La Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó este jueves el proyecto de Ley de Víctimas, que busca otorgar mayor participación y garantías durante el proceso penal a las víctimas de delitos y asistencia jurídica gratuita cuando no puedan afrontar los gastos. Con la media sanción, la iniciativa pasará ahora a Diputados.
Luego de polémicas discusiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el tratamiento del proyecto en comisiones, oficialismo y oposición llegaron a un acuerdo y ayer lograron aprobar el proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución Penal, con el objetivo de “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, evitando la revictimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso”.
“Este es un paso más en favor de la ampliación de los derechos, es una ley trascendente que garantizará que todas las voces de las víctimas sean oídas y tenidas en cuenta en el proceso penal”, expresó el senador radical y uno de los impulsores de la iniciativa, Leandro Blanco. “Esta es una ley que nos debíamos como sociedad. Las víctimas no pueden seguir esperando, es momento que puedan alzar su voz”, ratificó al término de la sesión del jueves.
Las víctimas, que hasta ahora deben constituirse en particulares damnificados para poder intervenir en el proceso, contratando y abonando su propio patrocinio legal, podrán hacerlo “ante su mera solicitud” si la ley se sanciona. El proyecto considera tres tipos de víctimas: las directas -la persona afectada por el delito-, las indirectas -grupo familiar de la anterior- y las colectivas, es decir, asociaciones civiles en los casos de delitos “que se vinculen directamente con su objeto social”.
Además, contempla asistencia letrada gratuita a las víctimas "cuando por las circunstancias del hecho y por situaciones de vulnerabilidad de la víctima, se encuentre imposibilitada de afrontar los gastos”.
Por otra parte, se crea el Observatorio de Víctimas de Delitos dentro de la Legislatura bonaerense, organismo que estará a cargo del “monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas del delito, sus familias y entornos”.
En tanto, también se prevé que durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada sobre las salidas transitorias, el régimen de semilibertad, la libertad condicional y la prisión domiciliaria, entre otras medidas de seguridad. En el caso de que no deseen ser notificadas, podrán manifestarlo y este derecho deberá ser respetado.
En cuanto a la aplicación de las medidas de protección a las víctimas, se creará el Registro Provincial de Abogados y Abogadas de la Víctima en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA), organismo que arbitrará los medios necesarios para el funcionamiento uniforme del registro en todos los Colegios departamentales.
A través de sus redes sociales, el senador de Juntos por el Cambio, Walter Lanaro celebró que “con el eje puesto en la rapidez de acción, la protección de la víctima y la garantía de una correcta representación, esta Ley va a romper el paradigma de una Justicia garantista”.
El debate en la provincia llevaba más de tres años, ya que la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos había sido aprobada en el Congreso Nacional en 2017. Esta ley es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa. Este último es el caso de Buenos Aires.
Pese la media sanción lograda este jueves, el debate previo en comisión estuvo marcado por la polémica, ya que mediante un despacho de minoría el kirchnerismo intentó introducir beneficios para los victimarios. "Existieron posiciones muy contrapuestas en todo este proceso y la búsqueda de consensos fue compleja. Mientras desde Juntos por el Cambio proponíamos defender a las víctimas, desde el Frente de Todos buscaban, con un dictamen en minoría, liberar presos”, acusó Lanaro.
Al trascender el escándalo, el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona -presidente de la Comisión de Legislación General- aseguró a Infobae que de ninguna manera se incluirían en el proyecto de Ley de Víctimas normas en beneficio de los imputados y procesados.
“A partir de la apertura que hicimos a la participación ciudadana, pudimos dar forma a un proyecto de ley que tiene mucha fortaleza y mucho consenso, no solamente entre los bloques que conforman el Senado, sino -fundamentalmente- entre los representantes de las asociaciones de víctimas y familiares, que esperan de nosotros respuestas concretas”, expresó este jueves Durañona.
También celebró la aprobación del proyecto el diputado nacional Sergio Massa. En sus redes sociales destacó que “proteger a la víctima frente al delito es el camino. Un camino que debemos transitar para construir una sociedad más justa y equitativa”.
Con la media sanción del Senado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio deberán lograr consenso en la Cámara Baja para la aprobación definitiva.
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