A la hora de cuestionar la presentación judicial del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado contra las sesiones remotas, Cristina Kirchner volvió a apelar a un concepto que viene repitiendo en los últimos años, especialmente desde que dejó el poder: la judicialización de la política.
“Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático”, opinó en Twitter la vicepresidenta al citar el comunicado del bloque de senadores del Frente de Todos.
El primero en contestarle en la misma red social fue el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. “Aceptar las reglas democráticas empieza por casa y el ejemplo lo tiene que dar la presidencia del cuerpo. Las reglas democráticas implican poder cumplir los procedimientos y los reglamentos del propio senado”, opinó. Y agregó: “La democracia no es la imposición de los números, la democracia implica en el marco de la excepcionalidad de la pandemia, protocolos de emergencia que cuenten con el respaldo y la unanimidad de las fuerzas políticas”.
En tanto, el senador Martín Lousteau le pidió a la vicepresidenta que respete las reglas democráticas. “Las reglas del juego democrático no implican que si tengo mayoría, hago lo que se me canta, saltando las normas. La mayoría no es una razón y mucho menos para hacer cualquier cosa, es un método para definir algunas cuestiones, como otras requieren otras validaciones. Por culpa de imponer la tiranía de la mayoría transitoria en lugar de respetar las reglas y los acuerdos, el Estado y la sociedad argentina están cómo están. Por eso tenemos las crisis recurrentes que tenemos. Incluso la mayoría también está sujeta a reglas, el problema es que algunos entienden que el poder que da la mayoría, es un poder para abusar”, opinó ante una consulta de este medio.
La vicepresidenta apeló al concepto de la “judicialización de la política” cada vez que tuvo que visitar el edificio de Comodoro Py o ante el avance de las causas en su contra. “Hay una judicialización de la política que tiene por objeto que los argentinos no hablen de las cosas que les preocupan como el tarifazo”, se quejó en julio de 2016 luego de notificarse del procesamiento en el causa del dólar futuro. Se refería a las denuncias en su contra y contra los funcionarios de su gobierno.
Un año después, cuando fue a declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, sostuvo que se trataba de una “inaceptable judicialización” en el contexto de un “cronograma judicial que se da en paralelo con el cronograma electoral, nunca visto”. Y hasta hizo responsable al entonces presidente Mauricio Macri de “persecución política, degradación de nuestra democracia, un uso partidario, obsceno, donde el Poder Judicial actúa casi como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo”.
“La idea de la judicialización de la política es una regresión, es volver a la teoría de las cuestiones políticas no justiciables, que fue abandonada poco después de la transición democrática, porque en realidad implicaba la generación de zonas de la actividad estatal sin poder ser objeto de los jueces”, opinó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay ante una consulta de Infobae.
Dicho en términos teóricos, la judicialización de la política se da cuando la Justicia se transforma en árbitro de procesos políticos e institucionales. “Judicializar el conflicto político es postergar su resolución y quitarle el protagonismo a los que luchan en el espacio público”, sostiene Lucas Arrimada, profesor de Derecho Constitucional.
El concepto no es nuevo. “Exigimos que la Justicia investigue hasta el final cualquier hecho supuestamente ilegal, pero teniendo en claro que la convivencia democrática y la vigencia de la libertad exigen que no se politice la Justicia ni se judicialice la política”, afirmaba un documento del Partido Justicialista a favor del ex presidente Carlos Menem, allá por 2001.
Pero el kirchnerismo también recurrió varias veces a la Justicia para dirimir cuestiones partidarias. De hecho, en 2010, un sector del kirchnerismo recurrió a la Justicia para intentar que Mauricio Macri no pueda presentarse a la reelección como Jefe de Gobierno por estar procesado en el caso de presuntas escuchas ilegales.
Sin ir tan lejos, en abril pasado la vicepresidenta recurrió a la Corte Suprema y obtuvo una declaración de certeza para poner en marcha el sistema de sesiones remotas. La presentación estuvo a cargo de la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort. El objetivo, en ese entonces, era evitar presentaciones futuras contra el proyecto de ley sobre el impuesto a la riqueza. La presentación de esa iniciativa se demoró más de la cuenta y terminó enredada en la pelea entre el oficialismo y la oposición.
“En nuestro sistema, cualquier afectación de derechos y garantías es susceptible de la revisión judicial. Cuando están en juego cuestiones procedimentales para el funcionamiento de la democracia es posible judicializarlo. Ahora, hacer una permanente judicialización de todo, lleva a una ruptura del diálogo entre oficialismo y oposición”, opinó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ante una consulta de Infobae.
La UCR y el PRO hicieron una presentación judicial ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para impugnar la votación de la semana pasada en la que el Frente de Todos, extendió la virtualidad, con mayoría simple, por otros 60 días. En el amparo, firmada por los abogados Antonio María Hernández y Ricardo Gil Lavedra, se sostiene que se trata de una modificación del reglamento y que por lo tanto se requieren dos tercios de los votos para que sea válido.
Ante la acusación de “judicializar la política” de la vicepresidenta, en la redes la acusaron de “politizar la Justicia”, por ejemplo con la remoción de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. “Lo malo no es judicializar la política cuando se violan las leyes, lo malo es politizar lo judicial cuando se violaron las leyes”, le contestó en Twitter el ex consejero Alejandro Fargosi.
La definición de ese tema quedó en manos de la Corte Suprema, que hoy decidió tratarlo en el acuerdo del próximo martes. Los tres jueces –Bruglia y Bertuzzi en conjunto– iniciaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación de revisar sus traslados. Tras la intervención del Consejo, el Senado no les dio acuerdo y el Poder Ejecutivo publicó un decreto para desplazarlos.
Consultado por los dichos de la vicepresidenta, el diputado Juan Manuel López, uno de los referentes de la Coalición Cívica, defendió la presentación judicial: “Las reglas del juego democrático incluyen a las minorías, a las decisiones claves por mayorías calificadas, a la división de poderes y a un árbitro como la Justicia que revise cuando se violan los procedimientos”.
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