La División Lavado de Activos de la Policía Federal realizó cinco allanamientos en oficinas vinculadas a las empresas concesionarias de la Panamericana (Autopistas del Sol) y del Acceso Oeste (Grupo Concesionarios del Oeste) por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, que investiga un presunto negociado detrás de los acuerdos que firmaron con el gobierno de Mauricio Macri en medio de la renegociación de la deuda que el Estado mantenía con ellas.
Según pudo reconstruir Infobae en base a fuentes judiciales, los operativos se realizan en las oficinas administrativas de ambas compañías (ubicadas en el centro porteño) y en las sedes sociales que se encuentran sobre los corredores viales (San Isidro e Ituzaingó). El quinto procedimiento se desarrolla en Natal Inversiones, la firma que compró el 7% de Autopistas del Sol a Sideco, una de las sociedades anónimas que conforman el holding de la familia de Macri.
La causa, que se inició por una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, puso bajo la lupa los contratos que se firmaron a cambio de que se retiraran las demandas que estaban vigentes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial, donde la Argentina enfrentaba reclamos millonarios.
En el caso de Autopistas del Sol, el gobierno anterior negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de USD 499 millones en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante de Ausol, retirara la demanda ante el tribunal internacional. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.
De acuerdo a los denunciantes, las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
Allegados a la anterior conducción del Ministerio de Transporte contradicen esta versión. Dicen que el levantamiento de la demanda fue una consecuencia de la renegociación, que había comenzado a discutirse en el gobierno Eduardo Duhalde. “Lo que hicimos nosotros es terminar con ese proceso”, puntualizaron.
Aseguran además que Ripolli fue desafectada por sus reiteradas ausencias de la oficina, algo que fue analizado en un sumario interno. Y que la negociación comenzó en mayo de 2015 y no en diciembre, como afirman los denunciantes.
Macri admitió su relación con la firma española –cuya cara visible es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez– al negarse a firmar el decreto donde se acordó la renovación, que finalmente fue rubricado por su vice, Gabriela Michetti, en virtud de una recomendación de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para evitar “un conflicto de intereses”.
Esta semana, Florentino Pérez expresó públicamente su respaldo al nuevo puesto que ocupará Macri en la Fundación de la FIFA.