El juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a los ejecutivos de casi todas las empresas que realizaron obra pública civil durante los años 2002 y 2015. Lo hizo en una causa que se abrió a partir de las declaraciones de varios arrepentidos que se dijeron culpables en el entramado de pago de coimas por obra pública en ese período.
El caso de los cuadernos se inició a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Roberto Baratta que detalló un sistema de delivery de coimas. Buena parte de los empresarios mencionados aceptaron su responsabilidad en el pago de sobornos y admitieron el delito. Varios funcionarios también admitieron haber cobrado coimas. Baratta niega los hechos relatados por Centeno.
Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa, fue quien se declaró culpable de haber organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Había sido presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y confesó haber armado un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.
Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.
José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Las indagatorias comienzan este miércoles y se extenderán hasta el 11 de marzo próximo.
Entre los empresarios citados a indagatoria se encuentra Angelo Calcaterra, quien en la causa de los cuadernos había admitido haber pagado coimas a Baratta para campañas electorales del kirchnerismo. Pero la acusación contra los empresarios es otra: la cartelización de la obra pública.
Hay varios empresarios arrepentidos que dijeron lo mismo que Calacaterra y ahora se deben enfrentar a más pruebas halladas en el expediente que cuestionan aquellos dichos de agosto pasado. Explican en Comodoro Py que no es lo mismo haber pagado coimas "ocasionalmente" para las campañas que haber participado de un sistema de obra pública cartelizada con licitaciones amañadas y un tarifario de sobornos de acuerdo con los montos pagados por las obras.
Carlos Wagner, Juan Chediack y Gustavo Weiss -los últimos presidentes de la CAC- están entre los empresarios que deberán declarar.
El 25 de febrero será el turno de la indagatoria de la ex Presidente -también por otras siete causas- y el 11 de marzo, cuando culminen las declaraciones, tendrán que presentarse De Vido y López. Y también los funcionarios que estuvieron al frente de Vialidad Nacional, el organismo estatal que controlaba las obras y giraba los fondos para que se hicieran las obras. Y que le aportó -según Clarens- las planillas de cada licitación para controlar el pago de las coimas.
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