En un contexto de medidas que el Gobierno viene tomando para contener el avance de la pandemia de coronavirus, en las próximas horas podría definirse una que ya generó malestar en el sector implicado. Sucede que, en la teleconferencia que mantuvo con varios diputados, Ginés González García anticipó un proyecto que preocupa a los empresarios. “Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todo los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir propiedad. Podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”, sostuvo el ministro de Salud. Y encendió las alarmas.
“Queremos que cada jurisdicción entienda racionalmente que todos los argentinos tengan los recursos que tienen que tener”, insistió González García. Si bien la decisión parece estar tomada, el proyecto aún no está cerrado. De esta forma, el Ministerio de Salud convocó a una reunión, para este jueves al mediodía, para pulir detalles directamente con los empresarios.
En principio, si se avanzara tal como pretende el Gobierno, tendría la potestad para decidir adónde se deriva a cada nuevo infectado por coronavirus en todo el país, más allá de que ese centro de salud pertenezca al sistema de salud público o privado. Así, desde el sector empresario señalan su disconformismo porque alguien sin ningún tipo de cobertura podría ser tratado en una clínica privada y, en contrapartida, un abonado a una prepaga podría ser atendido en un hospital público.
Según la visión del sector empresario, que a través de obras sociales y prepagas cubre al 70 por ciento de la población, esta medida terminaría con “el derecho preexistente” e incluso algunos dudan de la “constitucionalidad”. Además, muchos se preguntan qué pasará después de esta situación de emergencia que presenta la pandemia. En consecuencia, no descartan presentar amparos judiciales.
Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y vicepresidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), mostró su preocupación en diálogo con Infobae. “Iremos a la reunión con el ministro a escuchar. Todavía no sabemos si es verdad que se dictará un DNU para que el Estado disponga del uso de clínicas públicas o privadas, pero no nos pueden pedir más esfuerzo que el que estamos haciendo, que es atender al 70% de la población. Tenemos obligaciones con las obras sociales, el PAMI, la medicina prepaga y la gente que paga sus cuotas”, aseguró Cherro, que será uno de los siete dirigentes del sector privado que acudirá a las 13 al encuentro con González García.
Por su parte, en su contacto con los diputados, el ministro de Salud había indicado que esperan sumar “entre 1.500 y 2.000 camas de terapia intensiva entre los sistemas público y privado” y recordó otras iniciativas que el Estado viene tomando como prohibir la exportación de insumos esenciales en este contexto, como los respiradores.
"Desde que empezamos, distribuimos 196 respiradores y ahora este fin de semana van a ser unos 140 más. Nosotros tenemos todos los reactivos que pudimos conseguir. Comparativamente con cualquier país estamos menos mal que el resto. No puedo decir más nada porque esto tiene que terminar. No he tenido ningún tipo de problema de financiamiento”, completó Ginés.
Por otro lado, en el marco del acuerdo suscripto entre el Gobierno bonaerense y la Obra Social de Choferes de Camiones, para utilizar el Sanatorio Antártida en la atención a pacientes con coronavirus, Hugo Moyano marcó la cancha. El dirigente gremial aseguró que esas camas "no son para camioneros, sino para bonaerenses”, remarcando la intención de Alberto Fernández, quien tuvo palabras muy elogiosas hacia él, para contar con todo el sistema de salud independientemente de las distintas coberturas.
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