La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación convocó para el próximo 4 de septiembre a una audiencia pública para tratar los pliegos de los 10 jueces trasladados que son objetados por el oficialismo. Entre ellos están los camaristas de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a pesar de que los ampara una medida precautelar de la justicia para que el Senado no avanzara con sus traslados.
Dos días después de la marcha del banderazo de protesta y tras la avanzada del Frente de Todos en el Congreso, que rechazó el fallo de la jueza María Biotti para no tratar los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, se publicó hoy en el Boletín Oficial la convocatoria para la audiencia con los 10 jueces. Será el próximo 4 de septiembre a las 10:30 por videoconferencia por la pandemia del coronavirus.
Previamente hay un plazo del 21 al 27 de agosto, inclusive, para que organizaciones civiles, de derecho y ciudadanos puedan hacer presentaciones con apoyos o críticas a los postulantes y preguntas para la audiencia. Luego, los candidatos tienen tres días para responderlas, según fija el reglamento de la Cámara del Senado.
Junto con Bertuzzi y Bruglia los otros jueces objetados son Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Todos fueron trasladados desde su tribunal de origen al actual mayormente durante el gobierno de Mauricio Macri. La objeción del oficialismo es que esos traslados se hicieron incumpliendo una serie de requisitos, entre ellos la aprobación del Senado. También, según cada caso, los traslados entre distintas jurisdicciones, competencias y jerarquías.
El Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y la acusación de jueces nacionales y federales, primero aprobó por mayoría el tema. Luego pasó al Poder Ejecutivo que remitió la semana pasada los pliegos al Senado para su tratamiento.
Tres de los 10 jueces señalados hicieron presentaciones judiciales. Fueron Bruglia, Bertuzzi -los dos en conjunto- y Castelli, juez del Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Los tres sostienen que sus traslados se hicieron cumpliendo la normativa vigente, que una acordada de la Corte Suprema fijó que para sus casos no es requisito el tratamiento en el Senado y tienen derechos adquiridos que solo pueden ser revisados por un juez. Los tres presentaron amparos en la justicia que están bajo tratamiento.
“Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación - como medida interina - suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, resolvió la jueza Biotti la semana pasada.
A pesar de eso, el oficialismo aprobó ayer en el Senado un dictamen que rechazó la resolución de la jueza. “Hay un esquema de gravedad institucional, obviamente que hay una extralimitación por parte de la jueza al pretender ordenar al Senado que no dé tratatamiento a las notas remitidas por el Poder Ejecutivo, avasallando nuestra potestad”, dijo José Mayans, jefe de la bancada K en el Senado. “Esto no es un hecho aislado, se enmarca en el avance contra el procurador (Eduardo) Casal y la reforma judicial. Nos estamos entrometiendo en un proceso de otro poder”, contestó el senador Esteban Bullrich para rechazar el dictamen.
Un cuarto juez, Farah, hizo una presentación en el Senado. Explicó las circunstancias políticas y judiciales por las cuales pasó de la Cámara Federal de Comodoro Py a un Tribunal Oral en lo Penal Económico primero y después a un Tribunal Oral Federal de San Martín, donde se encuentra actualmente.
Tras la audiencia del 4 de septiembre la Comisión de Acuerdos quedará en condiciones de emitir dictamen sobre los pliegos. La práctica habitual es que sea en la misma audiencia. Después pasa al pleno del Senado. El oficialismo tiene los votos -se necesita mayoría simple- para aprobar o rechazar los pliegos que quiera.