
Pese al intento de la administración de Axel Kicillof de que hoy por la tarde el Senado de la provincia de Buenos Aires le diera media sanción al proyecto de ley que aumenta una serie de impuestos al campo, autos e inmuebles en territorio bonaerense, la sesión quedó en el aire en medio de negociaciones con la oposición.
A pesar de que la ex gobernadora María Eugenia Vidal les había pedido a los senadores opositores que facilitaran el debate, desde el bloque de Cambiemos, que tiene la llave para darle visto bueno a la discusión en la Cámara alta ya que el peronismo no cuenta con quórum propio, apuestan a morigerar algunos de los aumentos propuestos por el Gobierno de Kicillof, sobre todos aquellos relacionados con los que afectan al sector agropecuario.
Si bien estaba previsto que la sesión comenzara a las 15, en el Senado bonaerense llamaron a un cuarto intermedio con el objetivo de seguir con las negociaciones, y se especula con que el debate finalmente termine sucediendo este viernes. Es que Cambiemos tiene 26 de las 46 bancas del Senado, contra 20 del Frente de Todos, por lo que tiene la mano fuerte en la negociación, sobre todo porque el oficialismo quiere que el proyecto sea ley antes de que termine el año.
En diálogo con Infobae, fuentes de la oposición bonaerense aseguraron que “lo que plantea el oficialismo es un aumento muy grande al impuesto inmobiliario rural y es lo que intentamos bajar, que no vayan contra nadie del campo, ni los pequeños, ni los medianos y los grandes”.
Tanto el Senado como Diputados estaban convocados a sesionar hoy por la tarde, pero al no conseguir los apoyos necesarios para avanzar con la discusión, se llamó a un cuarto intermedio para que continúen las negociaciones.
Según la administración de Kicillof, el proyecto contempla incrementos de casi el 55%, “propone actualizar los valores de los impuestos del año pasado, tomando en cuenta la inflación de 2019, estimada por privados en 54,6%”. “Para atender las urgencias y prioridades definidas, es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial”, argumentó el Gobierno en un comunicado.
En esa línea, se detalló que en el caso del impuesto a los Ingresos Brutos, “se mantiene la alícuota vigente, tal como autorizó el Gobierno nacional al suspender la aplicación del Consenso Fiscal”. “En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en promedio, la actualización está por debajo de la tasa de inflación”, agregó el comunicado.
“A partir de la segmentación de los propietarios rurales, según el tamaño y valor de sus propiedades, se garantiza que el impuesto sea, en términos reales, menor al del año pasado para quienes cuentan con una menor capacidad contributiva”, se destacó, al tiempo que la misiva concluyó que “el proyecto de Ley que dota de una mayor progresividad al sistema tributario se suma a la amplia moratoria y a las medidas de estímulo aprobadas en la Ley de Emergencia Económica, de pronta implementación”.
Por su parte, el legislador Roberto Costa dijo que la oposición necesita “tiempo” para dialogar con el gobierno provincial para conocer el impacto concreto de la suba de impuestos “y quiénes serán los más afectados”. “La ley tiene aumentos impositivos muy importantes. Hay quienes creemos que no estamos en condiciones de tratar esto el día de hoy, salvo que podamos tener conversaciones muy rápido con los equipos técnicos del Gobierno”, dijo Costa en declaraciones a radio Mitre.
En tanto, Daniel Lipovetzky, diputado bonaerense Juntos por el Cambio, habló en sintonía con Costa, al afirmar que el gobierno provincial ingresó el proyecto de ley a la Legislatura “casi en Nochebuena”, por lo que la oposición “ha tenido muy poco tiempo para analizarlo”. “Lo que dicen los fundamentos del proyecto, que son muy escuetos, porque tampoco se tomaron el trabajo de explicar mucho, es que prevén aumentos promedio vinculados con la inflación; a partir de eso, yo diría que hay un impuestazo, teniendo en cuenta que los ingresos de la gente no han estado en esos valores”, dijo Lipovetzky.
Además de las diferencias en torno a la suba de impuestos, hay otro tema que se sumó a la negociación: los cargos en el directorio del Banco Provincia y otras empresas estatales. “El Gobierno dice que negociamos los cargos a cambio de la ley, pero corresponde que esos cargos vayan a la oposición, no es que si nos dan los cargos aprobamos la ley”, detallaron a Infobae fuentes de la oposición.
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