Después de 26 meses la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner volvió a tener entre sus pertenencias una carta del general José de San Martín fechada en 1835 y el prontuario policial del ex presidente Hipólito Yrigoyen.
Los dos documentos históricos hallados en un allanamiento realizado en una casa de Fernández de Kirchner en El Calafate fueron restituidos a la vicepresidente por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El 16 de agosto de 2018 se realizó un allanamiento en la casa de la ex presidente en El Calafate, provincia de Santa Cruz. Lo había ordenado el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa judicial conocida como Caso Cuadernos.
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La delegación Río Gallegos de la Policía Federal llegó el 26 de agosto de 2018 a la residencia de El Calafate, en las calles Padre de Agostini y Los Tehuelches y comenzó a buscar. En aquel momento, la entonces senadora nacional por Buenos Aires difundió fotos en sus redes sociales para denunciar cómo habían roto su hogar.
Dentro de un pequeño ambiente, cerca de una escalera, los agentes encontraron una carpeta de plástico con el prontuario policial del ex presidente radical Hipólito Yrigoyen con 122 fojas de actuaciones y una reseña de sus actividades entre los años 1906 a 1910. Cerca de esa carpeta hallaron una caja de madera que, entre acrílicos protectores, guardaba una carta escrita por el general José de San Martín, fechada el 26 de diciembre de 1835, y dirigida al prócer chileno Bernardo O’Higgins.
La fiscal Alejandra Mángano había impulsado la investigación. En 2019 Bonadio había indagado a Fernández de Kirchner por el robo de los documentos históricos y la vicepresidente negó el hecho y adujo ser víctima de lawfare.
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Cuando firmó el procesamiento por el delito de encubrimiento Bonadio había señalado que la ex presidente conocía la procedencia de estos documentos históricos y no lo denunció. “No es factible concebir que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, abogada, ex diputada, senadora nacional y ex presidenta del país por dos períodos, desconociera que tenía en sus manos dos instrumentos de trascendental relevancia histórica que, como tales, constituyen patrimonio cultural de la Argentina o de la República de Chile”. Y agregó: “Alguien no identificado sustrajo dichos elementos y la encausada los receptó, manteniéndolos en su poder hasta ser habidos por la policía”.
Cuando la defensa apeló el procesamiento argumentó que –tal como se había publicado en el libro Sinceramente-: la carta de San Martín se la había regalado el presidente de Rusia Vladimir Putin. En tanto el prontuario de Yrigoyen había sido -según explicó la ex presidente- un regalo de un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo,
En mayo de 2019, la Cámara Federal resolvió confirmar el fallo, pero por otro delito. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia: sostuvieron que no había certezas de que los documentos hubieran sido robados. Por lo tanto, entendió, no podía ser procesada por encubrimiento. Pero fue procesada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que debió haber denunciado su tenencia al Archivo General de la Nación en tanto documentos históricos.
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Cuando la Cámara devolvió el caso a Bonadio, el juez inició el proceso para mandar la causa a juicio oral y público.
Ante esa situación la fiscal Mángano solicitó que se hicieran algunas medidas de prueba debido a la nueva calificación establecida por la Cámara. Entre las medidas sugeridas se pidieron precisiones a Chile para saber si la carta de San Martín a O’Higgins estaba entre las que habían sido robadas de un museo trasandino. Esa respuesta jamás llegó a los tribunales. Pero en la causa consta un informe del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano que asevera que esa carta no estaba en el museo chileno de Vicuña Mackenna que fue robado en 1981.
Para la fiscal quedó claro que Fernández de Kirchner no obtuvo los objetos de mala fe. Fue así que postuló el sobreseimiento de la vicepresidente de la Nación. Consideró que la acusación por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público había prescripto. Ante la propuesta de la fiscal, el juez Martínez De Giorgi dictó el sobreseimiento de Fernández de Kirchner en junio pasado.
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Pero aún faltaba completar el trámite de devolución de los objetos que habían quedado en custodia en el Archivo Histórico Nacional. Los abogados de la ex presidente, Alberto Beraldi y Ari Llernovoy pidieron al juzgado -luego del sobreseimiento- la devolución de los efectos “sustraídos” de la casa de El Calafate. En realidad no fueron sustraídos sino incautados durante un allanamiento.
El juez Martínez De Giorgi ordenó la devolución de los dos documentos históricos. Pero antes lo informó al Tribunal Oral Federal 7 que tiene a su cargo el juicio por el Caso Cuadernos en el que la vicepresidenta integra la lista de imputados.
El juez señaló que los documentos se pueden llegar a comercializar y ese dinero podría ser afectado a los embargos de los bienes dispuestos contra la ex presidente en el Caso Cuadernos.
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En la misma resolución en la Martínez De Giorgi le devolvió los documentos a Fernández de Kirchner estableció que la vicepresidente de la Nación debe cumplir con lo que manda la Ley 15.930.
En uno de sus artículos la ley que señala que los particulares deben denunciar la tenencia de documentos históricos ante el Archivo General de la Nación. En tanto en otro de sus artículos la ley determina que cuando se vende un documento histórico hay que comunicarlo al Archivo General de la Nación.
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