Con muchas dudas, y ocho meses después de enviado al Congreso, el Gobierno intentará la semana próxima obtener luz verde en el Senado para el proyecto que modifica el sistema de financiamiento de los partidos políticos, que introduce, entre otras modificaciones, la vuelta de los aportes empresarios a las alianzas en épocas de campaña.
Tanto desde el Gobierno como desde el PJ confiaron a este medio que la idea es avanzar el próximo martes en la reunión de comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Dalmacio Mera, uno de los principales interlocutores en la negociación con la Casa Rosada junto a Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque justicialista.
"No está definida la fecha del debate en el recinto, podría ser el 13 o el 20", explicaron fuentes del PJ. La intención del Gobierno es tener media sanción el próximo miércoles, aunque en los últimos días crecieron las dudas por la fragilidad de los acuerdos con la oposición y la tensión entre los tres partidos de la alianza oficialista.
En estas horas, incluso, desde el oficialismo hacían números para llegar con los votos. Hay más inquietudes que certezas. Con justeza, por la resistencia de algunos gobernadores, aún cuando la aplicación de la ley sería solo a nivel nacional. El kirchnerismo se opone a la medida.
Para la Casa Rosada, el proyecto ahora es clave por la cercanía de la campaña, a pesar de que durante el año pasado la intensidad del impulso a la iniciativa fue tibia, en parte por la prioridad en otras leyes. El texto se paseó durante meses por los despachos. Había sido enviado al Parlamento a las apuradas por la denuncia de aportes truchos en la campaña de Cambiemos del 2017 en la provincia de Buenos Aires.
En diciembre, por caso, el Gobierno tropezó en la convocatoria a sesiones extraordinarias. El proyecto de financiamiento de la política tenía un lugar destacado en el temario. Se avanzó en el dictamen de comisión en la Cámara alta después de que en Diputados se enturbiaran las conversaciones por la resistencia de la UCR y las duras objeciones de la Coalición Cívica, que Elisa Carrió hizo públicas a través de su cuenta de Twitter.
Después de varias charlas, la CC avisó que acompañaría la iniciativa en general, pero votaría en contra en particular en el artículo que da cuenta de la vuelta de los aportes empresarios. Es solo uno de los cambios: otra de las modificaciones principales es la bancarización de las donaciones. La gran mayoría de las contribuciones a las últimas campañas del PRO fueron en efectivo.
La idea de avanzar con la iniciativa formó parte del almuerzo que Rogelio Frigerio y Emilio Monzó compartieron con Pichetto y un grupo de senadores del PJ en la segunda semana de enero, tres días antes de que Mauricio Macri iniciara su gira por Asia, que contó con la presencia del titular de Diputados.
En esas horas, la relación entre Monzó y la Casa Rosada se resquebrajó del todo. El diputado debería ser un actor de peso en la búsqueda de adhesiones en la Cámara baja para la eventual aprobación de la ley.
El apuro del Gobierno se da en las puertas de la campaña, que según fuentes oficiales será "austera". De hecho, Marcos Peña aseguró en una reciente reunión con sus colaboradores más cercanos, vinculada a la estrategia de campaña, que este año "no hay plata" para hacer política.
Mas allá del avance o no de la ley, el macrismo no sabe aún quién se pondrá el traje de recaudador de campaña. Un rol indeseable.