Mauricio Macri propondrá terminar con la boleta en papel por partido, un sistema engorroso y excesivamente oneroso, que deja en desventaja a los partidos políticos chicos frente a los grandes aparatos partidarios. En cambio, se expresará a favor de la boleta única, en papel o electrónica, según lo que decida el Congreso de la Nación, como una forma de igualar posibilidades en el comicio y combatir el fraude. Cuando en el 2016 el Ejecutivo elevó un proyecto al Congreso, la condición de que fuera electrónica era inmodificable.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que vota bajo el sistema de boleta en papel por partido, lo que obliga a disponer de una compleja logística para garantizar que las casi 100 mil mesas de votación tengan las opciones electorales en tiempo y forma al día de la votación. Además, los fiscales después tienen que cuidar la provisión de boletas en los lugares de votación, lo que no siempre es posible si la fuerza política no tiene fiscales en cada escuela.
Trascendió, por otro lado, que el Presidente también realizará la propuesta de eliminar al Poder Ejecutivo del proceso eleccionario para evitar cualquier sospecha de discrecionalidad de parte del gobierno de turno, que siempre es sospechado por la oposición. Al igual que en el caso de la boleta única, no pondrá como condición que sea la Cámara Nacional Electoral la responsable logística del comicio, incluido el escrutinio provisorio, sino que también deja la opción de que se constituya un instituto a cargo del asunto, como sucede en CABA. El centro de la propuesta es que salga del Ministerio del Interior y que sea el Congreso el que decida el formato idea.
Macri llegó a la Presidencia de la Nación y quiso que rápidamente se aprobara en el Congreso de la Nación el voto electrónico. Era lo único que le interesaba en ese entonces, porque le interesaba tener lo más pronto posible la información precisa del resultado electoral a escala nacional.
De hecho, ya había implementado en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones a Jefe de Gobierno, donde el 5 de julio se aplicó al 100% del padrón, bajo un sistema que se denominó de “Boleta Unica Electrónica”, que no guardaba ninguna información del voto, y solo quedaba grabado en el chip del papel la elección del votante.
Ya conocía el sistema que se había implementado en algunas provincias argentinas, como el caso de Salta. Sabía, incluso, las experiencias que había hecho el por entonces ministro del Interior, Florencio Randazzo, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires para probar un sistema del que nunca puso en dudo su transparencia. Tanto fue así, que esperaba replicar esa experiencia a escala nacional
Sin embargo, los expertos electorales del Gobierno creyeron que había que aprovechar el impulso para modificar en forma integral el sistema electoral, para ponerlo a tono con las demandas de las organizaciones civiles vinculadas a la transparencia y la calidad institucional y, finalmente, lo que hizo el Gobierno fue diseñar un proyecto de reforma electoral, que incluyó la boleta única electrónica, pero también nuevos sistemas de control y auditoría y el traspaso de gran cantidad de responsabilidades que están en la órbita del Ministerio del Interior, a la Cámara Nacional Electoral.
Así, en junio de 2016 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma electoral que elaboró la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, en manos de Adrián Pérez, que obtuvo ese año media sanción. Sin embargo, al año siguiente fue imposible lograr la aprobación definitiva en el Senado, por la fuerte resistencia del peronismo tradicional, que incluso obstaculizó el debate en el recinto.
A pesar de las intenciones originales del Presidente, en las legislativas de 2017 se votó bajo el sistema tradicional y lo mismo sucederá este año, con las elecciones presidenciales, cuando el Partido Justicialista cuestionó ante la justicia electoral en reiteradas oportunidades sobre el accionar del Gobierno en el escrutinio donde, este año, además se cambió de empresa para realizar el conteo.
La oposición obtuvo sus garantías de parte de la justicia electoral y, en cambio, fue el Gobierno el que considera que fue perjudicado por distintas irregularidades Nunca habló de fraude, pero los apoderados de Juntos por el Cambio denunciaron irregularidades en la conformación de las autoridades de mesa, que fueron reconocidas por la CNE, que pidió a las juntas electorales de las distintas provincias que previsiones al respecto.
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