La Argentina expresó su profunda preocupación por las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela y pidió elecciones libres. ¿La sentencia marca un cambio de estrategia del gobierno nacional frente a los atropellos de Nicolás Maduro? El entorno del canciller Felipe Solá justificó su respaldo a los cuestionamientos de la ONU al sostener que esa fue siempre la posición histórica de Alberto Fernández, y a continuación explicó que esa perspectiva diplomática no implica avalar nuevas sanciones económicas contra Venezuela y menos aún apoyar una ofensiva militar de Estados Unidos para derrocar al régimen populista.
El mensaje que emitió hoy en Ginebra, Federico Villegas, el embajador argentino ante organismos internacionales “no modifica la postura de la Argentina de plantear sus preocupaciones por la situación de los derechos humanos en Venezuela”, explicaron ante las consultas de Infobae.
La posición de Alberto Fernández frente a Maduro aparece en medio de una compleja interna de poder que protagonizan los aliados políticos de Cristina Fernández de Kirchner. Esos aliados -que siempre apoyaron al régimen populista de Caracas- están cuestionado la intención presidencial de ejecutar una agenda de diálogo político al margen de las diferencias ideológicas o partidarias.
Asimismo, desde la Casa Rosada, se rechazó la idea de que haya un eventual cambio de mirada de la Argentina ante Venezuela para lograr un acercamiento con Estados Unidos, y justificaron el apoyo al nuevo informe de la comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por su seriedad institucional y su profundidad en las evidencias recogidas en el terreno.
“Desde la campaña presidencial Alberto Fernández denunció que en Venezuela hace falta restablecer el orden constitucional y allí ya apoyaba los informes de la ONU”, dijeron fuentes oficiales a Infobae.
A la vez, desde la Cancillería dijeron que una muestra de una postura “intermedia” es que el gobierno de Alberto Fernández no suscribió ningún comunicado del Grupo Lima que apuntaban a duras objeciones a Maduro con el aval a las sanciones económicas.
De esta manera, en el Gobierno aclararon que Alberto Fernández tiene dos reparos concretos o “dos ejes nodales” o “reparos irrenunciables” que plantear ante los cuestionamientos que se hacen contra Venezuela: la Argentina no avalará una intervención externa a Caracas como lo plantean algunos países de la región en línea con Estados Unidos.
Tampoco el gobierno argentino cree que las sanciones económicas al régimen de Maduro sean el camino indicado para el restablecimiento del orden institucional en Venezuela. Así lo graficó hoy el embajador Villegas en la ONU: “Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia”, dijo en esa misma línea argumental.
Así, el delegado de la Argentina en Naciones Unidas que mostró la “preocupación” por la situación de los derechos humanos en Venezuela aclaró al mismo tiempo que “sólo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”.
El informe que se presentó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denuncia la falta de independencia judicial en Venezuela y los crímenes que cometen grupos armados en la zona minera de ese país, llamada el Arco Minero del Orinoco. Se trata de una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, y los mineros -denunció Bachelet- están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.
En este contexto, la estrategia de Alberto Fernández aparece fácil de entender. El Presidente rechaza las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen populista, propone una mesa de transición democrática que incluye a Maduro, y rechaza sin excepciones que la Casa Blanca empuje sanciones económicas a Venezuela y una eventual invasión para forzar elecciones libres en el corto plazo.
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