Los acusadores ya pidieron el juicio oral para Cristina Kirchner, la ex presidenta y precandidata a vice, por considerarla jefa de una asociación ilícita que recaudó coimas con los negocios del Ministerio de Planificación. La senadora reclamó ir a juicio de inmediato "frente a la ausencia" de un tribunal actual que "pueda reparar todas estas ilicitudes", tal como lo reveló Infobae hace diez días. Pero ¿qué dijeron el resto de los acusados, ex funcionarios y empresarios, en esta megacausa que hoy cumple un año de escándalo mediático?
De acuerdo a un relevamiento que hizo este medio, los ex funcionarios comenzaron a disparar distintas estrategias: criticar la investigación, denunciar el "fórum shopping" y hasta pedir el apartamiento de la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante porque no abre causas contra funcionarios macristas. Mientras tanto, José López, el ex secretario de Obra Pública que se arrepintió, jugó otra carta: condicionó su acuerdo de imputado-colaborador a que no se lo acuse como "organizador" de la banda. Pero además pidió que los 9 millones de dólares que llevó al convento sean incautados por el juez Claudio Bonadio y por lo tanto se frene la futura donación a hospitales de niños.
Los empresarios procesados por entregar coimas, en tanto, mostraron más calma en sus escritos. Fueron pocos los que se opusieron abiertamente a la elevación. Uno de ellos fue Aldo Roggio al pedir su sobreseimiento. Pero arrepentidos o no, todos insistieron en su inocencia y en cuestionar la calificación del delito y los hechos que se les atribuyen. Y algunos insistieron en que las entregas de dinero estuvieron condicionados a reclamos de financiamiento político y no a conseguir obra pública.
Oscar Centeno, en tanto, pidió su sobreseimiento. Afirmó que fue gracias a su aporte que se pudo descubrir todo lo que quedó expuesto hace un año ante la sociedad. Y que no pueden acusarlo a él si no acusaron a otros choferes que hacían los mismos viajes que hacía él.
Infobae accedió al planteo de los defensores que deberán ser evaluados por el juez Claudio Bonadio, junto al pedido de Stornelli y Carlos Rívolo y las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Investigaciones Financieras. Aquí un breve resumen de los argumentos defensistas de los principales ex funcionarios.
Cristina Kirchner. "En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional", sostuvo el defensor Carlos Beraldi. Pero ante la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar" la cadena de "ilicitudes" que se llevaron adelante en el expediente, la defensa entendió que era "imprescindible" pasar al juicio oral para reclamar allí, "una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna".
Julio De Vido. "No existe ningún elemento objetivo que permita sostener que el Sr. De Vido haya cometido algún delito en el marco de la presente investigación, mucho menos con el nivel de prueba que requiere la elevación de la misma a la próxima etapa procesal, esta es, el juicio oral y público, en un expediente de la trascendencia institucional como el que nos ocupa", afirmó la defensa de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Afirmó que aún faltan pruebas y que no se valoró el descargo del ex ministro. Se cuestionó que la UIF pueda ser querellante y se pidió la nulidad del dictamen fiscal.
Roberto Baratta. "Desde el principio mismo de la presente causa se ha verificado la existencia de un escandaloso fórum shopping. Así la forma en la que quedó radicada esta causa ante este Tribunal es sencillamente vergonzosa. Repugnante a una administración de justicia con alguna pretensión de transparencia", sostuvo la defensa a cargo de Graciana Peñafort y Alejandro Rúa. Se advirtió que el fiscal Stornelli "articuló meticulosamente la presentación" del periodista Diego Cabot de La Nación y que "la auto-adjudicación del caso por parte del juez de grado y del fiscal violó la garantía constitucional de Baratta". Repasó además las circunstancias que rodearon la causa GNL en la que Baratta estuvo 142 días preso y dio detalles de la causa que se instruye en Dolores.
José Lopez. El ex secretario de Obras Públicas, condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito, buscó condicionar su acuerdo de colaboración a que no lo acusen como organizador. Es que la Cámara Federal recalificó su rol dentro de la asociación ilícita y lo sacó de su rol de miembro, donde lo había colocado el juez Claudio Bonadio. A la hora de pedir la elevación a juicio, Stornelli insistió en ponerlo como uno más dentro de la asociación, pero las querellas de la OA y la UIF lo acusaron de organizador. "Homologar la pretensión de las querellas pone en grave peligro el principio de legalidad como así también el éxito del acuerdo celebrado y la eventualidad de desistirlo, con lo que conllevaría eso en la práctica: la imposibilidad de utilizar los dichos volcados por mi defendido en su declaración bajo la figura de imputado colaborador", dijo el defensor oficial Gustavo Kollman. La defensa insistió en que lo único que hacía López era "transmitir al empresariado el orden de percepción de los pagos, conforme a lo que le establecían sus superiores", sólo "oficiaba de cara visible en el esquema preestablecido pero carecía de injerencia o voz de mando". Pero además el ex funcionario insistió en que los 9 millones de dólares que llevó al convento no le pertenecían y era recaudación de los viajes de Centeno, a raíz de lo cual le pidió a Bonadio que le pida al tribunal oral que lo acaba de condenar que el dinero quede abocado a esta investigación.
Rafael Llorens. Ex subsecretario de asuntos jurídicos de Planificación pasó ocho meses tras las rejas y fue el primero en equiparar la aplicación de la ley del arrepentido con mecanismos de tortura, insistió en sus cuestionar "la extorsión judicial" que se debatirá en juicio oral. Sin embargo, lo curioso fue el planteo del defensor Mariano Silvestroni contra "la Oficina Anticorrupción", querellante en el caso. Dijo que el organismo está inhabilitado "para promover la acción penal contra mi cliente en esta causa, en razón de haber ejercido una actuación conceptualmente corrupta, en tanto guiada por intereses particulares que son antepuestos al del conjunto social que debería custodiar". Se basó para ello en las declaraciones de la titular de la OA Laura Alonso que -dijo- "sin vergüenza ni ambigüedades, afirmó que no actúa como querellante en las causas dirigidas a funcionarios de su sector político, reconociendo, por lógica consecuencia, que sólo actúa como querellante contra funcionarios que provienen de otro sector político, concretamente del sector al que pertenece mi cliente". Para Llorens, pidió su sobreseimiento y denunció además el rol de Leonardo Fariña, el ex asesor de Lázaro Báez que declaró en la causa de los cuadernos, y lo comparó con Marcelo D'Alessio, el falso abogado que está preso en Dolores.
Oscar Centeno. "¿Qué habría ocurrido con Centeno de haber acercado en persona sus manuscritos a los investigadores? Me animo a sostener que jamás habría sido considerado como imputado", dijo su defensa en el pedido de sobreseimiento frente a un futuro juicio oral. "Centeno ha sido siempre un mero chofer".