María Laura Garrigós de Rébori, ex jueza y ex presidenta de la agrupación Justicia Legítima, cuestionó la protesta realizada anoche en todo el país en contra de la liberación de presos, responsabilizó a Miguel Ángel Pichetto y a otros dirigentes por impulsarla pero no pudo justificar todos los casos que fueron excarcelados.
“Los cacerolazos de anoche son fomentados por este tipo de declaraciones en la radio que a mí me hacen perder fe en la humanidad. Si somos tan cortos de criterio de no darnos cuenta de que acá lo único importante es salvaguardar nuestro sistema sanitario para evitar lo que sería una catástrofe para el país, es porque no apreciamos la vida”, aseguró.
La ex magistrada renunció a su cargo en la Cámara de Casación Penal de la Ciudad a principios de 2018. En los últimos años, enfrentó varias polémicas públicas por su alta exposición al frente de la agrupación de jueces vinculados al kirchnerismo. “Todos los jueces tienen ideología, si no serían muebles”, aseguró en una entrevista concedida a Infobae hace dos años.
Cuando el periodista Fabián Doman, en radio La Red, le recordó el caso de Pedro Olmos, el violador que fue autorizado a regresar al mismo barrio donde reside su víctima de 13 años, la ex magistrada reconoció que puede haber algún caso puntual en el que haya sido mal concedido el arresto domiciliario.
“Hay jueces que deben hacerse cargo de lo que hacen. Pero que el mundo esté caceroleando por uno, dos, cinco, diez errores…¿No le impactan más los 124 casos en las villas en una semana? ¿No le parece más grave?”, remató.
Además Garrigós de Rébori se refirió a lo que según su parecer fueron “mentiras increíbles” que escuchó en boca de actores políticos durante la última semana sobre los beneficios otorgados a presos en medio de la pandemia de coronavirus. Puntualmente, recordó que Pichetto dijo que el Gobierno pretendía liberar 20 mil presos, algo que según su visión no es correcto y terminó influyendo en la masiva protesta realizada anoche.
“Anoche escuché un caceroleo tremendo pero no lo escuché por los 40 detenidos de lesa humanidad que están en arresto domiciliario. Y ahí si estamos hablando de gente que ha cometido violaciones, torturas, delitos violentos”, analizó la jurista.
Al ser consultada sobre los polémicos fallos adoptados por magistrados que envían a sus casas a los presos, la especialista recordó que en todo el mundo se está dando la misma discusión y lo que se pretende es evitar la propagación del contagio en los lugares de detención que tienen condiciones similares o incluso peores a la de los geriátricos que en los últimos días fueron noticia por los casos positivos de COVID-19.
“En la mayoría de las unidades no tenemos celdas individuales. La gente comparte espacio comunes, el baño, los lugares de esparcimiento, los lugares donde se come. El aislamiento de detenidos es inviable. Si entra el virus, el contagio va a ser rapidísimo. Y el servicio penitenciario tampoco tiene instalaciones sanitarias para atender la salud, de la que el Estado es responsable”, planteó.
Por ese motivo -señaló- las autoridades buscan disminuir la cantidad de detenidos para poder controlar médicamente a quienes quedan adentro. Aclaró además que en todos los casos se otorgaron prisiones domiciliarias -no liberaciones- y los beneficiarios son imputados por delitos leves, lo que excluye el robo con armas, homicidas y violadores.
En cambio, cuando le señalaron el antecedente de Federico Benvenuto, el presidiario que le arrojó una silla por la cabeza a un juez, fue liberado recientemente y detenido tras un asalto a una heladería, detalló: “Es un débil mental que no tiene capacidad para comprender y no puede diferenciar el bien del mal, entonces quedó a disposición de un juez civil y hay que preguntarle a él”.