57 mil presos votarán el domingo en 300 cárceles con una boleta especial

Es una parte mínima del padrón electoral pero que hasta hace una década no votaba. Son las personas que están privadas de su libertad. En las elecciones primarias del próximo domingo votarán 57.672 presos, entre ellos 366 jóvenes de 16 y 17 años que están alojados en institutos de menores.

Lo harán con una boleta especial, solo para las categorías de candidatos nacionales y respetando el último domicilio de la persona a pesar de que esté detenida en una unidad de otra provincia. Votarán en las 301 cárceles que hay en todo el país. 

Los presos en Argentina votan desde el 2007. Antes los detenidos estaban dentro de las personas que el Código Nacional Electoral y el Código Penal excluía del sufragio.

Las normas fueron modificadas pero no todos los detenidos pueden votar. Están habilitados quienes no tienen condena firme. En 2016, la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional esa prohibición y le pidió al Congreso que modifique la ley. Pero todavía no se cambió. El proyecto de reforma al Código Penal que ingresó en marzo al Parlamento contempla esa modificación.

"El derecho electoral constituye una expresión política legítima para que el colectivo de condenados privados de libertad no quede excluido de todo tipo de participación democrática. Resulta necesario poner fin a la situación de restricción del derecho electoral de los condenados, si se desea la construcción de una sociedad global, democrática, inclusiva y garante de la plena efectividad de los derechos humanos", sostuvo la Procuración Penitenciaria de la Nación, el organismo que vela por los derechos de los detenidos, en un informe que presentó en la semana previa a las elecciones.

Ese fue el argumento central de la Cámara Electoral cuando declaró inconstitucional que los condenados no puedan votar: la libertad es el único derecho del que los detenidos están privados, todos los demás se deben garantizar. 

La votación de las personas detenidas está a cargo de la Cámara Electoral que administra el "Registro de Electores Privados de Libertad". Para el domingo hay empadronadas 57.672 personas en ese registro, según los datos a los que accedió Infobae. Entre ellas, 366 jóvenes de 16 y 17 años que están alojados en institutos de menores.

En la Argentina hay 92.161 personas detenidas, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena.

Solo votan quienes están detenidos en cárceles. No quienes se alojan en comisarías o escuadrones de fuerzas de seguridad. "Deberían poder votar pero la logística en esos casos es muy compleja", explicó a este medio un funcionario que trabaja en el tema.

Tampoco votan los detenidos en prisión domiciliaria, aunque no tengan una condena firme. Si bien tienen el derecho también se presenta una situación fáctica. Su situación implica que no pueden salir de sus domicilios y no está previsto un operativo de seguridad para ir a una escuela ni que le lleven las urnas a sus casas. Sí pueden votar quienes tienen algún tipo de régimen de salidas o sean expresamente autorizados a hacerlo por un juez.

En las cárceles se vota con una boleta única que tiene todos los candidatos de cada categoría. En esa boleta el elector marca a quién elige. Los detenidos solo sufragan para las postulaciones nacionales y lo hacen por el distrito de su último domicilio a pesar de que esté en una cárcel de otra provincia. Si un detenido tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires pero está preso en Córdoba tendrá los candidatos para diputados y senadores nacionales porteños.

Sí están excluidos de votar las categorías locales. Solo votan para jefe de gobierno porteño y legisladores los detenidos en la cárcel de Devoto que tengan domicilio en la ciudad porque hay un convenio especial que lo permite.

La elección es de 8 a 18 horas, con agentes del servicio penitenciario o docentes que dan clases en esa cárcel como autoridades de mesa y la posibilidad de que los partidos políticos designen fiscales. "Pero nunca los nombran así como tampoco los candidatos van a las cárceles a hacer campaña", cuenta una fuente penitenciaria.

El decreto 1291/2006, que reglamentó el voto de los detenidos, establece que "el interno tiene derecho a estar informado sobre las propuestas y actividades de los distintos partidos políticos por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones internas" y que para eso "podrá adquirir a su costa o recibir diarios, periódicos, plataformas de los distintos partidos políticos, revistas y libros de libre circulación en el país". La norma también regula que si un detenido está con algún tipo de sanción disciplinaria eso no es un impedimento para que vote.

Los documentos de identidad de los detenidos están en poder de las autoridades de cada cárcel. Para el domingo se los deben facilitar para votar. Y como en una escuela, en una cárcel debe haber un cuarto oscuro o un box para garantizar el secreto del voto.

Terminada la elección no hay recuento de votos en cada mesa. La urna con los sobres se envía de la cárcel a la Cámara Electoral que es la encargada de hacer esa tarea.

El voto es obligatorio pero las fuentes penitenciarias consultadas señalan que hay casos de presos que optan por no votar. "En esas situaciones se deja asentado en el padrón", explican. "También ha pasado de detenidos a los que no se les dio el documento de identidad o por problemas de información no estaban en el padrón. Si hay errores en los padrones con gente libre imaginate con las dificultades propias de una prisión", agrega otra fuente.

Entre los presos habilitados a votar hay dirigentes políticos y ex funcionarios. El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de esa cartera Roberto Baratta, el dirigente social Luis D´Elía, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, entre otros.

Excepto Baratta, el resto tiene condenas pero ninguna firme, por lo que están en condiciones de votar.

Los presos candidatos

Uno de ellos es candidato. Se trata de De Vido, detenido desde octubre de 2017 en la cárcel de Marcos Paz. De Vido es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido "Dignidad Popular". Su esposa, Alessandra Minicelli, va segunda en la lista.

El ex funcionario tiene una condena a cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once pero no está firme, por lo que está habilitado para votar y participar de las elecciones.

Otro caso es el de Daniel Ruiz, que será candidato a diputado nacional por Chubut por el Frente de Izquierda. Ruiz está preso en la cárcel de Marcos Paz por los incidentes ocurridos en el Congreso en diciembre de 2017 durante el debate por la reforma previsional.

Ambos tendrán sus boletas el domingo en la cárcel.