En medio de la cuarentena, la inseguridad vuelve a escalar y reactiva otras tensiones en la provincia de Buenos Aires

Una nueva entrega de la pelea entre Sergio Berni y Sabrina Frederic acaba de reponer en el temario político algo que desde hace casi dos meses viene escalando en la percepción social, es decir, en la agenda pública: la inseguridad. Alberto Fernández ya tenía indicios ciertos por sus contactos con intendentes bonaerenses del PJ, y con jefes comunales de la oposición. Axel Kicillof también lo registra, a pesar de los recelos que genera su relación con referentes propios y extraños del Gran Buenos Aires. La seguridad vuelve a mostrar que reactiva tensiones –muchas, de carácter presupuestario- y quema páginas del discurso supuestamente ideológico.

Hay a esta altura en el oficialismo, nacional y provincial, aceptación del crecimiento de los problemas de seguridad luego de una etapa en la que se difundía sólo el registro del primer cuatrimestre del año, teñido desde el punto de vista estadístico por el impacto de la baja en la primera y más restrictiva etapa de la cuarentena: el tercio final de marzo y todo abril. A partir de allí, el cuadro registra un nuevo crecimiento del delito, asociado a los efectos de los períodos más flexibles de aislamiento y –mirada inquietante- a la crisis agudizada por la cuarentena.

Este aspecto, el de los efectos de la crisis, expone el riesgo de prejuicios de arrastre y de un análisis con pinceladas estigmatizadoras en base a una tendencia dramática: el rápido crecimiento de la pobreza, con el agregado del impacto de la crisis en sectores medios y medio-bajos. Resulta llamativo el diagnóstico lineal que se hace en ámbitos provinciales y nacionales: encadena los efectos económicos de la pandemia –no hablan de la cuarentena, para colocar el acento en una circunstancia ajena a sus decisiones y políticas- con el aumento de la pobreza y vincula ese efecto social con el aumento real y potencial del delito.

Las estadísticas difundidas por medios oficiales señalan que en el lapso de enero a mayo los robos en sus distintas modalidades disminuyeron alrededor del 25 por ciento en la comparación interanual, aunque admiten que a partir de entonces las cifras tienden a igualarse con las del año pasado. Fuentes vinculadas a intendentes de JxC coinciden al menos en que ahora se estaría enfrentando una situación similar a la registrada antes de la entrada en cuarentena.

Algunas de esas consideraciones llegaron a Olivos y le agregaron urgencia a la necesidad de articular de algún modo la relación entre la ministra nacional y su colega bonaerense. El agravamiento del cuadro provincial podría impactar a todos. Sólo en microclimas muy cerrados puede suponerse que algo que lastima en la provincia de Buenos Aires no produce costo alguno a nivel nacional.

Kicillof se ha mostrado particularmente activo para tratar de lograr algún equilibrio entre Berni, designado por decisión directa de Cristina Fernández de Kirchner, y Frederic. Ese camino también fue alentado por Olivos. La cita de ayer terminó anotando una nueva muestra de tensión entre la ministra nacional y el ministro provincial, más allá del comunicado oficial, que de todos modos expuso un punto gravitante: la necesidad de coordinar acciones con las fuerzas federales en la Provincia, con mayor despliegue.

Berni no tiene tampoco una relación distendida con el conjunto de los intendentes, aunque algunos del PJ y también de JxC reconocen su peso y hasta una imagen nada desdeñable en algunas franjas de la sociedad. Hay síntomas de malestar acotado en el gobierno provincial, no sólo en Olivos, y hasta versiones de alguna carga desde organismos como el Cels y la Comisión Provincial de la Memoria. De todos modos, no parece sencillo correrlo del cargo en el actual cuadro de cuarentena, crisis e inseguridad. Y más aún, si la ofensiva en su contra termina siendo leída como un costo para CFK.

Los reclamos de los jefes comunales van más allá de esas especulaciones y correrían en paralelo con otras dificultades en el vínculo con Kicillof. Desde diciembre, el manejo de recursos es una de las cuestiones salientes que realimentan malestares. Y eso estaría lejos de haberse diluido en estos meses de necesidades extremas, con fuerte caída de ingresos propios en los municipios.

Un primer cálculo analizado en medios opositores señala que en el semestre que acaba de terminar, la provincia recibió alrededor de 90.000 millones de pesos extra o de manejo más discrecional, que superan la baja sufrida en los ingresos por coparticipación federal como consecuencia de la cuarentena. De ese total, apenas el 15 por ciento habría fluido de manera directa a los municipios en concepto de transferencias o crédito. Lejos de criterios cercanos al índice de reparto tradicional.

Otras demandas, en cambio, tienen color casi exclusivamente peronista. Hay intendentes del GBA que se sienten relegados en el manejo de la asistencia social y miran con recelos el despliegue en “sus” distritos de los movimientos sociales alineados con el oficialismo. Por supuesto, en medio del impacto creciente de la crisis, la contención es un objetivo central y una demanda en aumento, a pesar del trabajo de las iglesias Católica y evangélicas y de otras organizaciones.

No quedaría mucho espacio para dirimir disputas domésticas en áreas sensibles.