Hacía más de 15 días que la Casa Rosada había empezado a definir el congelamiento de tarifas de Internet, telefónicas y servicios de cable. Fue una decisión de Alberto Fernández ante la negativa de las empresas proveedoras de congelar los precios de sus servicios hasta fin de año, en el marco de la emergencia sanitaria y la larga cuarentena preventiva por la epidemia del COVID-19.
“No estoy en guerra con nadie”, aseguró el Presidente para justificar una decisión económica que afecta los conceptos de libre empresa y libertad de mercado.
Desde la oposición, a diferencia de la lectura política que hizo Alberto Fernández, se entrevió que la jugada le sirvió al Presidente para mostrarse más duro contra la oposición y “los grupos mediáticos hegemónicos”, como le gusta decir al kirchnerismo duro.
Es decir, que el DNU de congelamiento de tarifas llega en un momento donde la reforma judicial y su “enmienda contra los medios” impuesta desde el cristinismo puro había desatado ciertas fricciones con la Casa Rosada.
Sin embargo, el origen y la razón de ser de este polémico DNU se gestó mucho antes de la “enmienda” del senador Oscar Parrilli al proyecto de reforma judicial. En abril, el presidente Alberto Fernández ya había alertado al ENACOM y a varios de sus ministros que el aumento desmedido de las telefónicas no se ajustaba con la realidad de crisis económica.
Y en este contexto político, frente a la negativa de las compañías de evitar un aumento de tarifas, el jefe de Estado resolvió congelar sus e intervenir en las decisiones privadas referentes a costos, niveles de inversión y beneficios económicos futuros.
El titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, alertó a las telefónicas que los aumentos propuestos eran “desmedidos”. Había servicios, como el de la telefonía fija, que contemplaba en algunos casos incrementos de hasta el 40%. “Este es un rubro que le golpeará directo y muy fuerte a los jubilados que siguen usando los teléfonos fijos en medio de la cuarentena”, adelantó Ambrosini.
A la vez, hubo un reclamo de un grupo de senadores liderados por el kirchnerista Alfredo Puenzo, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Libertad de Expresión. Y como si todo esto fuera poco, se planteó una presentación en el Senado de 22 asociaciones de defensa de Consumidores de todo el país que denunciaron ante el órgano regulador fuertes aumentos tarifarios en la prestación de los servicios de TV por cable.
Ante este contexto de reclamos por un lado, y la presión de las telefónicas por ejecutar de todas maneras con aumentos de entre el 14 y 15%, Ambrosini fue a la Casa Rosada y se reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
En ese cónclave, Cafiero y Todesca evaluaron todos los informes que llevó el titular del ENACOM. También se analizó allí la presión de los senadores del PJ. En un chat que compartía Ambrosini con los senadores del bloque del PJ, se alertaba sobre el malestar creciente ante los aumentos de las telefónicas.
“Hay que seguir evaluando todo. Pero las empresas deben entender que en este momento de pandemia no se le puede exigir a los argentinos aumentos tan fuertes en un servicio esencial como la comunicación”, destacó el jefe de Gabinete tras esa reunión con el titular del ENACOM.
La intervención a las empresas privadas ya estaba en marcha. Sólo faltaba el anunció presidencial, que ocurrió el viernes pasado.
“Yo no me meto en la economía de las empresas, pero les planteamos que el aumento era demasiado y se propuso que el próximo sea el año que viene. Y no pasó. Por eso el Gobierno tomó esta medida, que acompaño”, dijo Ambrosini en una entrevista con Infobae.
En Olivos, aunque no le dicen en público, aguardan que las compañías del sector se presenten en los Tribunales con un recurso de amparo contra el DNU de Alberto Fernández. Será una larga batalla jurídica.
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