En la primera audiencia luego del receso por la cuarentena, la Oficina Anticorrupción pidió hoy una pena de 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez en el juicio por la ruta del dinero K, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares. El empresario ya acumulaba dos pedidos de penas de 9 y 8 años de cárcel de las otras dos querellas. Los abogados de la OA también pidieron penas para los cuatro hijos de Báez y solicitaron que el tribunal ordene el decomiso de los bienes investigados.
La querella de la OA también pidió que sean condenados el abogado Jorge Chueco, actualmente en libertad, y Daniel Pérez Gadin, una pieza clave en la estructura de Báez, a 7 años y 6 meses. En el caso de Leonardo Fariña, los abogados de la OA destacaron su rol como arrepentido y solicitaron una pena de apenas 3 años. “Los aportes de Fariña han contribuido a comprobar los hechos de lavado”, destacaron los letrados.
Luego de tres postergaciones y de innumerables problemas técnicos, esta mañana finalmente se pudo reiniciar el juicio de manera remota. La audiencia estaba prevista para las 9:30. A partir de ese momento, fueron apareciendo en la plataforma de Zoom los abogados y algunos de los imputados. El presidente del TOF 4, Néstor Costabel, informó que Lázaro Báez y su hijo Martín se negaron a ser trasladados dentro de la cárcel de Ezeiza para seguir la audiencia a distancia.
En ese contexto de cierta informalidad, un defensor oficial decidió seguir la audiencia desde una hamaca. Hasta los jueces del TOF 4 participaron a distancia. El único de los abogados defensores que no estaba presente a esa hora era José Manuel Ubeira, que representa a Federico Elaskar, y tuvo que ser reemplazado por otro colega.
Los primeros minutos transcurrieron entre ajustes técnicos y algunas aclaraciones previas de los abogados. Alejandro Baldini, que defiende a Leandro y Melina Báez, aclaró que sus defendidos estaban siguiendo la audiencia desde Río Gallegos, donde la señal podría sufrir interrupciones. “Estamos casi en Fase 1 porque hubo un rebrote de casos”, explicó. De hecho, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner firmó ayer un decreto que establece restricciones y la suspensión de ciertas actividades en Río Gallegos.
Recién pasadas las 10 de la mañana, los abogados de la OA retomaron su alegato con un Power Point donde estaban descriptas las operaciones de lavado de dinero en la compra de autos, campos y propiedades. Luego describieron los roles de cada uno de los 27 acusados.
En ese contexto, los abogados del organismo que preside Félix Crous aseguraron que Martín Báez “fue los ojos de su padre en el traslado del dinero a SGI” y que tuvo un rol clave en la conformación de la estructura bancaria en el exterior. “En los albores de la maniobra constituyó Teegan Belice y fue beneficiario de la cuenta de Fromental”, destacó uno de los abogados entre tantas operaciones. Para el mayor de los hijos, la querella pidió una pena de 8 años.
Sobre el final del alegato, se vivió hubo una situación tensa con los abogados de Báez, que reclamaban la suspensión de la audiencia para poder asistir a una prueba técnica en el juicio de obra pública. El presidente del TOF 4 interrumpió el alegato de la OA para cuestionar la actitud de la defensa. “Ustedes son dos abogados, ya les dije que puede ir uno al TOF 2 y el otro se queda en esta audiencia”, dijo con tono elevado y le cerró el micrófono a Juan Martín Villanueva, uno de los defensores del empresario.
El pedido de pena para Lázaro Báez, de 8 años y 6 meses, estuvo en la misma línea de las otras dos querellas. Antes del receso, la Unidad de Información Financiera (UIF) había pedido una pena de nueve años de prisión para el empresario, y la AFIP ya había pedido ocho años de cárcel.
Para los otros tres hijos, la OA también pidió condenas: Leandro (5 años), Melina (4 años y 6 meses) y Luciana (4 años y 6 meses).
El juicio se había suspendido el 11 de marzo y su reinicio fue demorado al menos tres veces por fallas técnicas. En un principio se iba a reanudar el 24 de junio; luego el 1 de julio, y por último se intentó que fuera el pasado miércoles 8, sin embargo nunca se superaron los problemas. Finalmente se optó por la plataforma Zoom.
En las próximas tres audiencias será el turno de la Fiscalía. A partir de ese momento el juicio entrará en la recta final con los alegatos de las defensas. El TOF 4 dispuso el siguiente orden: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez, 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza y así hasta llegar al número 27.
A partir de la semana próxima, las audiencias se llevarán a cabo los miércoles y los jueves a las 9:30.
La semana pasada, la Sala IV de la Cámara de Casación le había ordenado al TOF 4 que reanudara el juicio y celebrara por lo menos tres audiencias semanales hasta concluir el debate. La resolución cayó muy mal entre los jueces. En respuesta, el tribunal manifestó su “total discrepancia con la exigencia dispuesta” y dijo que el pedido “produce estupor”.
El tribunal integrado por Néstor Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti también se quejó por “la carencia de recursos (...) que no encontró una solución en los órganos que ejercen superintendencia”. Y le recordó a Casación que de los tres jueces que llevan adelante este juicio, solo uno es titular del TOF 4.
Lázaro Báez por ahora sigue detenido en Ezeiza
El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 4 decidió ratificar la fianza de $632.500.000 que le había impuesto al empresario Lázaro Báez. La decisión implica postergar, por un tiempo indefinido, su salida de la cárcel. Los jueces tampoco hicieron lugar a la prisión domiciliaria tal como la había ordenado el juez Sebastián Casanello, esto es, sin una fianza. De esta manera, los abogados de Báez ahora deberán seguir apelando el monto de la fianza ante la Cámara de Casación.
El fiscal Abel Córdoba había dictaminado a favor de reducir la fianza en pesos a 386.578.500, aunque mantuvo el monto en dólares. Sin embargo, el TOF ratificó el monto inicial de la fianza, tomando en cuenta el valor del dólar blue.
La situación de Báez se complicó aún más porque el TOF 4 pidió también un nuevo informe sobre el estado de salud del empresario y reclamó actualizar los datos sobre la situación socio-ambiental del domicilio denunciado, en el barrio Ayres del Pilar, donde tenía previsto vivir.
De esta manera, también quedó en suspenso el lugar elegido para cumplir con la domiciliaria. Báez había propuesto una casa en ese barrio privado, donde hubo protestas de los vecinos.