaró que los legisladores extenderán sus funciones un año más, al considerar que las elecciones legislativas realizadas recientemente fueron un “fraude” porque no participaron los principales líderes políticos de la oposición.

Además, el acto de instalación se celebrará a pesar de la cuarentena parcial que ordenó el dictador Maduro, luego de implementar un mes de flexibilización en el que él mismo reconoció un leve incremento de los casos.

La prolongación de funciones, sin embargo, fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, al mismo tiempo, no es reconocido por el Parlamento liderado por Guaidó, aunque en la práctica, en el país, la institución que termina teniendo validez es el máximo tribunal que es acusado de ser afín al régimen.

La principal promesa del chavismo para este nuevo período legislativo, que termina en 2026, ha sido investigar a los actuales diputados opositores y actuar penalmente en su contra por, supuestamente, robar recursos del Estado venezolano.

El chavismo acusa a los diputados opositores de haber sustraído recursos de las empresas filiales de la estatal petrolera PDVSA en Colombia, y Monómeros, o Citgo en Estados Unidos, luego de que Guaidó, jefe del Parlamento, se proclamara en enero de 2019 presidente interino del país.

El líder opositor, que para entonces contó con el reconocimiento y el apoyo de más de cincuenta países, se declaró presidente debido a que Maduro ganó unas cuestionadas elecciones en las que no pudieron participar los políticos tradiciones de oposición por, entre otros elementos, estar inhabilitados para funciones públicas.

Desde ese momento, la disputa por el poder político en Venezuela, incluyendo al Parlamento, se acentuó y Guaidó prometió sacar a Maduro del poder y convocar a nuevas elecciones generales.

Venezuela inicia así un nuevo período de disputa política en el que Guaidó mantiene la promesa de sacar del poder a Maduro durante este año, al mismo tiempo que el mandatario ha pedido a la nueva Asamblea que actúe para que sus adversarios sean procesados ante supuestos crímenes.

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