La primera denuncia por fraude contra un concejal salteño, acusado de cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que está destinado para compensar la pérdida económica que genera el aislamiento obligatorio en medio de la pandemia por coronavirus, desató una avalancha de investigaciones que involucra a 52 ediles de 30 departamentos provinciales.
El escándalo político y social en el que está inmerso Salta ya generó acusaciones cruzadas y desmentidas por parte de algunos de los involucrados, entre los que también hay un diputado y un intendente, en momentos en que a muchas personas les fue rechazado ese beneficio y su situación es realmente más delicada que la de esos políticos.
La noticia de que el concejal de Guachipas, Héctor Cari había cobrado el IFE llegó a oídos de la fiscal Verónica Simesen de Bielke quien tras radicar una denuncia de oficio por “fraude a la administración pública” ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino, corroboró que Cari cobró el primer pago y está a la espera del segundo.
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Eso generó que se ampliara aún más la investigación luego de que los medios FM Noticias, Buufo y Salta Entre Líneas hicieran un entrecruzamiento entre los datos de los concejales, intendentes y diputados de la provincia y la página de la ANSES y encontraran que en total son 52 los políticos que se inscribieron para recibir ese subsidio estatal. No obstante, el informe periodístico también señala que algunos de los trámites fueron rechazados; aunque en otros, el sistema advierte que el pago del segundo aporte “está listo para hacerse efectivo al beneficiario”.
De la investigación además se desprende que muchos de los sueldos de los ediles no estarían registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron ninguna irregularidad al momento de aprobar la ayuda. Sea como fuere, el escándalo se sostiene en la acción consciente y voluntaria de los concejales que intentaron acceder al cobro de esos 10 mil pesos aún sabiendo que no les correspondía.
El bochorno no tardó en difundirse a través de las redes sociales y rápidamente llegó a los involucrados que argumentaron todo tipo de excusas. Según el diario El Tribuno, algunos admitieron la gestión de la ayuda, otros dijeron que la tramitaron para un tercero, en algunos casos desconocieron la inscripción, estuvieron lo que anticiparon acciones penales y hasta hubo quienes aseguraron que lo hicieron “para probar el sistema”.
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Entre quienes sí cobraron el IFE se encuentran Mónica Melisa Gonzalez (FS), de San Lorenzo; Carlos Cornel, de El Carril; Gabriel Elizabeth Cazon (PJ), de Aguas Blancas; Nicolasa Maras, de Los Toldos (PV) y Santos Ariel (PTP), de Rivadavia Banda Norte. Y la lista sigue. De hecho, los concejales Guillermo Aleman y Antonieta Ordóñez, de la Agrupación Democrática Comunal (Adeco) de Aguaray también reconocieron ante el presidente de ese partido comunal haberse inscrito para cobrar el IFE.
La explicación de Aleman fue que él quería probar cómo funcionaba el sistema porque mucha gente le había pedido que le realice la inscripción. Según el edil, si le salía el beneficio lo iba a devolver.
Ordóñez, en tanto, se justificó diciendo que ella se anotó porque una amiga de escasos recursos estaba cansada de inscribirse y siempre era rechazada. Que como ella tuvo mejor suerte que Aleman, una vez que le salió el beneficio fue al banco con la amiga, lo cobró y se lo entregó.
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En el listado de funcionarios que se anotaron pero que fueron rechazados se encuentran el actual intendente de El Quebrachal, Rolando Rojas; y el diputado provincial Francisco Osbaldo Acosta. Quienes tampoco cobraron el IFE fueron los concejales Héctor Barraza, Analía Leal y Marta López.
“Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio. Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley”, dijo el goberandor salteño Gustavo Sáenz en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “La política es servicio, es pensar en los demás, es trabajar por el bien común, para eso fuimos elegidos. No podemos defraudar la confianza de los salteños”.
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Mientras la fiscal penal Simesen de Bielke, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dispuso la apertura de una investigación para determinar si funcionarios públicos de la provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia, Sáenz pidió que quienes cobraron renuncien a sus cargos. “Atravesamos uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia, por vergüenza, los que hicieron esto y no pueden demostrar lo contrario deberían renunciar a sus cargos!”, escribió.
En Salta, 322.416 personas son las que perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto. Esto es aproximadamente un 25% de la población total de la provincia.
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