El Gobierno suspenderá en las próximas horas el régimen de privilegio para funcionarios establecido recientemente por la administración del ex presidente Mauricio Macri. Así se lo confirmaron a la agencia Télam desde la Jefatura de Gabinete.
La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, destacó este jueves que el Decreto 788 del año 2019, firmado por la administración saliente días antes de abandonar el gobierno, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”.
Según precisó, el decreto mencionado modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública, e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de “privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios”.
El régimen que se buscó imponer establece “una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción”, señalaron desde la Jefatura de Gabinete a cargo de Santiago Cafiero.
En ese sentido, Castellani afirmó que la “suspensión de este decreto es indispensable para evitar una erogación millonaria por parte del gobierno nacional, además de posibilitar la adecuación de las estructuras y funciones administrativas de los distintos organismos estatales a los objetivos de políticas públicas establecidos como prioritarios y estratégicos por el nuevo gobierno”.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es “vital” construir un nuevo sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos de dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”.
En ese marco es que el Gobierno promueve la suspensión del Decreto 788/2019 y la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública dentro de los próximos 90 días, para acordar con las organizaciones gremiales un nuevo régimen de Alta Dirección.
Dicho esquema deberá “respetar” los principios consagrados en la Ley Marco de Empleo Público, permitir contar con agentes y funcionarios de “excelencia” para el desempeño de las tareas estatales, y contribuir a “recuperar un Estado nacional que esté en condiciones de dar respuesta a las demandas de los argentinos”.
El 27 de noviembre, Macri estableció por decreto un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó a dos semanas de finalizar el mandato en acuerdo con gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El Decreto 788/19 , firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales –nacionales o equivalentes– y coordinadores. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el decreto abarca a un universo que representa el 10% de los cargos jerárquicos del Estado.
El nuevo marco normativo permite a los funcionarios que hayan sido nombrados bajo el mandato de Mauricio Macri permanecer en su cargo como mínimo un año más, ya con la gestión de Alberto Fernández.
Al garantizar la estabilidad en el puesto, el personal jerárquico gozará los beneficios de los agentes de la planta permanente, cuentan con una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente en el sistema tradicional de empleo público, y podrán ser indemnizados en caso de que sean despedidos de la administración pública.
Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”.
“Al próximo presidente no le vamos a dejar un “campo minado”. El gobierno de Alberto Fernández se va a encontrar con un Estado más ágil y transparente, que tramita de manera 100% digital y cuenta con servidores públicos idóneos y capacitados”, argumentaron en la Secretaría de Modernización.
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, definió al decreto como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”. La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".