En términos periodísticos, el proyecto que gravaría la plata que ingresó al país tras el blanqueo de capitales del 2017 sólo tiene un título y una idea. La génesis se la atribuye el diputado Máximo Carlos Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos e hijo de Cristina Fernández. En su entorno insisten en que es idea de él y no de ella y que abrió el juego al resto del bloque. Uno de los brazos ejecutores será el diputado porteño Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien analiza una propuesta más amplia a través de la creación de un tributo a grandes riquezas y patrimonios de ‘personas humanas y jurídicas’ con una asignación específica, es decir, dotar al Estado de más recursos para paliar las consecuencias de la pandemia desatada por el coronavirus.
En el bloque oficialista hay otras ideas que trabajan en el entorno de Kirchner. Algunas más extremas y otras más ligth. Hoy se discute además un gesto político extra: un impuesto especial que podría ser extraordinario o permanente y que deberían pagar los diputados de acuerdo a sus respectivos patrimonios y no a sus dietas.
La tercera iniciativa sobre la que propuso trabajar Kirchner es un límite a la rentabilidad de los supermercados e hipermercados. Sería fijar en 4% el margen de ganancia. El objetivo: que ganen por volumen de venta y no sólo por precio. Circula un ejemplo ‘de moda’. Si al supermercado un envase de alcohol en gel le cuesta $100 (entre costo del producto, sueldos, impuestos y otros gastos) en lugar de venderlo a $ 200 debería venderlo a $ 104 en caso de que se apruebe el proyecto que sólo permitiría aplicar un 4% de margen de ganancia. De esa manera el consumidor podría comprar incluso más de lo que compra hoy y subirían las ventas de productores y comercios. Como las demás, es una iniciativa en estudio acorde a estos días en que quienes más trabajo tienen son quienes venden alimentos y artículos de higiene y limpieza y, según el kirchnerismo, aplican porcentajes de ganancias mucho mayores.
La brecha social, la distribución del ingreso y el pago de intereses por la deuda son obsesiones que comparten Kirchner y Heller. El hijo de los Kirchner tiene gastada la edición de Economistas contra la democracia, el libro del francés Jaques Sapir que suele citar en discursos militantes y en los debates en la Cámara. Heller relee a cada interlocutor un editorial del Financial Times a favor de un rol activo del Estado y la redistribución de la riqueza.
La última semana una parte de la sociedad reclamó un gesto a los políticos como la baja de sus sueldos. Más de la mitad de los gobernadores y decenas de intendentes redujeron o donaron sus haberes o un porcentaje de ellos. En Diputados y en el Senado la oposición presentó varios proyectos y en forma individual muchos ya decidieron donar una parte de sus dietas. Previamente se dispuso que los gastos por pasajes no utilizados durante la cuarentena y viáticos correspondientes al Congreso fueran transferidos al sistema de salud. Pero no hubo acuerdo para una decisión conjunta.
También la semana que pasó mostró a una oposición muy activa que planteó desde iniciativas para rebajas de dietas a un pedido de audiencia a la Casa Rosada y una batería de iniciativas. Hubo crítica y muestras de colaboración. Ahora el Frente de Todos intenta recuperar la agenda. Puertas adentro conversan sobre todas estas iniciativas para las que necesitarán consenso interno y luego, consenso con el resto del Congreso: por tratarse de impuestos la Constitución exige debate y aprobación parlamentaria e impone que la Cámara baja sea la que inicie el proceso.
Alberto Fernández, como la vice, sienten que es injusta la demanda y la sintieron más como una respuesta al reclamo para que se frenen despidos en el sector empresario. El Presidente les puso un corset y decretó la suspensión por dos meses. En el sector público se reasignaron recursos y prioridades. La recaudación cayó entre un 30% y hasta la mitad en algunos municipios. Al jefe de Estado le pareció más justa y razonable la propuesta de Máximo Kirchner.
