Críticas de abogados por la falta de pluralidad del consejo asesor que conformó Alberto Fernández para analizar la reforma de la Corte Suprema

Coinciden que la mayoría de los 11 integrantes responden ideológicamente al Presidente y a Cristina Kirchner. Además, se oponen a aumentar los miembros del Máximo Tribunal

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El presidente Alberto Fernández presentará mañana a la tarde la reforma judicial

A horas del anuncio de la reforma judicial, cinco juristas consultados por Infobae cuestionaron la falta de pluralidad del consejo asesor de 11 miembros elegido por el presidente Alberto Fernández para elaborar ideas sobres posibles reformas de la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, entre otros temas claves del funcionamiento de la Justicia. También criticaron el momento elegido para reformar el Máximo Tribunal y las modificaciones que trascendieron hasta ahora.

“Conozco a la mayoría de los integrantes del consejo. Mas allá de sus calidades personales, es notoria la afinidad ideológica con el presidente y la vicepresidenta. Se prefirió elegir a dedo”, opinó el constitucionalista Gregorio Badeni. En tanto, el abogado Manuel Garrido admitió que la oposición no está representada, aunque advirtió que “es difícil elegir una comisión pluralista en medio de la grieta”. “Es lógico que la comisión sea afín al presidente, pero es para destacar que tiene equilibrio de género y equilibrio federal”, agrego el ex fiscal.

Efectivamente, de los 11 integrantes del consejo, 5 son mujeres: Hilda Kogan, Claudia Sbdar y María del Carmen Battaini, Marisa Herrera y Inés Weinberg de Roca, la candidata propuesta por Mauricio Macri para la Procuración General. Además, hay varios representantes de cortes y tribunales del interior.

Para el abogado constitucionalista Roberto Gargarella, el consejomezcla gente competente e independiente, como Hilda Kogan, con gente que no se justifica que esté allí, como el abogado de Cristina”, Carlos Beraldi.

Weinberg de Roca se quedó en la puerta de ingresar a la Procuración. (Maximiliano Luna)

Los once miembros asesorarán al Presidente en temas clave vinculados al funcionamiento de la Justicia que también inquietan a la oposición: además de la reforma de la Corte Suprema, incluye posibles cambios en el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, composición y alcance del recurso extraordinario y el Juicio por jurados.

El Presidente le dio 90 días a la comisión para presentar las propuestas. En el Gobierno admiten que fue una manera de postergar las reformas más sensibles y donde menos consenso existe.

La mayoría de los miembros del consejo estarán presentes mañana, en el lanzamiento formal de la reforma judicial. Para Gargarella, el momento elegido para lanzar la reforma es inoportuno. “En términos generales, resulta insultante impulsar una reforma judicial cuando el país se cae a pedazos, tenemos el riesgo de que los hospitales se queden sin camas para atender urgencias, y perdemos miles de puestos de trabajo por día. Necesitamos reformas urgentes pero de otro tipo. Y en términos específicos, el momento de la reforma es pésimo, por las causas abiertas que tiene el poder sobre sí, y el riesgo obvio de que se use esta oportunidad de reforma para los peores fines: insistir con una práctica de impunidad en la que estamos insertos desde hace décadas”, le dijo a Infobae ante una consulta puntual.

El consejo tiene mayoría de penalistas, la misma rama que enseña el Presidente en la Facultad de Derecho. Sin embargo, los juristas coinciden que no afectaría la conformación final. “El Derecho es uno solo, los integrantes tienen que saber cómo funcionan los Tribunales, y la sociedad está reclamando soluciones en la rama penal”, sostuvo el ex camarista Mario Filosof ante una consulta de Infobae. Y agregó: “Nadie puede dudar de la calidades personales de Arslanian o de (Enrique) Bacigalupo, que se destacó en España”.

Badeni también relativizó la cantidad de penalistas. “Los integrantes tienen conocimiento general del Derecho, hay penalistas pero también constitucionalistas y representantes de otras ramas”, sostuvo. No obstante, cuestionó que “no hubo consultas a los colegios de Abogados y tampoco a las universidades que están al margen de las peleas políticas”.

Consultado al respecto, el jurista Roberto Saba sugirió que la comisión debería tener “más constitucionalistas”, ya que debatirá sobre la reforma de la Corte, y destacó la presencia de algunas figuras que no responden al partido de Gobierno como Weinberg de Roca o Hilda Kogan. “Por ahí se dijo que es similar al Consejo para la consolidación de la democracia que lanzó Ricardo Alfonsín pero no tiene comparación”, sostuvo el Director del Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Palermo.

Además de las cinco mujeres, también fueron convocados Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, Omar Palermo, juez de la Corte de Mendoza, Carlos Arslanian, ex juez del juicio de las Juntas Militares, Enrique Bacigalupo, experto en derecho penal, y Gustavo Ferreyra, constitucionalista.

(Franco Fafasuli)

Filosof, que preside la Comisión de veedores del Colegio Público de Abogados, destacó el “abanico de ideologías” representadas en la comisión. “Me hizo acordar a la Corte Suprema de Néstor Kirchner”, dijo. Sin embargo, se manifestó en contra de la intención de ampliar los jueces del Máximo Tribunal: “Necesitamos una Corte independiente, no creo que sea necesaria una ampliación y una división en salas. A la Corte hay que darle una competencia específica para que no tenga tantas causas”.

Para Badeni, que vio innumerables proyectos para reformar la Corte y sigue activo a sus 77 años, el número de jueces no debería modificarse. “Con cinco jueces el funcionamiento es más ágil. Esta reforma que se propicia responde a fines políticos”, lanzó. Algo similar planteó Saba: “No es el momento para hacer cambios en la Corte. Nunca hay un número mágico de jueces, pero la Corte no debería decidir más casos y tampoco debería estar dividida en salas”.

Manuel Garrido, en cambio, se mostró a favor de ampliar el número de jueces siempre y cuando “se establezca un mecanismo para que el aumento sea escalonado y que hay un acuerdo político para cubrir las vacantes”. “Lo más importante es cambiar el proceso interno de la Corte para que haya más oralidad y se reduzca el número de casos”, agregó.