Cada vez que la coparticipación asoma en el debate político, el impuesto al cheque es recordado no sólo por la eternidad de las medidas excepcionales en el país, sino además como ejemplo de la distorsión en el reparto de fondos con las provincias. El 70% de ese ingreso, uno de los más jugosos, queda de entrada en el ámbito nacional y el 30% va al reparto entre las provincias y a la Nación. No es el único ejemplo de desequilibrio pero nada indica que el federalismo presidencial de estas horas apunte a subsanar ese cuadro.
El Gobierno sólo muestra voluntad de avanzar con el recorte de fondos a la Capital y hasta deja trascender que podría escalar con una poda mayor y hasta retroactiva. Puede ser leído como un modo de advertirle a Horacio Rodríguez Larreta el malestar por su contraofensiva, que incluyó un reclamo a la Corte Suprema y una fuerte reacción de Juntos por el Cambio. También un modo de tratar de limitar la respuesta y su proyección al Congreso, donde se juega la suerte del proyecto de poda más profunda. La iniciativa está dando sus primeros pasos en el Senado y se anticipa una batalla mayor en Diputados.
La andanada presidencial, con motor de Cristina Fernández de Kirchner, terminó tensando todos los poderes. El Ejecutivo está enfrentado con la gestión porteña y repuso de hecho la cuestión del reparto de ingresos con las provincias. El Legislativo suma un proyecto inesperado en medio de la crisis y con pulseadas aún irresueltas, como la reforma de la justicia federal. Y el Judicial muestra a su máximo escalón bajo tensión política por partida doble y con inquietante impacto social: el planteo de la Ciudad y el reclamos de los jueces que intervinieron en causas por corrupción y que acaban de ser desplazados.
El Presidente volvió a poner en primea línea la decisión de ajustar las cuentas con la baja de transferencias a la gestión de Rodríguez Larreta. Lo hizo desde Entre Ríos, a pesar de seguir tomado por los efectos del refuerzo del cepo al dólar. Incluyó críticas a la oposición y a “algunos medios”. Y volvió sobre la “inequidad” que representaría la opulencia porteña frente a las necesidades provinciales. Casi al mismo tiempo, se dejaba circular la idea de que el mayor ajuste sobre la Capital podría ser la base del fondo que, según había dicho hace dos semanas diez días antes, sería implementado el año próximo para atender a los distritos en general.
Esa promesa –a estudio del Ministerio del Interior, según sorprendió en un discurso el Presidente- emergió como un gesto frente a cierto malestar de gobernadores porque el recorte por decreto de fondos coparticipables de la Ciudad fue destinado exclusivamente a la administración de Axel Kicillof. Y nada suponía una mejora para las provincias, a pesar de que se les había demandado aval a los gobernadores para la medida dispuesta en medio de la protesta de la policía bonaerense.
Algo parecido ya venía circulando en formato de recelo contenido frente a la distribución de fondos extraordinarios, es decir, fuera de la coparticipación y como respuesta a los efectos de la crisis agravada por la cuarentena. Más del 50 por ciento de esas partidas fue a la provincia más grande del país y también, el territorio considerado sustento principal por CFK.
Por supuesto, la realidad de los problemas de las cuentas nacionales es esgrimida como principal freno a demandas mayores y más aún como desaliento a un replanteo global sobre la distribución de fondos automáticos y extraordinarios. El reparto actual indica que la Nación se queda con poco menos del 50 por ciento de la masa coparticipable, aunque la diferencia respecto de las provincias es mayor si se consideran otros ingresos con fines específicos o las retenciones.
Ese capital, aún deteriorado por la profundidad de la crisis actual, se mide en plata y en términos políticos. Es parte del juego con los gobernadores. Y desde esa perspectiva también puede ser interpretada la ofensiva sobre la Ciudad de Buenos Aires: una señal del poder central hacia los distritos no amigos o declarados enemigos.
En ese contexto, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno expresa una vuelta de tuerca sobre el decreto inicial para el recorte de fondos, calculado en unos 40.000 millones de pesos. Son restados del porcentaje dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri para el traspaso de la policía a la Ciudad. La iniciativa que ya transita la etapa de comisiones en el Senado –y colocado en renglón de prioridades por CFK- reduce aún más la cifra.
El proyecto busca establecer una suma de 24.500 millones de pesos –ya no automáticos por la vía de la coparticipación- con un mecanismo de ajuste por un índice que combina el porcentaje de aumento del salario policial y la inflación. Desde la Ciudad dicen que así perderían casi otros 40.000 millones de pesos porque sólo se habla de fondos para los haberes policiales y no del presupuesto global, que incluye gastos operativos y de sostenimiento de toda le estructura de seguridad.
Claro que no resulta una cuestión técnica lo que está en discusión. Dice bastante más la forzada calificación de ciudad opulenta, definición que sugiere prejuicios y experiencias limitadas a barrios con vista al río. Una nueva fisura en medio de tantas grietas para la pelea política.
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