La farmacéutica y biotecnóloga Sandra Pitta Alvarez, investigadora del CONICET desde el 2002, es la primera de 300 firmas que respaldan un duro documento contra el Gobierno que sostiene que la Argentina vive “una infectadura”.
Detrás de ella, otros 30 científicos del CONICET avalan la postura de que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorios y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.
Se trata de Gabriela Niemirowicz, Mario Reta, Sebastián Linares Lejarraga, Darien Prado, Jorge Oyhenart, Alvaro Martel, Mercedes Alemán, Carlos Alfredo Scarabino, por nombrar algunos de los investigadores de la Universidad de La Plata, de La Pampa, de San Juan, de Rosario, la Nacional Tecnológica que expresaron su acuerdo con el documento titulado “La democracia está en peligro”.
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Luego se sumaron Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Daniel Sabsay, Lilia Puig, Luis Tonelli, Fabiana Tuñez, Gabriel Palumbo, Liliana De Riz, Federico Andahazzi, Silvina Martínez, María José Demare, Daniel Sabsay, Fernando Pedrosa, Diego Bernardini, José Antonio Artusi, Maximiliano Carrillo, Marcelo Gioffre y Darío Lopérfido.
“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, se asegura.
Lo que el grupo denominó como una “carta-denuncia” comienza diciendo que “si bien ningún país estaba preparado (para la pandemia), la primera reacción del del Gobierno argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”. Agrega que “se desestimó el planteo de testear, rastraer y aislar casos” y “como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países”.
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Critica que “en dos meses, hubo un número alarmante de detenidos y sancionados en nombre de su propia salud. La detención, seguida de muerte, de Magalí Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del Gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda”.
Y hace hincapié en “en el desdén por el mundo productivo, que no tiene antecedentes y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza". Para asegurar que “los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las PYME fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”.
También los periodistas Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Rosario Agostini, Eduardo Antín (Quintín), Marcelo Panozzo, Javier Navia, Luis Gasulla, Rogelio Alaniz, Pablo Ciarlero, Ricardo Benedetti, Leonardo D’Espósito, José Ignacio Sbrocco, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá y Emilio Laferriere.
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Y una importante cantidad de profesionales, ex funcionarios, ex embajadores, líderes de ONG’s, influencers de redes sociales. Por ejemplo: Leandro Querido, Mariano Caucino, Claudio Bargach, Alejandro Biongiovanni, Pablo Racioppi, Claudio Mascheroni, Emilio Perina, Marta Nercellas, Gustavo Pablo Magda, Alberto Torres, Eduardo Gerome, Carlos Canievsky, Carlos Nápoli y Camila Brancowitz, entre 300 firmantes.
El texto hace “una convocatoria amplia a la sociedad civil a contener los desbordes autoritarios del Gobierno y estar atentos para frenar los avances arbitrarios del poder gubernamental”.
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