A horas de la asunción, y en medio del desembarco de los nuevos ministros y secretarios de Estado, el Gobierno todavía no definió los pasos a seguir con el decreto oficializado a fines de enero del 2018 por la administración de Mauricio Macri que prohibió la designación de familiares “con algún vínculo de parentesco” de funcionarios de alto rango, una medida que no cayó simpática puertas adentro y que se utilizó para intentar mostrar “transparencia” tras el escándalo que salpicó a Jorge Triaca por la contratación de una empleada en un gremio.
“Sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos del equipo. Eso me da mucha pena", explicó Macri en la conferencia de prensa de verano del año pasado en Casa Rosada en compañía de Marcos Peña, el ex jefe de Gabinete que ideó la iniciativa que derivó en una oleada de críticas internas por parte de los ministros.
Es que, en rigor, fueron solo un puñado de familiares los que tuvieron que dejar la administración pública por el decreto que todavía está vigente. Entre otros, la esposa y las dos hermanas de Triaca; la mujer y el padre de Rogelio Frigerio; el hijo de Gustavo Santos; el hijo y la cuñada de Patricia Bullrich; el yerno de Oscar Aguad, y el cuñado de Guillermo Dietrich. Y hasta el propio hermano de Peña.
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El decreto 93/2018, publicado en el Boletín Oficial a fines de enero del 2018 con las firmas de Macri y de su jefe de ministros, dispuso en ese momento que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional -incluidos organismos descentralizados-, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado”.
Y que alcanzan “al Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”.
El decreto fue acompañado en su momento por otra iniciativa que también fue resistida entre los funcionarios del gobierno saliente: el congelamiento de los salarios de los subsecretarios, secretarios de Estado y ministros. Una serie de medidas de escaso impacto mediático y de alto costo interno que buscaban mostrar un mensaje de austeridad mientras la crisis económica empezaba a agudizarse.
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Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, los cerebros jurídicos de Alberto Fernández analizaban los alcances del decreto de hace casi dos años mientras terminaban de revisar los nombramientos que en estos primeros días serán oficializados en el Boletín Oficial y el diseño de la nueva estructura del Estado.
Para el Gobierno es, por el momento, un tema “menor”. “Tiene varias interpretaciones. Veremos en cada caso y podrían haber excepciones”, confiaron fuentes oficiales. No hay por ahora detalles de cuántos casos serían.
Este miércoles se publicaron las primeras designaciones y la nueva ley de ministerios. Veintiún ministerios, incluida la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero.
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Por lo pronto, entre los primeros nombramientos de relevancia podrían empezar a aplicarse las excepciones mencionadas.
Es, por ejemplo, el caso de Gustavo Béliz, flamante secretario de Asuntos Estratégicos, y de su cuñado Francisco Meritello, que en las próximas horas será oficializado como secretario de Medios Públicos.
Ninguno de los dos llegó a sus cargos por el parentesco en común. Pero sus nombramientos chocarían en principio con la normativa vigente.
En eso trabajaban por estas horas en las oficinas de la Secretaría Legal y Técnica, de Vilma Ibarra.
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