En ese marco el diputado Heller había empezado a trabajar junto con su jefe de asesores, Alfredo García, en un proyecto para aplicar un impuesto extraordinario a las grandes empresas. “No metamos miedo a nadie, que apunte al 1% que concentran los altos ingresos como grupos agroexportadores, bancos, compañías de seguros, grandes laboratorios, grandes cadenas de supermercados”, pidió el cooperativista a su equipo.
Al mediodía de este último domingo Heller recibió el llamado de Máximo Kirchner que a su vez ya había hablado con Alberto Fernández como lo hace diariamente. El planteo no le sonó extraño: le pidió que se pusiera a trabajar como presidente de la comisión de Presupuesto en un proyecto para gravar a diversos sectores, en primer lugar a los que blanquearon dinero en el 2017. Heller le hizo un resumen de su propia idea y acordaron buscar información sobre a qué sectores se podría aplicar, hacer cálculos, ver la legalidad y después, hasta dónde llega el consenso. El borrador estaría en los próximos días. También cuál sería la base a la que alcanzaría ese impuesto y si su aplicación sería en forma de escala.
Aunque la iniciativa no está escrita en papel, ya hay intercambio. Si se aplicara un 2% de tasa a los 116.000 millones de dólares que ingresaron al país en el blanqueo, “se generaría un monto superior al total de los gastos del PAMI del 2019”, graficó Heller quien de todos modos le aclaró a Infobae que es sólo un ejemplo. Si el mismo impuesto fuera al 1% de “la riqueza concentrada”, unos 220.000 o 230.000 millones de dólares (la mitad corresponde al blanqueo), “tendríamos 4.000 millones de dólares, más del doble de lo que gastó el PAMI el año pasado”. No está cerrado, pero el legislador da esas cifras “para mostrar las magnitudes de las que hablamos”. En su caso, a diferencia del diputado Kirchner, cree que más que un impuesto al blanqueo lo que debe gravarse son los grandes patrimonios que incluyen a esos capitales. Conceptualmente es distinto.
Sea como ensayo, como otras propuesta que se analizaron y no se concretaron, o como advertencia o amenaza a algunos sectores del poder, Heller avisó esta mañana que “todo será adecuadamente analizado” en el Congreso y primero en comisión. Si el proyecto pasara ese primer debate, habría que ver luego cómo se concreta una sesión, excepto que la semana próxima se flexibilice el aislamiento social que ya lleva tres semanas.
“En el mundo se está hablando de cosas parecidas para buscar recursos, de impuestos extraordinarios”, insistió el diputado del Partido Solidario que además es presidente del Banco Credicoop.
En lo personal su idea es la creación de un impuesto a la riqueza que se aplicaría por única vez y con un fin determinado: el COVID-19. “No se puede pedir más camas, más recursos, más respiradores y más comida sin pensar de dónde van a salir los recursos”.
En Diputados avanza en paralelo la idea de afectar patrimonios de $20 millones que alcanzaría exclusivamente a legisladores. No trabaja en eso Heller y dicen que Kirchner “abrió el juego” a otros legisladores. La iniciativa sería una contrapropouesta a la de Juntos por el Cambio para una quita en sus dietas del 30% que rechazaron incluso en la Coalición Cívica. Y a la de Sergio Massa, presidente de la Cámara, que la subió al 40 por ciento. Ambas tuvieron resistencia puertas adentro donde hubo legisladores que reclamaron por no percibir ningún otro ingreso o por desear elegir a quién y dónde donar. Para discutir este tema, entre otros, está prevista una reunión de jefes de bloques mañana martes en la que estarán vía teleconferencia Massa, Máximo Kirchner y los opositores: Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Eduardo ‘Bali’ Bucca, Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alma Sapag y José Luis Ramón. El impuesto especial intentaría saldar la brecha entre quienes pueden o no pagar, como planteó el senador misionero Maurice Closs, que por tener otros ingresos donó el 100% de su dieta.
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