Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara que tiene pensado enviar un proyecto de ley al Congreso para prohibir el negacionismo de la dictadura en la Argentina, varios dirigentes políticos, referentes de los derechos humanos y expertos constitucionalistas criticaron la iniciativa por considerar que no va a traer buenos resultados.
Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien opinó que para evitar que se pongan en duda los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país tras el último golpe de Estado, se debe utilizar “la memoria para iluminar el presente y despertar las conciencias en las nuevas generaciones”.
“El negacionismo no es algo nuevo, lamentablemente. Pasó con los armenios, el Holocausto y ahora sucede con los desaparecidos. Siempre sucede lo mismo: se cuestiona un número para que se dude sobre un contenido”, señaló el fundador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
En este sentido, Pérez Esquivel sostuvo que “las leyes se pueden incumplir o ignorar”, por lo que resaltó que "lo más importante es la educación, la conciencia y tener en claro que no hay pueblos si no hay memoria”. A su vez, pidió “revisar” las formaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para evitar que en esas instituciones “se revindique a la dictadura”.
Por su parte, el ex ministro y secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, aseguró a través de su cuenta de Twitter que en la Argentina “nadie niega la historia”, pero consideró necesario “poder revisar nuestro pasado con toda libertad”.
El ex funcionario acompañó así los dichos de la referente de los derechos humanos Graciela Fernández Meijide, quien remarcó que en el país no existe un negacionismo de la dictadura ya que, si bien puede haber algunas personas que digan que no se cometieron crímenes durante la dictadura, ese no es un tema de debate en la sociedad.
La ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CoNaDeP) subrayó en declaraciones periodísticas que el Gobierno busca hacer una ley similar a la que existe en Europa para castigar a las personas que cuestionan la existencia del Holocausto, pero resaltó que son casos diferentes.
A su turno, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay remarcó que “obligar a sostener un número de víctimas para no incurrir en delito de negación", implica “la imposición de una verdad única que viola la libertad de pensamiento”.
Por último, el legislador porteño del Frente de Izquierda Unidad, Gabriel Solano, aseguró que “al negacionismo se lo combate política e ideológicamente, no con prohibiciones estatales”.
“Alberto Fernández es así: te arma una ley para prohibir el negacionismo mientras autoriza el ingreso de tropas extranjeras y apoya al genocida (presidente de Israel, Benjamin) Netanyahu”, agregó el dirigente socialista en su cuenta de Twitter.
En contrapartida, también hubo referentes de los derechos humanos que defendieron la iniciativa del Gobierno, como es el caso de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo, que resaltó que en marzo de 2019 presentó un anteproyecto de ley propio con la misma finalidad. “Sabemos que este año será fundamental para consolidar los mecanismos que contribuyan a este proceso”, señaló la entidad.
En declaraciones a Radio El Destape, su titular, Estela de Carlotto, planteó: “Negar una realidad significa borrar la historia y querer cambiarla. La historia es una sola y la tienen que contar los que la vivieron y tienen buena intención de que se diga la verdad”.
En esta misma línea, la referente de Madres Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, celebró la medida que impulsa Alberto Fernández y adelantó que “seguramente colaborarán todos con ese proyecto”.
“Nuestra historia jamás va a desaparecer en cualquier parte del mundo que estemos, porque al igual que no pudieron tapar el Holocausto, esto no se puede ocultar o negar porque hay hijos, nietos y bisnietos”, agregó en declaraciones a radio Provincia.
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