Nuevamente se postergó una definición sobre las denuncias contra el juez Canicoba Corral

Cuando todo indicaba que el Consejo de la Magistratura de la Nación se embarcaría hoy en una discusión reglamentaria sobre el cómputo de las abstenciones a la hora de definir el cierre de las denuncias contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por mal desempeño, el ingreso de una nueva presentación en su contra esta semana derivó en la postergación del dictamen que proponía desestimar tres expedientes de cuatro que tiene abiertos el magistrado.

La nueva denuncia fue presentada por los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto por las posibles incongruencias entre sus ingresos como magistrado y su nivel de vida, en virtud de una propiedad que alquila en el country San Jorge Village.

El consejero juez Ricardo Recondo pidió la postergación del dictamen desestimatorio aprobado hace tres semanas en la Comisión de Disciplina y Acusación, cuyo tratamiento en el plenario la semana pasada se frustó por un corte de luz en la casa de la diputada Graciela Camaño, y tratar el tema en la próxima reunión de Labor del Consejo para evaluar si se trata de una nueva denuncia, o una ampliación de la que se pretende cerrar.

El diputado del PRO Pablo Tonelli estuvo de de acuerdo con la postergación, pero sostuvo que “correspondía devolver el dictamen” a la Comisión de Disciplina y Acusación para definir “si se acumula o no", y si sigue con el trámite del dictamen previsto para hoy. Recondo insistió en que fuera a Labor ya que él no integra Disciplina. Finalmente, por mayoría de 9 a 6, primó esta última opción y el destino de la nueva denuncia será considerado la semana próxima.

El titular del Juzgado Federal Nº 6 había sido denunciado por su presunto enriquecimiento patrimonial y su vinculación con inmuebles millonarios, viajes en aviones particulares de empresarios, la supuesta recepción de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de una coima al principal acusado en esa causa, Omar “Caballo” Suárez, para otorgarle la prisión domiciliaria. En ese último expediente, el magistrado había dispuesto el procesamiento y detención del ex titular del sindicato portuario, quien luego lo denunció en el Consejo. La investigación sobre viajes particulares de empresarios quedó fuera del dictamen de cierre aprobado en la Comisión de Disciplina hace tres semanas. A esta denuncia se le suma la nueva del alquiler de la casona en el country.

El dictamen requiere de mayoría simple en el plenario para ser aprobado. De los 13 integrantes, votarían a favor el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; los senadores Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara, del Frente de Todos; la diputada Vanesa Siley, de la misma fuerza política; Alberto Lugones, juez y actual presidente del Consejo y con posiciones cercanas al actual Gobierno; y el consejero académico Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), quien hizo suyo el dictamen original que había presentado el consejero Juan Pablo Mas Vélez, quien ya no integra más Disciplina y Acusación. Este grupo suma seis votos y deberían garantizarse uno más para aprobarlo con una mayoría de, al menos, siete.

En otro grupo se ubican Tonelli, la senadora de la UCR Silvia Giacoppo y los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Mas Vélez, de origen radical, que se abstendrían para unificar posiciones. Falta definir qué harán los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, y la diputada Graciela Camaño. Si las abstenciones suman 7 contra 6 votos en favor del cierre, se abrirá una discusión sobre cómo se computarán las abstenciones, y si alcanzan los seis votos para cerrar esas cuatro denuncias contra Canicoba Corral.

En dos meses, Canicoba Corral cumple 75 años, edad a partir de la cual deberá jubilarse. Para permanecer en su cargo debe pedirle al presidente Alberto Fernández que evalúe mandar nuevamente su pliego al Senado para obtener un acuerdo que le permita seguir siendo juez. Pero para eso, el magistrado buscaría no tener denuncias abiertas en su contra. Luego, sería la Cámara alta la que tendría que darle un nuevo acuerdo. “El proceso no es sencillo e involucra a los tres estamentos del Estado”, deslizó un consejero. Hay quienes especulan que quizás el cierre de las denuncias quede en stand by hasta que el magistrado llegue a la edad en que debería dejar su juzgado, y se vaya a su casa.

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