En medio de la campaña electoral y atento a los reclamos que desde hace varios meses vienen manteniendo los gremios más poderosos, Mauricio Macri decidió girar a las obras sociales 3.000 millones de pesos para cubrir las deudas y amoldar sus cuentas al proceso de inflación.
Según un decreto presidencial que se redactó ayer y al que tuvo acceso Infobae, el Gobierno estableció un “régimen excepcional de afectación y distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución que maneja la Superintendencia de Salud" de $ 3.000 millones cuyo destino será complementar el financiamiento de las obras sociales sindicales.
“Se trata de una medida para aliviar el peso que tienen las obras sociales con la inflación y para poder cubrir también los agujeros financieros en un momento delicado del país”, aseguró un vocero de la Superintendencia de Salud que maneja Sebastián Neuspiller, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
De esta manera, el Gobierno transferirá los $3.000 millones de salvataje a las obras sociales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre próximos.
En el artículo 3 del decreto presidencial, que lleva la firma de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, los fondos se distribuirán de manera directamente proporcional al número de afiliados de cada obra social.
Para evitar conflictos políticos se utilizarán los siguientes criterios de distribución de los fondos: el 90% de los recursos será destinado a aquellas obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado (cápita) sea menor o igual a la suma de $ 1.450 , y el 10% de los recursos restantes será destinado a aquellas obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado (cápita) sea mayor a $1.450.
Sólo serán beneficiados con esta inyección de fondos aquellas personas que se encuentren en el padrón de beneficiarios de los Agentes del Seguro de Salud. Y el ingreso promedio por afiliado deberá calcularse a partir de los ingresos previstos por ley.
Los Agentes del Seguro de Salud deberán destinar los recursos que reciban por aplicación del decreto al otorgamiento de las prestaciones de salud de la población beneficiaria. Es decir, que no se permitirá un direccionamiento de fondos para otros usos por parte de los gremios.
En los fundamentos de la norma se estableció que ya se habían adoptado diversas acciones tendientes a la distribución y afectación de recursos del Fondo Solidario de Redistribución con la finalidad de recomponer la crítica situación por la que atravesaban todas las obras sociales.
A la vez, se dejó en claro en el decreto que “resulta necesario proceder a la instrumentación de medidas urgentes que permitan una mejor optimización y asignación de dichos fondos para ser destinados a aliviar la carga económica que, en la actual coyuntura”, pesa sobre las obras sociales de los gremios para el sostenimiento de la cobertura de salud de sus beneficiarios.
La decisión de Macri de inyectar con $3.000 millones se da en un momento particular de los gremios, ya que buena parte de estos empezaron a alinearse con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Y en las últimas semanas venían reclamando tanto desde la CGT como desde otros sectores gremiales una recomposición de las cajas de las obras sociales y un ajuste de las mismas por inflación.
En rigor, el Gobierno nacional devolvió a comienzos del 2016 a las obras sociales 2.700 millones de los 29.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que los tres gobiernos anteriores habían mantenido inmovilizados en una cuenta del Banco Nación. Otros 8.000 millones de pesos se destinaron a coberturas universales para personas en situación de vulnerabilidad, mientras que el resto del dinero se acordó que se saldará en 2020 en bonos.