La Justicia rechazó este jueves otro pedido de prisión domiciliara de Lázaro Báez, el empresario santacruceño que está preso hace cuatro años y está siendo juzgado por la llamada “ruta del dinero K”. La defensa había reclamado una morigeración de su detención, subrayando sus problemas de salud, su edad de “riesgo” y el peligro de que se contagie coronavirus en prisión.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, habilitó la feria y denegó el pedido presentado por la defensa del empresario. De esa manera, confirmó la decisión que había tomado hace una semana el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4.
La defensa de Báez había reclamado la prisión domiciliaria. Entre otros puntos, presentó un recorte periodístico en donde hablaba de un supuesto contagio de coronavirus en la cárcel de Ezeiza y la posibilidad de que su cliente pudiera verse afectado.
La Justicia tuvo en cuenta un informe del Cuerpo Médico Forense que determinó que el empresario se encuentra debidamente asistido en torno a sus padecimientos crónicos y que puede continuar con su tratamiento dentro de la cárcel.
Además, la Sala IV tuvo en cuenta la gravedad de los hechos que se le imputan a Báez en “la ruta del dinero K” y su conducta a lo largo de los procesos judiciales en su contra.
Concretamente, la fiscalía que encabeza Abel Córdoba, que todavía tiene pendiente su alegato, lo acusa de “haber puesto en circulación en el mercado dinero negro proveniente de hechos ilícitos cuyo monto ascendería a una suma superior a los $127.624.184, mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de julio del año 2016, con el objeto de convertirlo e integrarlo al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad y cortar todo lazo con los ilícitos que lo generaron”.
En su voto, el camarista Hornos destacó que tanto la concesión como el rechazo de un pedido de prisión domiciliaria “no deben resultar de la aplicación ciega, acrítica o automática de doctrinas generales, sino que debe estar precedida de un estudio sensato, razonado y sensible de las particularidades que presente cada caso que llega a conocimiento de los tribunales competentes”.
Pese al rechazo de la domiciliaria, Casación le encomendó al tribunal oral que se cumplan las medidas de prevención, salud e higiene que dispuso la acordada 3/20 y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F.”.
Báez está siendo juzgado por la llamada “ruta del dinero K” donde ya acumula dos pedidos de condena a nueve y ocho años de prisión por lavado de dinero. También afronta el juicio por la obra pública que recibió la provincia de Santa Cruz y que él ejecutó, desde sus empresas, durante el gobierno kirchnerista. En esa causa está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, convertido en “arrepentido” en la causa de los cuadernos.
Ayer sumó otro nuevo juicio. El juez federal Sebastián Casanello investiga la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”. Por ese campo de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.
También deberá afrontar otro juicio en la causa conocida como M&P. En este expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.