Una copia traducida al inglés del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congeló las tarifas de internet, telefonía y televisión por cable y permite al gobierno peronista condicionar las decisiones de las empresas nacionales y extranjeras que prestan esos servicios, fue enviado desde la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio para su exhaustivo análisis antes que Donald Trump ordene que acciones ejecutará contra la inesperada intervención de Alberto Fernández.
Un análisis preliminar del DNU efectuado en Washington sostiene que se trata de una decisión política que viola contratos vigentes, afecta la seguridad jurídica y permite la posibilidad de iniciar un juicio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que pertenece al Banco Mundial (BM).
Sin embargo, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, el Ala Oeste de la Casa Blanca y la US Business Chamber -la Cámara de Comercio de Estados Unidos- aguardarán la reglamentación del DNU 690/2020 antes de diseñar una ofensiva diplomática contra la intervención del Gobierno en las empresas privadas que prestan servicio de telefonía, internet y televisión por cable.
La espera del establishment político y económico de Washington será en vano. La Casa Rosada, el ENACOM y la Cancillería dijeron a Infobae que la reglamentación del DNU será una pieza jurídica destinada sólo a ratificar los conceptos básicos de la norma extraordinaria que Alberto Fernández firmó junto a sus 22 ministros.
Las empresas norteamericanas que sufren el DNU 690/2020 tienen una estrategia diferenciada respecto a las eventuales sanciones políticas o económicas que aplicará la Casa Blanca al gobierno peronista. Esas compañías vinculadas al servicio de televisión o internet decidieron apelar -en principio- a la vía diplomática. Y por eso, ya solicitaron audiencia a Jorge Arguello, embajador argentino en Estados Unidos.
Arguello habló ayer con Felipe Solá, y la instrucción del canciller argentino fue abrir las puertas de la embajada en DC para escuchar los reclamos de las empresas afectadas y ofrecer los argumentos políticos y económicos que justificarían la decisión presidencial. “Vamos a explicar que estamos en una pandemia, que no podemos autorizar los aumentos, y que no se trata de una acto contrario a derecho”, aseguraron en el Palacio San Martín.
La ofensiva diplomática de la Casa Blanca y el lobby de las compañías norteamericanas frente a Arguello contrasta con la estrategia diseñada por empresas tecnológicas que tienen casas matrices en España, China y México.
Telefónica espera la reglamentación del DNU antes de pedir la mediación de la Moncloa, Claro de la familia Slim es cauteloso y apuesta al prestigio que ganará su principal accionista con la vacuna contra el COVID-19, y Beijing no hará nada en defensa de Huawei, ya que privilegia su táctica de acercamiento constante a la quinta de Olivos.
Con la excepción de la Casa Blanca, que protege los intereses de las compañías norteamericanas, Solá no ha recibido quejas de sus aliados de Europa y América Latina. El canciller reveló a sus asesores de confianza que la pulseada por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) continúa vigente y que no creía que Argentina pudiera perder el apoyo de España por la decisión de congelar las tarifas de internet, cable y telefonía.
“Hable con Arancha, y no salió el tema de las tarifas. No me dijo nada”, comentó Solá a su staff de la Cancillería, en referencia a Arancha González Laya, ministra de Relaciones Exteriores de España.
A diferencia de Solá y Arguello que aún no deben enfrentar la presión de la Casa Blanca, Martín Guzmán estará en dificultades para explicar al Fondo Monetario Internacional (FMI) el doble estándar de apoyar la competencia y el libre comercio, y a su vez sostener la necesidad política de congelar tarifas e intervenir en las cuentas de las compañías vinculadas a la tecnología y el entretenimiento.
A través del Departamento del Tesoro, Donald Trump puede ejecutar una maniobra contra Alberto Fernández por su DNU intervencionista y la decisión de enfrentar a Mauricio Claver como candidato norteamericano a la Presidencia del BID.
Pero la ofensiva de Trump no terminará en el FMI, cuando la administración republicana asuma que Alberto Fernández no moverá una coma de su DNU 690.
Trump castigó con mayores aranceles a la exportación argentina de acero, aluminio y biodiesel, en medio del conflicto geopolítico entre DC y Beijing. Y no dudará en repetir ese movimiento económico para proteger a las empresas norteamericanas que fueron impactadas por decisión de Alberto Fernández.
Se trata de una política de Estado: no importará si en el Salón Oval está Trump o su adversario demócrata Joe Biden.
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