El juez Juan María Ramos Padilla, padre del magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla, reclamó hoy la nulidad de la causa conocida como “Operativo Puf”, la investigación que se abrió por las escuchas a detenidos kirchneristas hablando de la causa en la que fue detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El pedido se lo hizo al fiscal Franco Picardi, que asumió días atrás la acusación en el expediente luego de que otros cinco fiscales se excusaran de intervenir. En esa investigación se imputó a personas como Roberto Baratta y Eduardo Valdés -diputado electo por el Frente para la Victoria-, pero también se denunció al juez Alejo Ramos Padilla, quien llamó a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli para este viernes.
Puntualmente, Ramos Padilla padre pidió la nulidad del expediente desde la foja 1 y solicitó el apartamiento del juez Claudio Bonadio de la causa. “Me veo en la necesidad y la obligación, frente a tantas irregularidades que están siendo soslayadas, a formular esta presentación a fin de que el Ministerio Publico Fiscal de la Nación actúe como órgano encargado de custodiar la legalidad”, dijo en el escrito al que accedió Infobae.
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Según sus palabras, se trata de “una causa hecha ‘a la medida’ de los servicios de inteligencia y de algunos funcionarios y magistrados involucrados en la causa ‘D’Alessio”. El padre de Alejo Ramos Padilla denunció además que fue víctima de “investigaciones ilegales”.
En otros dos escritos, Ramos Padilla padre también pidió la recusación del camarista Martín Irurzun y denunció retardo de justicia. El cuestionamiento apunta a una supuesta maniobra de fórum shopping cuando se designó a Bonadio al frente de la investigación y se apartó al juez Luis Rodríguez del sorteo del expediente.
La llamada causa conocida como “Operativo Puf” investiga si ex funcionarios kirchneristas sabían en la cárcel detalles de la causa que se abriría en Dolores a raíz de la denuncia del empresario Pedro Etchebest, quien señaló que le solicitaron dinero para no ser incriminado en los cuadernos de la corrupción.
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Las sospechas contra esos detenidos, entre los cuales estaba Roberto Baratta y Juan Pablo Shiavi, surgieron a través de transcripciones que llegaron de manera anónima, casi en forma paralela, al fiscal Stornelli y a la diputada Elisa Carrió. Stornelli hizo una denuncia y el caso cayó en manos del juez Luis Rodríguez y el fiscal Jorge Di Lello. Las legisladoras aliadas a Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, radicaron la presentación que cayó en manos del juez Claudio Bonadio y en la que, después de la intervención de cinco fiscales, ahora está en manos de Picardi.
Ramos Padilla padre se consideró imputado en el expediente. Es que Bonadio investigó su estadía en una clínica de desintoxicación en la que estuvo Eduardo Valdes, el autor de la frase “Bonadio y Stornelli... puf” cuando hablaba por teléfono con el ex ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi, preso por la tragedia de Once.
Ahora, ante Picardi, Ramos Padilla padre pidió el cierre de la causa. Según sostuvo, la investigación se abrió “en base a elementos de prueba aportados de manera irregular", como "interceptaciones telefónicas que nunca fueron transcriptas ni puestas a disposición del juez que las ordenó”. El juez que había ordenado las escuchas en la cárcel, en los pabellones C y D de Ezeiza, fue Federico Villena, en el marco de una investigación sobre un narcotraficante.
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