La fiscalía federal de Lomas de Zamora pidió este lunes al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de los ex directivos de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por considerarlos responsables del espionaje que se hizo sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria, y por haber luego dado “apariencia legal” a esos operativos, al justificarlos en una causa para prevenir atentados terroristas que ya existía. “Sería absurdo concebir que un despliegue de espionaje como este” sobre la ex jefa de Estado se hubiese podido llevar adelante “sin la orden de las autoridades superiores del organismo”, sostuvo el Ministerio Público según pudo saber Infobae en base a fuentes judiciales.
El pedido fue solicitado por el fiscal Santiago Eyherabide, quien junto a la fiscal Cecilia Incardona -por estas horas recluida por coronavirus- trabajaba en la investigación del espionaje ilegal sobre distintos dirigentes políticos, sindicales, periodistas, jueces y organizaciones sociales. El planteo, no obstante, fue sólo en el capítulo sobre el episodio descubierto en el Instituto Patria.
Además de Arribas y Majdalani, también se pidió el procesamiento de Martín Coste, el último director de Contrainteligencia durante el macrismo y quien -en su indagatoria- confirmó cómo se llevaron adelante las maniobras del montaje legal sobre esas vigilancias. También que se solicitó que dicten fuertes embargos sobre sus bienes y se les prohíba salir del país.
En sus indagatorias, Arribas y Majdalani habían rechazado las acusaciones y aseguraron que fueron observaciones que se hicieron en el marco de una causa legal. También apuntaron contra Coste, como responsable del sector, si es que hubo alguna irregularidad.
Después de escuchar a los acusados y analizar las pruebas, la fiscalía le pidió al juez Augé que procese sin prisión preventiva a Arribas, Majdalani y Coste por falsedad ideológica y violación a la ley de inteligencia, confirmaron a Infobae fuentes consultadas. En la causa ya estaba procesado Alan Ruiz, el ex responsable de Operaciones Especiales de la AFI. A criterio del Ministerio Público, los acusados elaboraron, firmaron y utilizaron documentos “ideológicamente falsos” para “eludir su responsabilidad funcional y penal”.
Para el Ministerio Público, no hay dudas de que Arribas y Majdalani “tenían un acabado conocimiento de la inteligencia ilegal aquí investigada” que llevó adelante Alan Ruiz, quien fue advertido -dijeron- de que era ilegal hacer vigilancia sobre la ex presidente. “En su calidad de funcionarios públicos de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional”, los ex directivos de la AFI llevaron adelante conductas “específicamente prohibidas por la ley”, se afirmó.
Además de solicitar los procesamientos, la fiscalía también rechazó el planteo de nulidad por falta de acción que había planteado la defensa de Majdalani. La ex subdirectora de la AFI reclamaba el cierre de la investigación, en base al sobreseimiento que le había dictado a ella y a Arribas el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pero la fiscalía rechazó esa interpretación, además de señalar que, en todo caso, ese sobreseimiento fue por un lapso de tiempo mucho menor al que duraron las vigilancias.
Por su parte, la defensa de Arribas reclamó en Comodoro Py que la causa de Lomas de Zamora pase a los tribunales de Retiro porque todos los hechos denunciados ocurrieron en Capital Federal. Hoy el fiscal Carlos Stornelli dictaminó por darle la razón. Ahora debe resolverlo la jueza María Eugenia Capuchetti.
No es la primera vez que el caso del espionaje amenaza con salir de Lomas de Zamora: el fiscal Guillermo Marijuan habían motorizado el pedido de la causa al juez Villena hace un mes, a raíz de la investigación por el atentado al ex funcionario José Vila, pero sólo se quedó con ese episodio puntual que ya tramitaba desde 2018 en su fiscalía, según el criterio de la Cámara Federal.
En agosto de 2018, un auto de la AFI fue detectado en la puerta del Instituto Patria. El kirchnerismo denunció ese episodio en Comodoro Py. En aquel momento, la AFI explicó que se estaban haciendo tareas de prevención por la cumbre del G20 en el marco de una causa que tramitaba el juez Federico Villena, de Lomas de Zamora. Con esa explicación, Martínez De Giorgi dictó los sobreseimientos de Arribas y Majdalani.
Sin embargo, en febrero pasado, la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció ante el propio Villena que habría existido un entramado desde la propia AFI para justificar operaciones de vigilancia sobre Cristina Kirchner y presentó documentación. Villena se excusó de intervenir, aunque en su juzgado explotó la causa contra más espiados: no solo CFK sino también distintos políticos del macrismo, junto a periodistas, jueces y gremialistas, entre otros, según las pruebas que se encontraron en los teléfonos de un grupo de espías. A principios de junio, después de una veintena de detenciones e indagatorias, la Cámara Federal de La Plata apartó a Villena y le pasó el expediente a su colega Augé.
La fiscal Incardona, que trabajaba los dos expedientes, concentró el comando de la investigación. Apenas unas horas después, pidió el procesamiento de Alan Ruiz, que por esas horas estaba preso; y las indagatorias de Arribas, Majdalani y Coste. En la causa constaba la declaración a un grupo de espías que, como testigos de identidad reservada, relataron que la orden era observar si sacaban cosas o si transportaban “bolsos, mochilas, documentación o dinero” en la casa de CFK o en el Instituto Patria. Era julio y agosto de 2018, cuando explotaba la causa de los cuadernos.
Precisamente, a la hora de evaluar las pruebas en este dictamen, Incardona y Eyherabide aseguraron que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018″, Arribas y Majdalani “impartieron órdenes a Alan Ruiz, Jefe de Operaciones Especiales, para que entre otros, coordine un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia” que se dedicaron a realizar “tareas de inteligencia y espionaje ilegal” sobre distintos dirigentes políticos, sindicales y sociales, entre otros. Y en ese contexto ocurrió la vigilancia del Instituto Patria, por la que Arribas, Majdalani y Coste declararon en indagatoria.
En un tramo del escrito entregado al juez, la fiscalía destacó que Coste “explícitamente” corroboró que “las acciones de inteligencia no estaban respaldadas por ninguna orden judicial y que recién mucho tiempo después, cuando sabían que vendría el oficio” de la justicia solicitando información. Fue así que, “con epicentro en la dirección de asuntos jurídicos” se llevaron adelante las maniobras investigadas para confeccionar los documentos legales que sirvieron para justificar las vigilancias. Más allá de las explicaciones de Coste sobre su imposibilidad de denunciar las ilegalidades que presenciaba, la fiscalía también lo incluyó entre los imputados a ser procesados.
Coste pasó por el juzgado el 10 de julio para declarar en indagatoria. Ese fin de semana se sintió mal. Los estudios determinaron que tenía coronavirus. Después de su declaración, también se contagiaron la fiscal Incardona, el juez Auge y hasta su propio abogado defensor. Pese a eso, Augé no solicitó licencia. Ahora tiene bajo estudio el planteo de la fiscalía y resolverá en los próximos días la situación procesal de los imputados.
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