El financista Ernesto Clarens, quien declaró como “arrepentido” en la causa de los cuadernos, quedó este miércoles procesado por lavar más de $500 millones derivados de la obra pública, un caso por el que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario José López y el empresario Lázaro Báez enfrentan actualmente un juicio oral, según informaron a Infobae fuentes judiciales.
La decisión la tomó el juez federal Julián Ercolini en una resolución de 330 hojas. A Clarens lo procesaron por el delito de “lavado de activos agravado por resultar miembro de una organización formada para la comisión de hechos de esa naturaleza”. Y se le trabó embargo por mil diez millones de pesos ($1.010.000.000,00).
“A pesar de los dichos volcados por Clarens en sus numerosos descargos y de lo manifestado en sus declaraciones indagatorias, considero que en base a una íntegra visión de la maniobra investigada y los elementos de prueba arrimados, me encuentro en condiciones de tener por acreditada, con la suficiencia que requiere la etapa en la cual nos encontramos, la materialidad de los sucesos y su intervención responsable en ello”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
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Junto a Clarens, el juez también procesó a otros financistas, contadores y comerciantes por la maniobra que salpica a las firmas Austral Construcciones y Gotti SA, ligadas a Lázaro Báez, y de Invernes SA, del financista Clarens. El procesamiento alcanzó a Carlos Di Gianni, Guido Blondeau, Rafael Mateo Merlini, César Gerardo Andrés, Andrea Cantín, Martín Samuel Jacobs, Emilio Carlos Martín, Sergio Gotti, Armando Ulled, Andrés Kechichian, Héctor Doldi y María Julia Cis.
Todo ocurre en el marco de la investigación por la asociación ilícita que radicó la diputada Elisa Carrió en 2008 contra los Kirchner y su entorno. “Corresponde recordar que en dicho sumario se comprobó, con la convicción propia de toda etapa preparatoria, la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, entre los meses de mayo de 2003 y diciembre de 2015, que tuvo como objeto la asignación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz a las empresas del conglomerado encabezado por Báez”, recordó el juez.
Cheques originados en el dinero de la obra pública, una cadena de gastos injustificados y una seguidilla de facturas fueron la clave de los investigadores para poder avanzar en el nuevo capítulo de la causa de la obra pública en donde quedó en la mira Clarens, el financista preferido de Néstor Kirchner que habría armado la ingeniería para poder mover el dinero investigado. Siempre se sospechó que la firma de Clarens llamada Invernes significaba “Inversiones Néstor”.
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Según la acusación, una vez que la plata llegaba desde el Estado nacional a Santa Cruz, aparecían las empresas contratistas del Grupo Báez que, con sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, carentes de propósito comercial real, le permitiese adquirir “apariencia de licitud” al dinero que, inmediatamente, se convirtió en efectivo sin que fuera fácil detectar su origen.
En su dictamen el fiscal Gerardo Pollicita, que llevó la investigación, sostuvo en diciembre de 2018 que “a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.
En ese contexto, Pollicita sostuvo: “Se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens –con la colaboración de una gran cantidad de individuos–, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado nacional a través del fraude en la obra pública”.
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Ese perjuicio ascendería a “502 millones de pesos, equivalentes a USD 160 millones aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”, sostuvo Pollicita. La maniobra consistía en “un mecanismo de reciclaje basado en la ficción de costos inexistentes, con el objetivo de dar a dichos fondos apariencia de licitud, alejándolos de su origen espurio y convirtiéndolos en efectivo, lo que obstruyó para siempre su seguimiento”. En ese contexto, la causa apunta a establecer si, como se sospecha, Lázaro Báez y Ernesto Clarens, conjuntamente con una gran cantidad de actores, cimentaron e implementaron una estructura destinada a reciclar una porción importante de los fondos públicos sustraídos fraudulentamente al Estado nacional a través de la obra pública vial.
Clarens se convirtió en uno de los arrepentidos de la causa de los cuadernos, cuando el juez federal Claudio Bonadio motorizó una serie de detenciones en ese expediente iniciado a raíz de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. En el medio del desfile de empresarios y ex funcionarios que aparecieron por el despacho del fiscal Carlos Stornelli también apareció Clarens. Fueron varias las declaraciones que hizo este financista.
De hecho, cuando su acuerdo todavía no estaba homologado para convertirlo en imputado colaborador, Clarens pidió modificar y ampliar su convenio. Mientras que en la primera declaración admitía que cambiaba pesos –provenientes de coimas pagadas por empresarios beneficiados por la obra pública– por dólares, en la segunda declaración aportó más información sobre los movimientos financieros del kirchnerismo.
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En aquella declaración, Clarens se desligó de la selección de empresas que “ganaban” las licitaciones que realizaba el Ministerio de Planificación. Y reveló que era la propia Cristina Kirchner quien instruía a qué empresas debía pagarles primero Vialidad. En 2016 Lázaro Báez fue el único contratista que logró cobrar todo lo que le debían antes del 10 de diciembre. Según declaró el financista, “las personas de 'la Camarita’ me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300 mil dólares por cada entregada y con frecuencia semanal”.
Fueron muchos los empresarios críticos de esa exposición y de la forma en que el financista logró convertirse en arrepentido. El abogado Pablo Lanusse, defensor de Juan Chediack, el ex titular de la Cámara de la Construcción, fue uno de los que más dispararon contra Clarens cuando en una audiencia ante la Cámara Federal, que en su momento cubrió Infobae, aseguró: “Clarens vino a cumplir un rol estratégico en la causa: seguir garantizando la impunidad de los jefes de la banda” . Y añadió: "No vino ni a apuntar para arriba, ni a colaborar con el recupero de fondos. El señor Clarens en esta causa viene a hacer lo que hacía durante el ejercicio de esta cleptocracia: apretar a los que eran víctimas y conspirar contra el éxito de la causa”.
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