El rechazo frente a la liberación de detenidos es generalizado. Así lo evidenciaron miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas localidades de todo el país a través del intenso cacerolazo, al que se convocó como respuesta a la decisión de morigerar penas u otorgar prisiones domiciliarias con las excusa de la pandemia del coronavirus.
De la mano con lo que pudo verse en balcones y ventanas de toda la Argentina, un estudio realizado por la consultora Julio Aurellio-Aresco reveló que más del 82,8 por ciento de la ciudadanía está en desacuerdo con esta medida.
Puntualmente, la consulta especificó: “Algunos jueces, por temor al coronavirus en las cárceles, otorgan el arresto domiciliario a los detenidos con riesgo sanitario. Con esta medida, usted está...”. De esta forma, el 55,7% de los encuestados dijo estar “muy en desacuerdo” y el 27,1% se consideró “en desacuerdo”, totalizando el 82,8% que rechazó esta iniciativa.
En contrapartida, apenas el 8,9% se mostró “de acuerdo” y el 4,4% “muy de acuerdo”, mientras que el 3,9% restante seleccionó la opción “no sabe”.
El informe de esta encuestadora reflejó lo que la gente expresó masivamente, tanto en la noche del miércoles como en la de este jueves, en varios barrios porteños como Villa Urquiza, Barracas, Caballito, Palermo, Recoleta, Colegiales, Belgrano y Floresta. El reclamo, que fue convocado por las redes sociales, también se sintió con intensidad en las localidades bonaerenses de Avellaneda, Ciudadela, Quilmes, San Fernando, Olivos, Martínez, San Isidro, Bahía Blanca y Mar del Plata, como así también en otras ciudades argentinas como Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Córdoba, Salta y La Pampa.
También en ese mismo sentido, la segunda consigna de la encuesta estableció: “En su opinión, la Justicia argentina es...”. Y aquí también el rechazo fue contundente. El 79,2% opinó que es “blanda con los delincuentes”. En tanto, el 8,2% eligió “no sabe”, el 6,1% creyó que es “justa con los delincuentes” y el 6,5% restante consideró que la Justicia es “dura con los delincuentes”.
La encuesta se llevó a cabo mediante un cuestionario estructurado autoadministrado y a través del sistema Aresco Instant Research, una plataforma que permite combinar la rapidez, tanto en la implementación como en los resultados, y la precisión. En esta ocasión, el estudio se realizó a través de 2.102 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano), entre el 29 y el 30 de abril. Todos los consultados fueron mayores de 16 años en condiciones de votar y el margen de error se determinó en +/- 2,18%.
La polémica y el rechazo comenzaron apenas se conoció el fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, firmado por el juez Víctor Violini, quien dispuso el 9 de abril pasado ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus”, en respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por 19 defensores generales bonaerenses.
Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a través de una acordada que se consideraran medidas alternativas al encierro para los presos como parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la pandemia.
Así, los reclamos no tardaron en llegar. El cacerolazo se convocó en las redes sociales y rápidamente sumó el apoyo de familiares de víctimas de delitos graves, referentes del feminismo que se opusieron a la liberación de acusados por delitos sexuales y dirigentes políticos oficialistas y opositores.
Asimismo, el malestar se reflejó en la plataforma change.org, donde una iniciativa para solicitarle al Poder Judicial que desista de la idea de liberar reclusos tuvo muchas adhesiones: en poco más de dos días, la petición superó las 470 mil firmas y fue una de las solicitudes con mayor crecimiento del sitio.
El repudio se hizo escuchar incluso en referentes de los derechos humanos, como Nora Cortiñas, de Abuelas de Plaza de Mayo. “Que les den lavandina y limpien su calabozo. Si los tienen bien aislados, no tienen por qué bajarles la condena”, sostuvo a Infobae en relación a la prisión domiciliaria en favor de Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
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